Conflicto entre Ica y Huancavelica por el agua: ¿qué lecciones podemos extraer para las políticas hídricas?

El Perú enfrenta múltiples problemas relacionados con la gestión del agua que han ameritado que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) convierta esa problemática en una de sus prioridades[1]. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): existen en el país 10 millones 359 mil 700 personas que consumen agua no potable[2]; anualmente se descargan 960.5 millones de m3 de desagüe en aguas superficiales, subterráneas y el mar[3]; la demanda hídrica es mayor allí donde la disponibilidad y el abastecimiento de agua son más escasos; el cambio climático amenaza con reducir la disponibilidad de agua, sobre todo en la Costa.

La voluntad política expresada por el gobierno para priorizar el acceso al agua para todos los peruanos es importante. Sin embargo, para lograrlo no bastan obras de infraestructura. El propio PPK reconoció hace unos años que «tenemos que desarrollar una política integral, en la cual no sólo se planifiquen los sistemas de saneamiento sino también toda la política de conservación de cuencas y del medio ambiente»[4]. Además, se requiere avanzar hacia una gobernanza que permita la participación informada y equitativa de la población en la toma de decisiones sobre la gestión del agua. Descuidar este aspecto contribuye a la conflictividad, sobre todo en un contexto en el que el cambio climático afecta la disponibilidad del agua en muchas regiones del país, al tiempo que el crecimiento de la población y la mayor actividad económica genera mayor competencia por dicho recurso.

Uno de los conflictos directamente vinculados a la gestión del agua es el que por décadas ha venido desarrollándose debido al trasvase desde las lagunas huancavelicanas de Choclococha y Orccococha al valle de Ica. Este conflicto entre Ica y Huancavelica puede permitir identificar algunos problemas críticos cuya solución debería priorizarse en las políticas hídricas si se quiere lograr una gestión sostenible del agua en el país.

Dichos problemas están relacionados con diversas dimensiones de la gestión del agua, como la participación de los usuarios tradicionalmente marginados en la toma de decisiones, la compatibilización de una institucionalidad del agua basada en la eficiencia de su uso y su valor económico con las costumbres tradicionales de los pueblos originarios,la necesidad de gestionar tanto la oferta como la demanda hídrica y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, lo que implica conocer el impacto individual y acumulado a largo plazo de múltiples intervenciones a nivel de las cuencas del país en un contexto de cambio climático. En este artículo veremos cómo el conflicto entre Ica y Huancavelica puede dar luces sobre posibles alternativas de solución para estas preocupaciones.

El conflicto en la cuenca Tambo-Santiago-Ica: la visión de los de arriba y los de abajo

Recordemos que en Ica existe ya una sobreexplotación del recurso hídrico debido a su creciente demanda para atender los requerimientos de los cultivos de agroexportación. Por ejemplo, de 1991 al 2011, la superficie cultivada de espárrago aumentó 25 veces, de 411 a 10 400 hectáreas[5]. Así, solo el 2009, la sobreexplotación del acuífero de Ica alcanzó los 145 hm3, al utilizarse 335 hm3 cuando la reserva explotable era de tan solo 190 hm3 anuales. Esta sobreexplotación llevó a que la región fuera declarada en emergencia hídrica, ante lo cual la solución planteada ha sido recurrir a proyectos de trasvase desde Huancavelica, donde se supone que el agua «sobra». Los huancavelicanos, por su parte, niegan esta abundancia y argumentan que el agua que se pretende trasvasar la necesitan para potenciar su propio desarrollo regional.

La principal instancia donde se ha buscado una solución a esta controversia ha sido la Mesa de Diálogo entre Ica y Huancavelica sobre la Gestión del Agua, conformada en agosto del 2015 y conducida por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)[6]. Las agendas regionales presentadas en esta mesa reflejan algunos de los temas mencionados que continúan siendo un obstáculo para una efectiva y equitativa gestión del agua en el país. Por un lado, la agenda iqueña priorizó la ampliación de la oferta de agua a través de obras de infraestructura hidráulica que implican trasvases desde la vertiente oriental, mientras que, por otro lado, Huancavelica priorizó la búsqueda de una forma alternativa de gestionar la zona de las fuentes de agua del trasvase Choclococha de forma que su gestión no dependa únicamente de Ica, como sucede actualmente; la participación paritaria de la región en las instancias de decisión del Proyecto Especial Tambo Caracocha (Petacc), operador hidráulico del trasvase hacia Ica; y el reconocimiento del derecho de uso de agua para las comunidades campesinas del ámbito del mencionado proyecto.

Para atender la primera de las demandas de Huancavelica, la aprobación de una alternativa de gestión para la zona de Choclococha –donde se origina el trasvase– en que participe no solo el Gobierno Regional de Ica sino también el Gobierno Regional de Huancavelica, así como las comunidades campesinas de la zona, se planteó la creación de un Comité Especial Birregional Ecosistémico Choclococha para el Tratamiento Especial del Alto Pampas (Cebetap). Se propuso que este comité tuviera atribuciones que le permitieran intervenir en la formulación de un Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la zona del Alto Pampas. Este planteamiento fue desestimado por el Ministerio del Ambiente, que argumentó que no correspondía al citado comité la formulación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Tambo-Santiago-Ica, ya que esta era una función del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca conjuntamente con la Autoridad Administrativa del Agua. El Ministerio del Ambiente también objetó que se propusiera un financiamiento público para el Cebetap.

Si bien es cierto que la propuesta del Cebetap no se enmarca en el ordenamiento legal vigente, pone de manifiesto un vacío en la Ley de Recursos Hídricos respecto al tratamiento de las zonas de trasvase –como es el caso de la zona de Choclococha que se pretendía gestionar con este comité–, el cual debería ser atendido para prevenir futuros conflictos.

La segunda demanda priorizada por Huancavelica en la mesa de diálogo fue sobre la participación paritaria de esa región en las instancias de decisión del Petacc, operador hidráulico del trasvase. El acuerdo para atender esta demanda fue la creación de un «Proyecto Birregional adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego con carácter de pliego presupuestal, con ámbito en las cuencas compartidas entre Ica y Huancavelica y la zona del trasvase Choclococha». Sin embargo, esta propuesta, que contaba con el respaldo de ambas regiones y de las comunidades campesinas, así como de otros actores, fue rechazada por la PCM. En su reemplazo, la PCM propuso la creación de una mancomunidad birregional entre Ica y Huancavelica orientada a la implementación de proyectos de siembra y cosecha de agua en ambas regiones, lo que fue aceptado por ambos gobiernos regionales.

Sin embargo, la propuesta de la mancomunidad está siendo cuestionada por algunas comunidades campesinas y algunos gobiernos locales de las provincias huancavelicanas de Huaytará y Castrovirreyna por considerar que con ella no se atiende su demanda de participación en la toma de decisiones. Las comunidades campesinas y municipios exigen tener participación en la asamblea, la instancia decisoria de la mancomunidad. Sin embargo, la Ley de Mancomunidades Regionales y su reglamento disponen que solo pueden ser miembros de esta asamblea representantes de los gobiernos regionales. Según el estatuto de la mancomunidad, otros actores pueden participar a través de un espacio de participación de carácter consultivo denominado Conferencia Ciudadana, lo que no satisface las expectativas de las comunidades y municipios que buscan participar en las instancias de decisión. Esta es una de las limitaciones que provoca dudas sobre la sostenibilidad social de la recién creada mancomunidad, poniéndose claramente en riesgo su futuro.

Otro factor de tensión relacionado al Petacc que aún no ha sido resuelto es sobre el reconocimiento de los convenios firmados por esta entidad con las comunidades campesinas del Alto Pampas, pues cuando el Petacc pasó a depender de la gerencia general del Gobierno Regional de Ica, y se estableció que su ámbito de acción era regional (solo Ica), se desconocieron dichos convenios, con el argumento de que al Petacc ya no le correspondía atender ese ámbito. Asimismo, persiste el reclamo de que se culmine el Plan de Acondicionamiento y Manejo Ambiental (PAMA) del sistema Choclococha, el cual debe incluir compensaciones para las comunidades campesinas de esa zona.

Respecto a la demanda de reconocimiento del derecho de uso de agua para las comunidades campesinas, en la Mesa de Diálogo se acordó «invocar el cumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos que dispone que las comunidades campesinas e indígenas no requieren organizarse como organizaciones de usuarios para solicitar derechos de uso de agua». Sin embargo, también se acordó que se «continuará con la formalización del uso poblacional y agrícola de los usuarios del ámbito de la cuenca Tambo-Santiago-Ica y la zona de trasvase», con lo que se manifiesta una aparente contradicción entre el reconocimiento del derecho de las comunidades de gestionar el agua según sus costumbres ancestrales y el requisito de formalización a través de una organización de usuarios.

El enfoque de cuenca y su tratamiento en el conflicto

Al revisar el desarrollo de este conflicto, observamos con preocupación que no se estaría dando la importancia debida a la aplicación del enfoque de cuenca en la gestión del agua.  Este enfoque implica:

(…) cambiar el enfoque sectorial basado en la oferta de agua, a otro integrado, basado tanto en la oferta como en la demanda, poniendo énfasis en aspectos institucionales y desarrollo de capacidades así como en la participación activa de la población organizada[7].

A esto hay que agregar la necesidad de conocer el impacto individual y acumulado a largo plazo de múltiples intervenciones a nivel de las cuencas del país. Si no se toma en cuenta estos factores, se pone en riesgo la disponibilidad actual y futura del  agua en cantidad y calidad.

A continuación, revisaremos si en la gestión de este conflicto el Estado está incorporando los elementos mencionados del enfoque de cuenca: participación de la población organizada, especialmente de los actores tradicionalmente marginados; gestión tanto de la oferta como de la demanda de agua, con énfasis en la institucionalidad; y evaluación del impacto individual y acumulado de las intervenciones humanas.

Participación de los actores tradicionalmente marginados

El Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2006 concluía que las raíces de la crisis del agua en el mundo, más que reflejar una escasez absoluta del recurso, se pueden atribuir a la pobreza, la desigualdad y las relaciones de poder desiguales[8]. En el caso del Perú, esta conclusión es muy pertinente pues existe un «sesgo costeño» en las políticas hídricas que favorecen a los agricultores de la Costa –sobre todo los de gran escala–en desmedro de comunidades campesinas y pequeños agricultores de la Sierra. Desde inicios del siglo XX el Estado peruano ha invertido miles de millones de soles en trasvases para traer agua de la vertiente oriental de los Andes a la Costa[9]. Esta orientación se ha exacerbado en los últimos años con la creación de un marco jurídico que favorece a las grandes inversiones en la agricultura de exportación, mientras se han destinado mucho menos recursos a promover la agricultura familiar y campesina.

Estas políticas hídricas sesgadas a la agroexportación costeña se manifiestan en la gestión del Petacc, que fue creado para favorecer a la agricultura iqueña pese a que las fuentes de agua se ubican en territorio huancavelicano, región que, además, no tiene ninguna injerencia en la gestión del mencionado proyecto. Esta situación ha llevado a que uno de los principales puntos de agenda por parte de Huancavelica en la mesa de diálogo sea la «Participación paritaria de Huancavelica en el Proyecto Especial Tambo-Ccaracocha (Petacc) u otra entidad operadora de la infraestructura hidráulica del trasvase».

Y si bien la solución de ese punto permitiría superar la situación actual de inequidad entre ambas regiones, los actores huancavelicanos no solo aspiran a que su gobierno regional participe en la gestión del Petacc, también buscan la participación de comunidades campesinas y otros actores en la instancia de toma de decisiones de dicho proyecto, anhelo que no ha sido satisfecho con las propuestas que se están planteando actualmente.

En la propuesta de creación del proyecto birregional adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) acordada en la mesa de diálogo, se contemplaba la participación en el directorio de esta entidad de representantes de las comunidades campesinas en el ámbito del proyecto. Pero, como ya señalamos, la opción del proyecto birregional fue rechazada por la PCM, adoptándose en su reemplazo la figura de una mancomunidad birregional entre Ica y Huancavelica. Sin embargo, en la instancia de decisión de dicha mancomunidad, o sea, la asamblea, según la ley de mancomunidades, solo participan representantes de los gobiernos regionales, interpretándose que sean tres miembros del Consejo Regional. Lo que sería el espacio de participación contemplado en el estatuto de la mancomunidad es una Conferencia Ciudadana de carácter consultivo.

Esta limitación a la participación de la sociedad civil en la mancomunidad atenta contra el objetivo de lograr una gestión del agua sostenible y eficaz. Desde el Proyecto de Gestión Social del Agua y el Ambiente (Gesaam) que integra el Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) junto con laComisión de Derechos Humanos de Ica (Codehica), la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), CooperAcción y el Centro de Desarrollo Andino Sisay, con el financiamiento de la Comisión Europea y Acción Ecuménica Sueca Diakonía, planteamos que lograrlo  involucra no solo infraestructura sino también organización y participación consciente y responsable de los usuarios del agua. Iniciativas como esta necesitan fortalecer la participación de los actores sociales para garantizar su sostenibilidad. Cabe recordar que muchos proyectos de infraestructura hidráulica que no han incorporado a la ciudadanía organizada han caído en el abandono en el largo plazo.

En el valle de Ica la situación de inequidad en el acceso al agua también requiere que los actores tradicionalmente marginados se empoderen para que tengan mayor poder de negociación. El registro de licencias de derechos de uso de agua el 2014 muestra la concentración de estas licencias en manos de las empresas (65% de las licencias y 73% del volumen otorgado), cuando estas cifras son de 17% y 8%, respectivamente, para los agricultores. Unas pocas empresas agroexportadoras, junto a la empresa de agua potable de Ica, monopolizan el 50% del volumen anual otorgado. Varios poblados solo tienen agua potable una vez por semana y solo una o dos horas al día. En Ocucaje, por ejemplo, se tiene agua cada 20 a 25 días y por un par de horas máximo.

Necesidad de gestionar tanto la oferta como la demanda de agua

Las alternativas de solución planteadas tradicionalmente para solucionar el déficit hídrico en Ica se basan en el aumento de la oferta de agua con una gran dependencia de trasvases desde Huancavelica, soslayando la necesidad de gestionar no solo la oferta sino también la demanda de dicho recurso, para así garantizar su aprovechamiento sostenible.

En el Plan de Gestión del Acuífero de Ica, orientado al logro de una explotación racional y sostenible del recurso hídrico subterráneo, se contemplaba como uno de los objetivos la disminución de la demanda de agua subterránea con uso eficiente en riego y cambio de cédulas de cultivo con menor consumo de agua y mayor rentabilidad. La evidencia indica que este programa ha sido relegado a un segundo plano, opción que puede ser contraproducente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha advertido que “medidas basadas exclusivamente en el incremento de la oferta de recursos disponibles suelen formar parte del problema y no de su solución, debido a fenómenos como la generación de expectativas y la erosión de objetivos”. Cabe recordar que la OCDE en su evaluación del desempeño ambiental del Perú ha recomendado prestar especial atención a los posibles efectos ambientales negativos de los trasvases[10].

Conocer el impacto individual combinado de los proyectos hídricos en un contexto de cambio climático

Otro importante factor que no ha sido suficientemente estudiado es el impacto del cambio climático en la cuenca Tambo-Santiago-Ica y en la zona del Alto Pampas, donde se ubican las fuentes de agua del trasvase. Esto lo reconoce la Autoridad Local del Agua (ALA) Ayacucho en su Estudio Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales en la Cuenca del Río Pampas, al señalar que “es necesario realizar la estimación de la oferta hídrica de la cuenca en los próximos 25 años considerando el efecto del cambio climático sobre la lluvia y temperatura con el fin de evaluar los escenarios en el futuro”.

En la zona del trasvase se encuentra la Cordillera de Chonta que, según el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas del año 2014, ha perdido 92.16% de superficie glaciar desde 1970.Esta situación provoca preocupación en Huancavelica. Es más, el gobierno regional huancavelicano, en la versión preliminar de su Estrategia Regional de Cambio Climático, advierte que el retroceso de glaciares en la región tiene como principal efecto previsible la inminente escasez de agua en los ecosistemas[11]. La Estrategia Regional de Cambio Climático de Ica[12] alerta también sobre “una progresiva reducción de los glaciares altoandinos, lo cual provoca alteraciones en el ciclo hidrológico en las cuencas que comparte Ica con las regiones de Huancavelica y Ayacucho. Las proyecciones al 2030 indican que estos procesos seguirán incrementándose”.

De igual modo, expertos glaciólogos[13] han advertido que entre la laguna Choclococha y el frente glaciar Chonta existen humedales que son ecosistemas vulnerables que almacenan agua, y que el retroceso del glaciar podría provocar una alteración desfavorable en estos ecosistemas. Por esta razón es urgente y necesario estudiar en qué grado se puede dar esta alteración, contrastándolo con el potencial hídrico por precipitación de esa zona.

Pese a estas advertencias, se están planificando varios proyectos simultáneos para llevar agua de Huancavelica y Ayacucho hacia Ica sin que se haya informado sobre estudios de estimación de la disponibilidad hídrica a largo plazo, en un contexto de cambio climático y de impacto combinado de todos los proyectos que se están planificando. Uno de esos proyectos es la Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) Sistema de Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica, que pretende producir entre 200 y 335 Millones de Metros Cúbicos (MMC) adicionales de agua anuales para el valle de Ica mediante un trasvase desde Huancavelica[14]. Asimismo, también está el proyecto Obra de Trasvase del Río Pampas en Apurímac al Departamento de Ica, que se promueve desde la Mancomunidad Regional de los Andes, con el que se pretende asegurar el riego de 60 000 hectáreas de terrenos de cultivo.

Una de las lecciones que deja el caso de la deglaciación en la Cordillera de Chonta es que las nuevas inversiones en agricultura y/o energía deben tomar en cuenta el cambio climático. De lo contrario, podrían causar impactos negativos y no ser sostenibles [15].

Se requiere una institucionalidad del agua fuerte y descentralizada

La Ley de Recursos Hídricos, ley n° 29338, creó el Sistema Nacional de Recursos Hídricos encabezado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). La expectativa respecto a esta entidad era que se convirtiera en “una autoridad técnicamente solvente y suficientemente legitimada para introducir racionalidad y orden en la gestión de los recursos hídricos del país", como señalaba el PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano 2009.

La ANA ostenta el poder de decisión final sobre todos los aspectos del manejo del recurso hídrico en el país[16]. Sin embargo, en la práctica su accionar se centra principalmente en la distribución del agua, relegando a un segundo plano la protección de los ecosistemas que proporcionan servicios ecosistémicos de regulación hídrica. Además, la ANA, al estar adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, manifiesta un sesgo hacia esta actividad, con un enfoque productivista, que limita el cumplimiento de un rol más protagónico en la protección y conservación de los recursos hídricos[17].

Otro factor que limita el accionar de la ANA es que no cuenta con el respaldo político para ejercer sus funciones de fiscalización y sanción, sobre todo a nivel subnacional. Esto se manifiesta en Ica, donde funcionarios iqueños han señalado que no pueden verificar la existencia de pozos clandestinos porque se les impide el ingreso a los terrenos de cultivo.

Esta debilidad de la ANA debe superarse si el país va a enfrentar exitosamente los retos que presenta el aumento de la población, el crecimiento económico y el cambio climático. Se requiere una autoridad del agua que haga que se respeten las prioridades en el uso del recurso y que fiscalice de manera efectiva a los usuarios, sancionándolos cuando sea necesario.

También merece atención el proceso de formación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca en el país. Hasta el momento existen ocho consejos creados. Sin embargo, estos consejos han sido cuestionados por no haber conseguido resultados concretos en la mayoría de casos, pese a recibir el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.

Una de las principales críticas es que prevalece un enfoque de gestión de «arriba hacia abajo» en que la mayor parte del proceso de toma de decisiones permanece en el nivel central. Estas entidades enfrentan retos relacionados con la falta de autonomía, financiamiento en el largo plazo y la dificultad de representar la diversidad de usuarios en las cuencas[18], lo que se refleja en el hecho de que el plan de gestión de la cuenca deba ser aprobado por la ANA para ser vinculante. Lo recomendable sería construir la institucionalidad de los consejos de cuenca a partir de las microcuencas y subcuencas, con un enfoque «de abajo hacia arriba», priorizando la organización de los comités de gestión para estos ámbitos, articulándolos con mancomunidades municipales que proporcionen el financiamiento necesario. A partir de estos comités podrían elegirse representantes para ir conformando un consejo de cuenca realmente representativo.

Reconocimiento de derechos de uso de agua para comunidades campesinas

Otro problema que se manifiesta en el caso del conflicto hídrico entre Huancavelica e Ica es que la mayoría de comunidades usuarias del agua no cuentan con derechos de uso reconocidos, por lo que no son visibilizadas en la distribución agua. Con la Ley de Recursos Hídricos no se exige que los integrantes de estas comunidades formen organizaciones de usuarios de agua para ejercer su derecho, sino que se admite que la organización gestione el agua de acuerdo a los usos y costumbres ancestrales correspondientes.

Sin embargo, en el caso de las comunidades campesinas, el no contar con una licencia provoca que el derecho reconocido en la Ley de Recursos Hídricos pueda quedar a nivel declarativo. Así se corre el riesgo que al aumentar la competencia por el agua ante el crecimiento de las ciudades y de la actividad económica, sumado a la menor disponibilidad de agua que puede producirse debido al cambio climático, las comunidades sin una licencia de agua puedan verse en desventaja. Esta ambigüedad en la Ley de Recursos Hídricos debe resolverse, lo cual podría lograrse estableciendo un pago simbólico por parte de las comunidades campesinas que les permita garantizar su derecho a un determinado volumen de agua[19].

En resumen, el conflicto hídrico entre Huancavelica e Ica llama la atención sobre algunas limitaciones en la política hídrica en el país que deben atenderse para garantizar una gestión del agua que sea ambiental y socialmente sostenible. Los principales retos se relacionan con encontrar mecanismos para una participación efectiva en la toma de decisiones sobre los recursos hídricos de actores tradicionalmente marginados, como las comunidades campesinas y los agricultores familiares. No basta con los actuales espacios de participación de naturaleza consultiva.

Asimismo, debe compatibilizarse el cumplimiento de los derechos de estas poblaciones a gestionar el agua según sus usos y costumbres tradicionales con el otorgamiento de licencias de agua. Esto puede conseguirse a través del establecimiento de un pago simbólico.

Finalmente, pero no menos importante, debe protegerse la capacidad de los ecosistemas de proporcionar servicios ecosistémicos de regulación hídrica, priorizando medidas de afianzamiento hídrico que se combinen(como la reforestación, terrazas, zanjas de infiltración, entre otros) y realizando los estudios necesarios para conocer el impacto individual y colectivo de los proyectos de infraestructura hídrica actualmente en trámite.


[1]Peruanos por el Kambio. Plan de Gobierno 2016-2021. Lima: Peruanos por el Kambio, 2016.

[2]Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Perú: Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico. Lima: INEI, 2016.

[3] INEI. Perú. Anuario de Estadísticas ambientales. Lima: INEI, 2015.

[4]Kuczynski, Pedro Pablo. «Gran Prioridad: Agua Potable y Salud». facebook.com, Lima, 3 de enero del 2014. Ver en: goo.gl/mH8RiL

[5]Autoridad Nacional del Agua (ANA). Plan de Gestión del acuífero del valle de Ica y pampas de Villacurí y Lanchas. Lima: Ministerio de Agricultura y Riego. Ver en:goo.gl/6OQFxt

[6] Salazar, Beatriz. «Por una solución armoniosa del problema del agua en Ica y Huancavelica». La Revista Agraria, n.°182. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), 2016, pp. 19-21.

[7]Van Hofwegen, Paul y Jaspers, Frank. Marco analítico para el manejo integrado de recursos hídricos. Lineamientos para la evaluación de marcos institucionales. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2000.

[8]Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis. 2006 Human Development Report. New York: Organización de las Naciones Unidas, 2006.

[9]Del Castillo, Laureano. «Políticas de gestión del agua y derechos de las comunidades campesinas». LEISA Revista de Agroecología, vol. 31, n.° 3. Lima: Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes (ETC Andes), 2015, pp. 6-7.

[10] Martínez, Julia. Los trasvases entre cuencas: una forma polémica de gestión del agua. Murcia: Universidad de Murcia, 2001. Ver en: goo.gl/w9qBuU

[11]Gobierno Regional de Huancavelica. Estrategia Regional de Cambio Climático de Huancavelica. Huancavelica: Gobierno Regional de Huancavelica, 2014.

[12]Gobierno Regional de Ica.  Estrategia Regional de Cambio Climático de Ica. Ica: Gobierno Regional de Ica, 2014.

[13]Entrevista a Nelson Santillán, de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

[14]Agencia de Promoción de la Inversión Privada(ProInversión). Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC). Sistema de Afianzamiento Hídrico en el Valle de Ica. Lima: ProInversión, 2015.

[15]Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). «Temas actuales en debate». Ver en: goo.gl/1j1bHj

[16]French, Adam.«¿Una nueva cultura de agua?: inercia institucional y gestión tecnocrática de los recursos hídricos en el Perú». Anthropologica, vol. 34 n.° 37. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - Departamento de Ciencias Sociales, 2016, pp. 61-86.

[17]Proyecto de Gestión Social del Agua y el Ambiente (Gesaam). Campaña Mójate x el Agua, 2017.

[18]French, Adam.«¿Una nueva cultura de agua?: inercia institucional y gestión tecnocrática de los recursos hídricos en el Perú». Anthropologica, vol. 34 n.° 37. Lima: PUCP - Departamento de Ciencias Sociales, 2016, pp. 61-86.

[19]Del Castillo, Laureano. «Políticas de gestión del agua y derechos de las comunidades campesinas». LEISA Revista de Agroecología, vol. 31, n.° 3. Lima: Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes (ETC Andes), 2015, pp. 6-7.

Opinión

  • Fernando Eguren
    En su blog "Cosechando opiniones", Eguren reflexiona sobre la relevancia de la agricultura familiar para el desarrollo rural

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  • Laureano del Castillo
    En su blog, el Dr. Del Castillo comenta la legislación agraria y rural
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