Casi cinco años después de que el Gobierno de Ollanta Humala promulgara la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021 (ENAF) y la ley respectiva, el 18 de noviembre pasado salió a la luz el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019-2021 (Planaf), aprobado por D. S. 007-2019-MINAGRI.
La agricultura familiar es absolutamente mayoritaria en el Perú: son más de dos millones las familias agricultoras, es decir, el 97 % del total existente en el país. La población estimada invo- lucrada supera los ocho millones de personas,
hombres y mujeres, entre adultos, adolescentes y niños. Advertirá el lector que para esta inmensidad poblacional, crónicamente postergada, un Planaf de dos años de duración es demasiado corto. Será reemplazado posteriormente, pues,
por el Plan Estratégico Multisectorial, que implementará la ENAF.
Pero ¿qué se entiende por la categoría agricultura familiar? La definición, en principio, es bastante sencilla: es aquella agricultura practicada por una familia, que posee y conduce un predio, cuyos trabajadores son la propia familia. Por lo general, tienen poca tierra y algunas contratan, eventualmente, mano de obra asalariada en las épocas de mayor demanda (esto es, de siembra y de cosecha). Más allá de estas características comunes, la categoría es bastante heterogénea, pues incluye a pequeños agricultores comerciales, a campesinos comuneros y a nativos amazónicos. Su vinculación al mercado es diversa, variando entre la que es básicamente de autosubsistencia hasta la que está plenamente integrada a aquel. La ENAF adopta una tipología que distingue, según la dotación de recursos y tecnologías utilizadas, entre una agricultura familiar de subsistencia (el 87 % del total), una intermedia (10 %) y una consolidada (apenas el 2 %). Puede colegirse con facilidad que en el primer tipo la incidencia de la pobreza es muy alta.
¿Y en qué consiste el Planaf? En realidad, es el esfuerzo que hace el Estado para reunir en un mismo documento las decenas de acciones que, de algún modo, se orientan a la agricultura familiar y que están dispersas en diferentes ministerios. El financiamiento del Planaf, por consiguiente, es la suma de los fondos presupuestados de las instituciones de los pliegos involucrados. No hay nuevos recursos.
Dada la manera en que se ha elaborado el Planaf, no existe una estrategia ni un ordenamiento de prioridades temáticas o territoriales, lo cual es indispensable para que un plan, en efecto, sea tal. Esta limitación —sumada a su cortísima vigencia— podría ser superada por el Plan Estratégico Multisectorial, que sucederá al Planaf según estipula el decreto supremo que comentamos, pero sobre cuyo grado de avance no se da información.
Ahora bien, varias barreras se interponen en el camino para que el nuevo plan sea, esta vez sí, realmente «estratégico». Entre ellas están los celos institucionales de los diferentes ministerios, que impiden acciones intersectoriales; la escasa fuerza del Minagri para liderar esa indispensable intersectorialidad; la deficiente fluidez y colaboración entre los tres niveles de gobierno —nacional, regional y local—; y el excesivo poder del MEF, que, en la práctica, tiene el poder de vetar programas que no muestren, a su parecer, una adecuada «relación costo-beneficio». Para vencer estas resistencias, se requiere liderazgo y una decidida y continuada voluntad política del gobierno, difícil de asegurar en un contexto de prolongada crisis política.
Fernando Eguren Director de La Revista Agraria