Por Pedro Castillo Castañeda
Desde hace muchos años somos testigos de una situación permanente de disputa por el aprovechamiento de los recursos naturales. Todos los meses, la Defensoría del Pueblo emite un reporte dando cuenta de los conflictos que vive el país, parte importante de los cuales son los conflictos socioambientales. Estos conflictos están relacionados justamente a los recursos naturales y en especial a la tierra. Existen conflictos en todo el país: en la región amazónica, en los Andes y en la costa; y en casi todos encontramos agricultores familiares, comunidades nativas o comunidades campesinas.
Durante estos mismos años, con el pretexto de dinamizar la economía del país, se han instaurado nuevas formas y reglas respecto al contenido de los derechos sobre la tierra. Se hizo cada vez más sencillo entregar la tierra a empresas extractivas, en desmedro de personas que tienen a la tierra como su principal fuente de trabajo, alimentación y su propia vida. Llama la atención, entonces, la indiferencia de la mayoría de los planes de gobierno de los partidos políticos ante el escenario antes descrito.
La revisión de los planes de gobierno de los partidos de derecha que encabezan la intención de voto —Fuerza Popular, Acción Popular, Victoria Nacional, Avanza País, y Renovación Popular — y la propuesta de Juntos por el Perú – tendencia de izquierda – se realizará desde tres temáticas estratégicas: normativa sobre tierras (desde una visión general y también desde su carácter colectivo), el fenómeno de concentración de tierras, y la seguridad jurídica de este recurso.
Normativa sobre tierras
Un repaso de la normativa sobre tierras nos demuestra que, durante todos los periodos presidenciales, desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra, se han emitido una serie de instrumentos que facilitan el acceso y uso de la tierra, a favor -sobre todo- de empresas extractivas
Este proceso de liberalización de los derechos de propiedad de la tierra se sustenta en un conjunto de normas de diferente nivel. Tenemos leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos y resoluciones administrativas relacionadas a este recurso.
Así, la normativa de tierras se nos presenta como desordenada, confusa, dispersa y con superposiciones en muchos casos, lo cual genera un caos normativo de difícil comprensión y acceso para cualquier ciudadano. Tenemos cuerpos normativos diseñados exclusivamente para otros recursos naturales: mineros, hidrocarburos, agua o bosques, pero no para el caso de la tierra.
Ninguna de las agrupaciones políticas de derecha plantea una revisión integral de la legislación sobre este importante recurso. De manera general, Juntos por el Perú se anima a señalar que se recuperará la soberanía sobre los recursos naturales y bienes comunes. Esperemos que ello implique la revisión de la normativa sobre tierras.
Para el caso específico de los pueblos indígenas, se fueron reconociendo derechos a la tierra a favor de ellos en tratados, declaraciones y fallos de cortes internacionales. En todos los casos, los Estados firmantes de estos instrumentos internacionales –incluido el Perú- se obligaron a respetar los derechos de propiedad de los pueblos indígenas. Estos instrumentos señalaban que la tierra no solo sirve para la supervivencia económica de estas organizaciones, sino también como fuente de vida espiritual y base de su cultura. Salvo Juntos por el Perú, que propone la constitucionalización de este derecho colectivo, ningún partido más se atrevió a colocarlo en sus planes de gobierno.
Concentración de tierras
El proceso de acaparamiento de la propiedad de las tierras es un claro resultado de políticas gubernamentales iniciadas en la década de 1990 y continuadas hasta la actualidad. Para ello fue determinante la adopción de políticas económicas neoliberales y las modificaciones en la legislación de tierras.
La concentración de la propiedad de las tierras es mucho más que un tema de relevancia económica. La permanente orientación de la acción gubernamental a favor de ella ha incrementado las desigualdades en la distribución de la tierra. Este fenómeno tiene efectos muy importantes sobre el tipo de sociedad que se construye. ¿Cuánta tierra concentrada pertenecía o era fuente de trabajo y sustento de los agricultores familiares o de las comunidades del país? ¿Cuál es la situación de las personas que por este fenómeno dejarán de vivir o trabajar en lo que era de su propiedad? ¿Cuáles son las implicancias ambientales de este proceso? ¿Cuáles son las relaciones de trabajo o empleo que se generan en las empresas que acumulan este recurso?, entre otras preguntas más.
Cuatro procesos nos ayudan a graficar el problema de la concentración de tierras: las irrigaciones costeñas, las empresas azucareras, las concesiones mineras y la producción de biocombustibles. Las primeras, a través de once obras de irrigación controlan 280978 hectáreas; las empresas azucareras tienen en su poder 129931 hectáreas[1]; las concesiones mineras controlan el 15.3% de todo el territorio nacional[2]; y respecto a los biocombustibles, al 2012 se habían solicitado en adjudicación de tierras, para cultivo de palma aceitera, cerca de 200 mil hectáreas.
Estas modalidades de acaparamiento de tierras implica también concentrar poder ahí donde se desarrollan, debilitando el accionar de las instituciones y de los gobiernos locales donde se encuentran. Se entiende que las empresas que concentran tierra llegan a tener un grado de influencia muy grande sobre las autoridades locales[3]. En suma, este proceso de concentración ahonda la ya acentuada inequidad que caracteriza a nuestra sociedad.
Ninguno de los planes de gobierno materia de revisión recoge el problema de acaparamiento de tierras.
Morir por la tierra
Cuando el ciudadano Edwin Chota, de la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, del pueblo indígena asháninka, en Ucayali, fue asesinado por taladores ilegales allá por el año 2014, la solución que planteó el Estado peruano fue la aceleración en la implementación de una política de titulación de tierras en favor de las comunidades.
A la fecha, existen a nivel nacional 6,269 comunidades campesinas reconocidas, de las cuales 5,151 ya tienen sus territorios titulados y 1,118 comunidades campesinas cuyo proceso de titulación aún se encuentra pendiente. En lo que respecta a las comunidades nativas existen 2,270 comunidades nativas reconocidas, de las cuales 1,597 se encuentran tituladas y 673 pendientes de titular[4].
Resulta por ello positivo que varios planes se preocupen por culminar con este proceso de titulación por décadas postergado. Para Acción Popular no es tema relevante, pues no lo menciona en su propuesta de gobierno.
No cabe duda de que el título de propiedad es una herramienta más que necesaria para lograr algún tipo de seguridad para las comunidades, pero por sí solo no resuelve los problemas a los que se enfrentan las comunidades para defender sus territorios ni las tierras de los agricultores y campesinas y campesinos.
La muerte de Chota y otros comuneros más en todo el país por defender sus territorios tiene que resolverse no solo con un título de propiedad. Se tiene que garantizar la presencia del Estado y una forma de lograrlo es con la coordinación entre las comunidades y el sistema de administración de justicia, es decir un trabajo articulado entre las comunidades, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lastimosamente este tipo de articulación no está prevista en ningún plan de gobierno.
Luego, es importante insistir que el título de propiedad no es suficiente para dotar de seguridad territorial a las comunidades. Sería mejor que este derecho se incorpore en un sistema de administración de tierras que valore a la tierra desde una mirada social, cultural y medioambiental, tal como propone la Organización de las Naciones Unidades a través de sus organismos especializados en desertificación y alimentación. La propuesta que más se aproxima a lo anterior es la de Juntos por el Perú que propone una gobernanza territorial indígena que reconozca sus cosmovisiones y saberes.
Si buscamos una mirada integral respecto a lo que significa la tierra y su potencialidad para lograr un país menos desigual, no la vamos a encontrar en ningún plan. Ninguno se detiene en el carácter especial y estratégico en términos de seguridad alimentaria que posee este recurso. Existen algunas buenas ideas, pero ninguna suficiente para revertir la situación que hemos descrito. La solución al problema de tierra la tendremos que lograr fuera de estas propuestas de gobierno. Aunque suene fatalista, no se vislumbra cambio alguno para los próximos 5 años.
[1] Fernando Eguren “La concentración de la propiedad de las tierras agrícolas en el Perú”. En: Concentración de la tierra y poder político en el Perú ¿liberalismo o mercantilismo? Cepes y Oxfam. Pág. 105 y 106.
[2] Mapa de Comunidades campesinas, áreas protegidas y presiones 2019. IBC: 2019.
[3] CEPES (2009). 40 años después de la reforma agraria, la concentración de la propiedad de la tierra reaparece. En: La Revista Agraria, Nº 107. Pág. 10.
[4] Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural – DIGESPACR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri. Información emitida durante el Ciclo de conversatorios COMUNIDADES: NUEVAS ESTRATEGIAS PARA VIEJOS DESAFÍOS organizado por el CEPES, el 16 de diciembre 2020.