Escribe
Pedro Castillo Castañeda
Abogado.
El Congreso de la República está impulsando cambios legislativos que tendrán un impacto significativo en las comunidades campesinas del país. Los proyectos de ley 0394/2021-CR, 2247/2021-CR y 727/2023-CR buscan modificar la legislación actual relacionada con estas organizaciones, abordando aspectos que van desde su estructura interna hasta sus derechos de propiedad y su capacidad para gestionar sus recursos.
La autógrafa de ley que reunió los dos primeros proyectos fue aprobada por el Congreso el 20 de enero de 2023, a pesar de que el Ejecutivo observó la falta de un estudio sobre el derecho a la consulta previa. Esta omisión pone en riesgo los derechos colectivos de las comunidades, como la propiedad de la tierra y la autonomía. A pesar de las observaciones del Ejecutivo, la autógrafa de esta ley puede aprobarse por insistencia próximamente, lo que podría implicar una afectación considerable para las comunidades campesinas.
El Congreso también está trabajando en una nueva versión del abandono de tierras. El proyecto de ley 727/2023/CR busca impactar los derechos de propiedad de las comunidades campesinas de la costa, lo que representa una clara violación de sus derechos.
El abandono de tierras ha sido una preocupación constante en el marco legal nacional. Desde la ley de Reforma Agraria de 1969 se estableció que las tierras dejadas sin cultivar volverían al dominio público si permanecían así durante tres años consecutivos. Sin embargo, la interpretación y aplicación de esta normativa han sido objeto de debate, especialmente en lo que respecta a las comunidades campesinas y nativas.
La ley 26505, promulgada en 1995, es la normativa actual que rige el abandono de tierras. Sin embargo, esta ley ha regulado de manera cuestionable, equiparando el abandono con el incumplimiento de los términos y condiciones de una concesión, algo que se agravó con la aprobación, en 1997, de una ley que estableció una muy discutible aplicación del abandono, pero solo para las comunidades campesinas ubicadas en la costa. Esto generó incertidumbre y conflicto en las comunidades campesinas. La propuesta del Congreso de derogar el artículo 5 de la ley 26505 solo agravaría esta situación, ya que los criterios establecidos para el abandono de tierras podrían afectar a todas las comunidades campesinas y nativas del país, independientemente de su situación particular.
Es esencial asegurar que las comunidades tengan voz en las decisiones que las afectan directamente. La aplicación del derecho a la consulta previa sería fundamental para proteger sus derechos territoriales y culturales. Se debe promover un diálogo inclusivo y respetuoso con estas comunidades antes de tomar cualquier decisión legislativa que pueda comprometer su bienestar. Además, la participación activa de las comunidades en la elaboración de políticas que las afectan directamente resulta fundamental para garantizar un proceso justo y equitativo.