Título: Informativo Legal Agrario N° 20
Instituciones: CEPES, Eclosio, Pan Para el Mundo, Diakonia, y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra.
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(junio 2004) En 1984 el Informativo Legal Agrario de CEPES se ocupó de la legislación de aguas, compendiando la Ley General de Aguas y sus varios reglamentos. Veinte años después, CEPES vuelve a publicar esta revista y, coincidentemente, la dedica también al tema de la legislación relacionada con el agua.
En este largo periodo se han sucedido multitud de cambios en el país: se cerró la aplicación de la reforma agraria, derogándose incluso el decreto ley 17716; se liberalizó la propiedad de la tierra;
se aprobó una nueva Constitución, y con ella se consolidaron los cambios legales en materia de desregulación de la propiedad agraria y se modificó el tratamiento de las tierras comunales.
De manera paralela, como resultado de la aplicación de la política de “ajuste estructural” no solo se redujo el papel del Estado —al punto que este asumió una función “subsidiaria” de la iniciativa privada—, sino que el propio aparato estatal se achicó, por lo que dejó algunas de las funciones que le son propias.
En materia de aguas, desde la aprobación en 1989 del decreto supremo 037-89-AG, y con más nitidez con la dación del decreto legislativo 653 en 1991, se han producido cambios importantes en la legislación de aguas. Para decirlo sintéticamente, el papel de las organizaciones de usuarios se ha acrecentado, al tiempo que el Estado les ha cedido muchas de sus funciones; otras simplemente no las puede cumplir, dado el actual marco y las sempiternas limitaciones de la caja fiscal.
Pero no todo ha sido carencias. Aunque forzadas por este proceso, las organizaciones de usuarios han crecido en experiencia. Para ilustrarlo, basta citar el caso de las empresas formadas por los propios usuarios para la administración de la infraestructura de riego en los valles de Chancay-Lambayeque y en Jequetepeque; asimismo, la experiencia, aunque breve, accidentada y limitada a algunos pocos ámbitos, de las Autoridades Autónomas de Cuenca Hidrográfica, u organizaciones de microcuencas, que perfilan un nuevo enfoque en el manejo de los recursos hídricos en el país.
La coyuntura actual encuentra a la agricultura en una situación distinta de la de mediados de los años ochenta, cuando nos ocupamos de la legislación de aguas. Pasado el proceso de la parcelación de las cooperativas agrarias de la costa y de la reestructuración de las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS) en la sierra, el agro peruano aparece hoy marcado por la pequeña propiedad y el minifundio (84 por ciento de unidades agropecuarias tiene menos de diez hectáreas). A los problemas derivados de una persistente crisis económica se añadieron los largos años en los que los pobladores del campo vivieron y sufrieron la violencia desatada por el terrorismo de Sendero Luminoso, lo cual generó un éxodo de poblaciones campesinas, principalmente de la sierra central, y su agrupamiento en centros poblados que modificaron no solo el mapa
demográfico, sino también el del uso de los recursos tierra y agua.
También en los últimos catorce o quince años se marca un giro importante en la concepción del papel del Estado y, en concreto, de las funciones asignadas a sus diferentes dependencias. En ese contexto se produce, desde 1989, un paulatino proceso de transferencia de algunas funciones del Estado a favor de las organizaciones de usuarios.
Ha cambiado asimismo en el mundo, en los últimos años, la percepción respecto del agua. Hoy, en casi todas las reuniones internacionales y nacionales se empieza reconociendo la creciente escasez de este insustituible recurso natural. La sequía que padecen varios departamentos de la sierra y de la costa del país, así como la controversia acerca de la conveniencia u oportunidad de ejecutar el Proyecto Marca II para abastecer de agua potable a Lima, que incluye el tema de si se debe privatizar o dar en concesión Sedapal y sus similares en las regiones, o los conflictos por el uso del recurso entre usuarios de distintos ámbitos, dan cuenta de ello.
En ese nuevo panorama, en los últimos meses se está discutiendo otra vez en torno de un Proyecto de Ley de Aguas que tiene como uno de sus objetivos superar los problemas que hoy se observan en cuanto al aprovechamiento de este recurso y de la institucionalidad que le sirve o debería servir de soporte. En este número del Informativo Legal Agrario, además de pasar revista al estado actual del agua en el Perú y el mundo, y de la legislación nacional vigente, también revisamos algunos de los temas que contemplan el proyecto presentado por el Ejecutivo y las propuestas surgidas en el debate, aunque sin entrar en el detalle de sus artículos.
En sus siguientes números el Informativo Legal Agrario se ocupará de dos temas de primera importancia. El primero será “Comunidades campesinas, tierras y titulación”, considerando que en enero del 2004 se creó una comisión especial para revisar la legislación de comunidades
campesinas y nativas, y para proponer una nueva ley en esta materia.
El segundo tema será “Comercio internacional de productos agrarios”, y en él se revisarán los principales acuerdos comerciales agrarios firmados por el Perú, más aún ahora que ha empezado a discutirse un tratado de libre comercio con Estados Unidos.