Actualidad Opinión

El fracaso del diálogo: Más allá de las fallas técnicas

Por Renato Levaggi Tapia*

La ministra de Cultura, Sonia Guillén Oneeglio, tuvo una accidentada participación en la sesión virtual de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (en adelante, Comisión de Pueblos), del día lunes 4 de mayo. En dicha reunión, que tenía como objetivo conocer las acciones específicas que estaba realizando el Ejecutivo para atenuar el impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas, la ministra alegó la existencia de fallas técnicas que no permitieron una buena comunicación –sostuvo no escuchar las preguntas de los congresistas- y por ende, no pudo profundizar sobre las acciones tomadas ni atender las propuestas realizadas por los miembros de la comisión[1]. De manera general, se limitó a indicar que se estaba coordinando la elaboración de protocolos y llevando a cabo las reuniones del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas – GTPI, dos meses después de la confirmación del primer caso de coronavirus en el Perú. 

Lo cierto es que, aunque seis días después el Ejecutivo publicó un decreto legislativo que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas en el marco de la emergencia sanitaria (D.L. N° 1489), su accionar viene siendo duramente criticado por las organizaciones indígenas andinas y amazónicas, la sociedad civil y expertos, entre los que destaca, por ejemplo, que Alberto Chirif califique de “mínimo e insignificante”[2] lo planteado por el Ministerio de Cultura. Por su parte, Melania Canales, presidenta de ONAMIAP, ha sostenido que la salud y la vida de los pueblos indígenas se ven amenazadas, pues las actividades económicas reactivadas en el mes de mayo –minería e hidrocarburos, entre otras- “se realizan en su mayoría en territorios de pueblos indígenas organizados en comunidades campesinas y comunidades nativas”[3], habiendo incluso enviado una comunicación urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando una “situación de abandono, vulneración de derechos y exposición al riesgo”, exigiendo diálogo y articulación.[4]

Foto: Instituto del Bien Común

En este contexto de crisis sanitaria, en el que la precariedad de diversos sectores del Estado se ha puesto más que nunca en evidencia, la relación entre este y los pueblos indígenas se viene mostrando como una de las más débiles y tirantes; y sus respuestas como inadecuadas y extemporáneas, siendo percibidas como síntomas del desinterés, la falta de capacidad y, sobre todo, la ausencia de una real voluntad de diálogo. Pero ¿son reales estas percepciones? ¿qué ha caracterizado la relación del Estado con los pueblos indígenas en los últimos años? Y, por último, ¿puede el Estado eludir el diálogo, la participación y la coordinación con los pueblos indígenas?

El decreto legislativo 1489

Como se mencionó anteriormente, el día 10 de mayo, casi dos meses después de la declaratoria del estado de emergencia nacional, se publicó un decreto que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios. Esta norma, que por la demora en su publicación hace dudar del carácter urgente que la misma resalta en su objeto, evidencia también “por dónde van los tiros” del Ministerio de Cultura en materia de interculturalidad y derechos de los pueblos indígenas. Y es que tres de sus cuatro objetivos están relacionados con los derechos lingüísticos y la pertinencia cultural de los servicios públicos durante la pandemia y solo uno, el último, se enfoca en la vida y salud de esta población. 

No es que la pertinencia cultural y lingüística no sean importantes, pero, llama poderosamente la atención que en un contexto de emergencia y luego de siete años de publicación de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural[5]  y nueve de la Ley N° 29735[6], ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias, un grueso de las medidas de la norma se centren en estos temas, por lo que cabría preguntarse por qué todas estas acciones de implementación de servicios públicos culturalmente adecuados y en lenguas indígenas no se realizaron durante los largos años de aprobación de las normas mencionadas y por qué no se responde hoy a la histórica y actual demanda de diálogo intercultural de los pueblos indígenas, cuya participación resulta indispensable para la eficacia de la lucha contra una pandemia que se extenderá por otros tantos meses.

No es que todo sea negativo en el decreto, existen acciones de respuesta sanitaria, abastecimiento, información y alerta temprana que, aunque extemporáneas -e incluso potencialmente peligrosas si no se realizan de manera coordinada con las dirigencias de las organizaciones de base-, resulta necesario implementar. De igual manera, es importante que haya una consideración particular para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, por su especial vulnerabilidad debido a su diferencia inmunológica.

Entonces, ¿en dónde queda el diálogo con los pueblos? El artículo 4 del decreto señala que “…se garantizan la participación y los mecanismos de coordinación y articulación con organizaciones representativas de los pueblos indígenas…”, pero sin establecer cómo ni cuándo. Es más, en el resto de la norma, no hay una sola referencia a aspectos concretos de diálogo o coordinación que conviertan al mencionado artículo en poco más que retórica.

El Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas – GTPI

Uno de los temas mencionados por la ministra de Cultura en la reunión con la Comisión de Pueblos, que constituye además la única bandera del Viceministerio de Interculturalidad en relación al diálogo y la coordinación, es el funcionamiento del GTPI. Este es un espacio creado por el Ministerio de Cultura en el año 2014, en el que participan 7 organizaciones indígenas y el Viceministerio de Interculturalidad. Efectivamente, a la fecha se han realizado alrededor de 25 sesiones del GTPI con la participación de organizaciones indígenas de nivel nacional e invitados de diversos sectores del gobierno. Sin embargo, la valoración que desde las organizaciones se tiene respecto a este espacio no es la mejor. En un estudio realizado por María Luisa Burneo para el CEPES[7], se concluye que el GTPI constituye un espacio meramente informativo, en el que no participan funcionarios con capacidad de decisión o que conozcan la problemática indígena -salvo excepciones- y en el que no se cumplen los mecanismos de monitoreo y seguimiento a los acuerdos. Se sostiene, por ello, que el GTPI “ha perdido dinamismo y legitimidad”, generando que las organizaciones se sientan utilizadas, en un espacio que parece dilatar los temas de agenda relevantes y al que, a pesar de ello, siguen acudiendo porque eso es mejor a “quedarse sin nada”.

El inadecuado funcionamiento de este espacio vuelve a abrir los debates sobre la débil institucionalidad estatal relacionada con los pueblos indígenas. Al parecer, el Estado, que ha centrado sus pocos esfuerzos –y recursos- en la consulta previa y en las lenguas indígenas, ha dejado de lado sus obligaciones relacionadas con un genuino diálogo intercultural con las organizaciones representativas de estos pueblos.

El diálogo y la coordinación no son favores

Diversas organizaciones internacionales han llamado la atención sobre la urgencia de tomar acciones específicas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas –y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad- en el contexto de la pandemia mundial[8] y si en ellas destaca un punto en común es que se insta a los Estados a actuar de manera coordinada con los pueblos y sus representantes, recomendando inclusive su incorporación en los comités o entidades de respuesta a la crisis. Lamentablemente, como hemos sostenido, en el Perú las organizaciones no han sido convocadas y su participación no ha sido incluida en los instrumentos aprobados para la emergencia. Sus dirigencias han sido obviadas y sus representantes han denunciado públicamente y ante organismos internacionales esta exclusión. 

No obstante y más allá de los criterios políticos, no puede perderse de vista que el diálogo y la coordinación con los pueblos indígenas no son favores, son obligaciones adquiridas por el Estado peruano. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, que es un tratado internacional de derechos humanos y, por tanto, forma parte del ordenamiento nacional y posee rango constitucional, es claro al señalar que la protección de los derechos de estos pueblos se realiza a través de “una acción coordinada y sistemática”, con su participación y que el Estado debe asumir dicha responsabilidad (Art. 2). Esta visión de la implementación del propio Convenio, que irradia al resto de sus artículos, es constantemente reiterada a lo largo de la norma, conminando a los gobiernos a implementar sus políticas de toda índole con la participación, consulta, coordinación o cooperación con los pueblos indígenas.

Las demandas por coordinación, desde las dirigencias indígenas, se sostienen en obligaciones internacionales ineludibles y no pueden responder al ánimo de los gobiernos de turno, menos aún, en un contexto en el que lo que está en juego es la propia vida. En la práctica, durante el estado de emergencia, muchas organizaciones de base, comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas, han colocado nuevas tranqueras y piquetes y cerrado sus límites para evitar el ingreso de personas contagiadas a sus comunidades y caseríos, en algunos casos, en coordinación con autoridades locales y ello, al parecer, está trayendo buenos resultados, como en el caso de las rondas campesinas de Cajamarca, por citar un ejemplo[9]. Este tipo de situaciones, con una serie de implicancias materiales o legales, que no son motivo de este artículo, deberían estar siendo discutidas, a tiempo real, en espacios de diálogo –centralizados y descentralizados- con la capacidad de emitir decisiones acordes con la realidad y necesidades de los pueblos indígenas. Esto que suena tan lógico, más de 25 años después de la aprobación del Convenio 169 de la OIT, no existe.


Notas

* Investigador del Programa de Acceso a Recursos Naturales del CEPES.

[1] La última frase de la ministra Guillén en esta reunión fue: “El único acuerdo que yo puedo tomar es que vamos a reprogramar esta reunión para el día viernes y que vamos a contestar todas las preguntas que nos planteen antes de esa fecha y en esa fecha…”. Lamentablemente, la ministra no se presentó. 

[2] Ver: https://cutt.ly/ZymbTsR

[3] Ver video: https://cutt.ly/aymbTCs

[4] Ver carta: https://cutt.ly/HymbYX3

[5] https://cutt.ly/cymbUAY

[6] https://cutt.ly/4ymbIm7

[7] Burneo, María Luisa, 2018. Espacios institucionales de participación y diálogo entre el estado peruano y las organizaciones indígenas. Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. (No publicado)

[8] Ver comunicados y pronunciamientos de:

OEA: https://cutt.ly/rymbOwV

FAO: https://cutt.ly/LymbOPW

CIDH: https://cutt.ly/1ymbPml

[9] https://cutt.ly/dymbAed

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