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Remoción de director de SERFOR es síntoma de la debilidad de las políticas forestales

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El 5 de junio -coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente- el Ejecutivo emitió la Resolución Suprema 002-2020-MINAGRI por la que dió  por concluida la designación de Luis Alberto Gonzáles Zúñiga como Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), especificando como causal la “pérdida de confianza a los titulares, jefes, presidentes e integrantes de los Consejos Directivos o Directorios de los Organismos Públicos”. 

En marzo pasado se registró un primer intento de remover a Gonzáles Zúñiga del cargo, lo  que había causado controversia. En esa ocasión,  la viceministra  de Politicas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Paula Carrión,  le solicitó su renuncia sin acudir al Consejo Directivo de SERFOR, único ente que podría tomar una decisión al respecto, según  denunció él funcionario destituido.

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) ha negado  que existan intereses de ningún tipo detrás de esta destitución y sostuvo que ésta se debió a incumplimientos y transgresión de las normas funcionales y de gestión;a  la falta de articulación con los diferentes actores del sector forestal; pocos o nulos avances en compromisos asumidos en espacios importantes como la Mesa Forestal y que no se puso en pleno funcionamiento el Sistema Nacional de Gestión Forestal y Fauna Silvestre (Sinafor), ni se estableció el plan de asistencia técnica a autoridades forestales regionales.

Gonzales Zúñiga, por su parte, denunció que detrás de su remoción estarían oscuros intereses que buscan que lo avanzado para luchar contra la deforestación se detenga. Anteriormente ya se había intentado debilitar a Serfor restringiendo su presupuesto y quitándole la función de control, 

Sobre los cuestionamientos del Minagri, Gonzáles Zúñiga. señaló que ni el ministro de Agricultura ni la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Carrión, han documentado el presunto incumplimiento de las funciones que le fueron encargadas.

“En el Serfor hemos dado todos los pasos para poner en funcionamiento el Sinafor. Se enviaron oficios a las instituciones del Sinafor para que acrediten sus integrantes”… pero varias entidades no cumplieron con dicha acreditación.

Negó que falte un plan de asistencia técnica a autoridades forestales regionales, pues en el 2019, se desarrolló el Plan Regional de Capacitación y Asistencia Técnica para Madre de Dios; y se planificaron tres Planes Regionales de Capacitación y Asistencia Técnica.

Según explicó, el establecimiento de un reglamento de cambio de uso de tierra sería un factor clave en su remoción. Esta propuesta alentaría  la deforestación, ya que permitiría que con un análisis de suelo que muestre que se trata de un suelo con vocación agrícola, se puede proceder al desbosque. Esto era contrario a un reglamento consensuado con el Ministerio del Ambiente y con organizaciones sociales, pero que fue dejado de lado

Advirtió que en la actualidad miles de familias están regresando al campo por la pandemia, y presionarán los bosques y los deforestarán para poder subsistir, y con este Reglamento se daría carta verde para que eso ocurra de manera masiva. Esta propuesta estaría vinculada al afán de que también se expanda el sector de la palma aceitera.

En su opinión, es un problema que Serfor esté en el Ministerio de Agricultura “porque este ministerio tiene tres prioridades: cultivos, crianzas y proyectos hidráulicos. Lo que es forestal no existe. …. Serfor debería formar parte de la PCM o absorber otros organismos dedicados a bosques y establecerse como una entidad independiente”.

 Sugirió que un punto de la agenda del Congreso debería ser la gobernanza forestal. “Mi propuesta es que aquí solo existan tres: los gobiernos regionales, Osinfor y Serfor. Con ellos trabajar de la mano. Todo lo que tiene Minagri y Produce deben pasar a Serfor.” 

Fuentes: Gestión1Gestión 2Ojo PúblicoAgraria.pe

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CEPES - Centro Peruano de Estudios Sociales | LinkedIn

El Perú ocupó en el año 2019 un vergonzoso quinto lugar en el ranking de países que más deforestan sus bosques primarios. Según Global Forest Watch, en 2019 el Perú perdió 231, 000 hectáreas de bosque natural, lo que equivale a 111 Mt de de emisiones de gases de efecto invernadero.   Las políticas forestales -y de otros actividades y/o sectores como Agricultura y Transporte- inciden en este resultado negativo. Por esta razón, es importante que estén claras las prioridades en las políticas gubernamentales y cuidar que no haya incongruencias entre los objetivos de conservación de los bosques primarios con las políticas de inversión que impulsan la deforestación, como la construcción de carreteras o la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía..

Si para el Estado peruano la conservación de los bosques y la lucha contra el cambio climático son una prioridad, como lo ha manifestado el presidente Vizcarra en sus mensajes  a la Nación y en las asambleas de la ONU, consecuentemente las políticas gubernamentales deberían priorizar la protección de esos bosques y los servicios ecosistémicos que proveen, y gestionarlos como el bien público que son. Para esto se requiere una institucionalidad estatal fuerte, que no dependa de los vaivenes políticos e influencia de intereses particulares, como parece haber ocurrido en el caso de la destitución del ex-jefe de SERFOR. 

La necesidad de una institucionalidad fuerte se hace más urgente  cuando el actual gobierno ha dado una serie de facilidades para que las empresas inviertan en el sector forestal: Se ha ampliado los beneficios de la Ley de Promoción Agraria a la actividad forestal, lo que incentivará el desarrollo de concesiones y plantaciones en la Amazonía, que sin un control estatal firme, podrían aumentar la deforestación. Pero para fortalecer la institucionalidad forestal probablemente se requiera ir más allá del procedimiento para aprobar cambios en los puestos directivos, y se necesite revisar la actual distribución de competencias entre el MINAGRI, MINAM, la PCM y los gobiernos regionales,que en muchos casos se superponen y no están claras. 

El propio sistema de concesiones forestales que  SERFOR, estaba preparándose para relanzar en el segundo trimestre del año, con una meta de ocho millones de hectáreas concesionadas- debería ser revisado. Esta propuesta ha generado rechazo en organizaciones indígenas como ONAMIAP que  critican que mientras el Gobierno pretende aumentar la cantidad de concesiones en la Amazonía, estas concesiones se superponen a sus territorios ancestrales. 

Asimismo, es necesario que el Estado resuelva la incongruencia entre el objetivo de reducir la deforestación y  conservar los bosques por un lado;   y la ampliación de la frontera agrícola en la Amazonía  por el otro; lo cual no toma en cuenta que la agricultura es uno de los principales motores de deforestación en la actualidad. Un ejemplo es la promoción de plantaciones de palma aceitera en la Amazonía. Otro caso reciente ha sido la falta de filtros para el otorgamiento de créditos a empresas investigadas por deforestar bosques amazónicos en el marco del programa Reactiva Perú, como los casos de Oleaginosas Amazónicas (OLAMSA) y Oleaginosas del Perú (OLPESA), según una investigación de Convoca.

Hechos como la cuestionada destitución del director de SERFOR y el apoyo a empresas investigadas por deforestación ponen en riesgo la imagen internacional del Perú y la cooperación que recibimos de países amigos, como Noruega o Alemania, que colaboran con el Perú en la conservación de los bosques. Sobre todo, no olvidemos que los bosques tienen un rol crucial en la generación de servicios ecosistémicos que hacen posible la vida. Ignorar esto sería avanzar más aún en  el camino hacia una catástrofe.

Por Beatriz Salazar.

Otros comentarios

Comunicado de organizaciones de sociedad civil

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas difundieron un pronunciamiento en el que rechazan el cese de Gonzales-Zúñiga de la dirección ejecutiva del Serfor. “Mientras los concesionarios forestales y la industria demandan flexibilizaciones de estándares y verificación de origen legal, el propio Estado genera una crisis de institucionalidad en un sector dramáticamente invadido por la ilegalidad”, se lee en el comunicado suscrito por 30 instituciones. 

Fuentes: Oxfam

SPDA

“La discusión en torno a que si el cargo del/la Director/a Ejecutivo/a del Serfor está sujeto a confianza o no, debe representar una oportunidad para reflexionar sobre la situación de los titulares de las principales autoridades forestales y de fauna silvestre, tal como es el caso del Serfor, como también del … Osinfor. y las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS)”

Es necesario que el Estado brinde confianza a la ciudadanía sobre su posición frente al incremento de la superficie agropecuaria en menoscabo de la superficie forestal. En un escenario como el actual, donde el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero procede del uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS), resulta imperativo tomar acciones a fin de reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático.

“Durante el proceso de diálogo intercultural del Proyecto de Ley que dio origen a la actual LFFS, se planteó que la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre se constituya como un viceministerio del Ministerio del Ambiente”

Fuente: Actualidad Ambiental

Maximixe

Jorge Chávez Álvarez, Presidente Ejecutivo de MAXIMIXE , sostiene que ” el Minagri viene promoviendo el otorgamiento de 15 millones de hectáreas forestales más en concesiones que servirán para expandir la extracción ilegal y favorecer las plantaciones de especies exóticas como la palma aceitera, que se instalan tras haber talado y “limpiado” el terreno, generando una ingente pérdida de recursos de biodiversidad”.

La Mesa Forestal que lidera el Ministerio de Economía, paradójicamente, ha venido favoreciendo la asignación de recursos para construir caminos asfaltados hacia destinos sin centros poblados, para promover la penetración a zonas más lejanas. También ha restringido el presupuesto y la acción de control de SERFOR y de fiscalización a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Forestales, Y promueve normas con el supuesto afán de reprimir la deforestación, pero que en el fondo la han profundizado, más aun, durante el estado de emergencia.

Fuentes: Alerta Económica

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