¿Quieren aprobar nueva ley sin mayor discusión? | El 20 de noviembre pasado, la Comisión Agraria del Congreso intentó aprobar el dictamen que reunía 7 proyectos de ley. El principal, uno que llamaron Nueva Ley Agraria. El día del debate se acordó que merecía mayor estudio, pero al cierre de esta nota fuentes afirman que se reagendó el debate para mañana, 27 de noviembre.
El predictamen giraba sobre todo en torno al proyecto 8924-2024-CR, presentado por la congresista Cruz María Zeta Chunga (Fuerza Popular), el cual recogía propuestas que venían trabajándose desde febrero de 2023. El documento fue retrabajado, con la intervención de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el gremio de las empresas agroexportadoras.
En su fundamentación el proyecto de ley 8924-2024-CR destaca el crecimiento de las agroexportaciones “un crecimiento promedio anual de alrededor del 13 % del 2000 al 2020”. Incluso durante la pandemia esta actividad siguió creciendo: en febrero de 2021 Agraria.pe informaba que “Perú exportará 138 mil toneladas de espárragos este año, 16% más que en 2020”[1]. Más recientemente, el 21 de octubre, la Fundación Corresponsables daba cuenta que la “pesca, agro y minería elevan las exportaciones de Perú a cifras récord en 2024”[2] y citando a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, agregaba que hasta agosto de 2024 las exportaciones peruanas alcanzaron cifras récord.
A pesar de esas cifras, los agroexportadores argumentan que los cambios en la legislación, refiriéndose básicamente a la derogación de la Ley de Promoción Agraria, 27360, en diciembre de 2020 y su cambio por la Ley 31110, afectan gravemente su competitividad.
La Ley 27360 traía incentivos tributarios a favor de las empresas agroexportadoras más un régimen laboral especial para sus trabajadores. La protesta de los trabajadores agrícolas en diciembre del año 2020 motivó que es ley fuera derogada y sustituida por la Ley 31110. La nueva norma trajo mejoras en el régimen laboral de los trabajadores de las empresas agrarias y recortó la vigencia de los beneficios tributarios de estas, estableciendo que se nivelarían con el tratamiento de todas las demás empresas hasta 2030.
El proyecto de ley 8924-2024-CR es bastante extenso. Pero encontramos allí normas legales vigentes e incluso constitucionales repetidas. Pero sobre todo se observa su poca claridad en el tratamiento de los diversos temas. Así, en el artículo 1, sorprende encontrar en verdad 9 objetivos, el primero de los cuales señala su intención de “promover todo el Sector Agrario”.
Para cumplir tan ambiciosos objetivos, luego de incluir definiciones deficientes, el proyecto trae una relación de beneficiarios. Contra lo que se espera de una ley de incentivos, el primer inciso referido a los beneficiarios trae una expresión de lo más general “Están comprendidas en los alcances de la presente Ley las personas naturales y jurídicas que desarrollan principalmente cultivos y/o crianzas”. El siguiente inciso muestra la real intención del proyecto, pues también incluye en sus alcances a “las personas naturales y jurídicas que directa [sic] o a través de terceros, desarrollen principalmente las actividades agroindustriales …”.
Pese a la afirmación de que el objeto del proyecto es promover “a todo” el sector agrario, la propuesta más bien busca ampliar los beneficios de este régimen al sector empresarial, utilizando a las formas asociativas (que además incluyen a cualquier persona jurídica) para que operando conjuntamente con una empresa formal estas últimas puedan acceder a los beneficios que el proyecto establece.
La ley 31110 había establecido un plazo progresivo para que las empresas que se beneficiaban de la Ley de Promoción Agraria empezaran a pagar el Impuesto a la Renta igual que todas las empresas del país. Ese plazo culminaba en 2027 y, en el caso de las empresas con menor facturación, en 2030. Además, la Ley 31110 mantenía otros beneficios tributarios.
Según recogió Índice.pe, el Ministerio de Economía y Finanzas se opone a esta propuesta y estima un perjuicio fiscal de S/ 1.850 millones anuales[3]. Pero, además, considera que los beneficios tributarios no recaerían en la pequeña agricultura sino a las grandes empresas, que en los últimos dos años han registrado utilidades extraordinarias: en 2023 sus utilidades antes de impuestos se incrementaron en 74 %.
El Título dedicado al Régimen Laboral convalida la modificación que, en diciembre pasado hizo la ley 31969, reduciendo nuevamente los aportes de las empresas agroexportadoras a EsSalud a 6 %, mientras las demás empresas aportan el 9 %. Pero el cambio sustancial en el régimen laboral que pretende introducir el proyecto de ley comentado está en convertir la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), que la Ley 31110 había establecido en un 30 % de la Remuneración Mínima Vital con carácter no remunerativo, en un monto fijo, aunque la RMV pueda incrementarse.
Hay más temas en el proyecto de ley que lejos de beneficiar a la mayoritaria agricultura familiar, favorecen a las empresas agrarias, como es la desnaturalización de las compras públicas a favor de la agricultura familiar. Por ello, se espera de la Comisión Agraria una revisión exhaustiva de estos proyectos, para el bien de la agricultura nacional y no solo del reducido segmento de las empresas agroexportadoras.
[1] https://agraria.pe/noticias/peru-exportara-138-mil-toneladas-de-esparragos-este-ano-16-m-23751#:~:text=(%2B5%25)-,Per%C3%BA%20exportar%C3%A1%20138%20mil%20toneladas%20de%20esp%C3%A1rragos%20este,16%25%20m%C3%A1s%20que%20en%202020&text=Las%20regiones%20de%20Ica%20y,las%20principales%20%C3%A1reas%20de%20cultivo.
[2] https://www.corresponsables.com/per/actualidad/pesca-agro-y-mineria-elevan-las-exportaciones-de-peru-a-cifras-record-en-2024/
[3] https://indice.pe/reduccion-de-impuestos-a-agroexportadoras-un-debate-en-pausa-y-los-intereses-detras/