Opinión

“Debe pensarse en una real ley de promoción de la agricultura”

Entrevista a Laureano del Castillo, director ejecutivo del CEPES

En las negociaciones, previas a la derogatoria de la Ley 27360, entre los trabajadores de la agroexportación y los representantes del Gobierno central, se planteó modificar el capítulo laboral de la Ley, y no la derogatoria de la misma. CEPES en un reciente análisis señalo que la fórmula no podía plantearse de un día para otro. 

.

P.  ¿En su opinión cual debió ser el camino correcto, derogar la ley 27360, o no; alguna parte de la ley fue positiva?

R. En la coyuntura, marcada por el reclamo de los trabajadores de esas empresas, creo que lo más adecuado hubiera sido derogar la parte de la Ley 27360 dedicada al régimen laboral agrario, de modo de concentrarse en elaborar una alternativa a este aspecto. Pero, en verdad, por lo complejo del tema todo el régimen que se condensa en la Ley 27360 debía ser cambiado, lo cual supone mayor trabajo y un esfuerzo muy grande por lograr acuerdos que involucran a las distintas partes involucradas, que son más que las empresas y sus trabajadores 

P.  ¿La responsabilidad es solo de las empresas agroindustriales, o también del Estado? 

R. Definitivamente es una responsabilidad de las empresas agroindustriales y de agroexportación, que se beneficiaron de importantes beneficios, sobre todo tributarios, pero también laborales, pudiendo dar más de lo que la ley exige, no solo por la responsabilidad social empresarial sino también por la justicia que supone compartir los beneficios generados por el importante crecimiento de las exportaciones y de sus ganancias. ADEX planteó hace unos años que esos beneficios debían continuar hasta 2050, lo que muestra muy poca empatía y sensibilidad a los problemas que se estaban acumulando. 

Es también responsabilidad del Estado, que desde 1996 mantiene un régimen promocional, con significativos beneficios tributarios (que financiamos todos los peruanos) y laborales, sin ponerle límites temporales ni condiciones a estas empresas para mantener esos beneficios. También tiene una responsabilidad directa en no haber fiscalizado el cumplimiento de las normas laborales, en los últimos tiempos por SUNAFIL, pero antes por los gobiernos regionales. 

P. Este Estado que apuesta por el crecimiento de la agroindustria, y que los ciudadanos respaldan. ¿Los últimos también son responsables?

R. Hay responsabilidad de la sociedad en general, por permitir y hasta enorgullecerse de los logros de la agroexportación, sin preocuparse en sus impactos sociales y ambientales, y permitir que se mantuviera un régimen similar al que tuvo en su momento la llamada “Ley Pulpín” que fue cuestionada y dejada sin efecto, sin percatarse que había un grueso número de trabajadores y trabajadoras con un régimen similar, con derechos laborales recortados. 

P. Frente a la actual situación, el Congreso y el Ejecutivo tienen la obligación de darle al país un nuevo marco legal, una comisión especial tendrá 15 días de plazo para cumplir con dicho objetivo. ¿El tiempo es muy corto para tener consensuada una nueva Ley, los trabajadores de la agroexportación y la sociedad civil deberían integrar esa comisión especial? 

R. Definitivamente el tiempo es muy corto y por lo mismo se corre el riesgo de no lograrse consensos y que termine imponiéndose una postura sobre las demás. Es mucho lo que está en juego y que puede verse afectado por una nueva ley que cambie algunas cosas pero que deje lo sustancial vigente. En concreto, debe pensarse en una real ley de promoción de la agricultura, pensando en los más de 2 millones doscientos mil agricultores y no solo en las empresas agroexportadoras y agroindustriales; también debe pensarse en cómo debe emplear el Estado los fondos públicos para apoyar a la agricultura en general y no solo a un sector, con subsidios, con irrigaciones y servicios; cómo aprovechar mejor las pocas tierras agrícolas que tenemos y el agua escasa; por último, pensar no solo en producir para exportar sino darle atención a la producción de alimentos para el mercado nacional, cuidando la seguridad alimentaria. 

P. Desde años atrás Cepes publicó varios artículos sobre la realidad del trabajador agrícola de temporada, así como del tratamiento legal del que es objeto. Y planteó propuestas. ¿Cuáles fueron estas propuestas y desde su punto de vista se pueden, o debería incorporar en la nueva ley? 

R. Hay aspectos que se mantienen vigentes, frente a una realidad desafiante como es la de los trabajadores agrícolas de temporada. Tres propuestas se hicieron desde entonces que mantienen su vigencia: la primera es la necesidad de establecer un régimen especial para los trabajadores agrícolas de temporada. Una segunda propuesta aún vigente es la del establecimiento en el ámbito de cada gobierno regional de organismos en cargados del registro y capacitación de los trabajadores y el tercero es la formación de comités mixtos de inspección, pues en el país conocemos que no basta contar con buenas leyes, sino que se cumplan

P.    ¿De todo lo que plantea, cual puede ser el punto que genere controversia entre los miembros de la comisión especial, los trabajadores agrarios y las empresas agroexportadoras? 

R. Sin duda serán dos: el mantenimiento del régimen promocional, es decir el régimen tributario tan beneficioso para las empresas, y en segundo lugar la forma de retribuir a los trabajadores agrícolas de temporada. 

P.  ¿Qué llamado haría a los involucrados para tener como resultado una nueva ley que responda a los intereses de los trabajadores, empresarios y del país?  

R. La única respuesta válida a esta pregunta es la apertura para llevar adelante un diálogo que mire el futuro y el interés del país y no solo el interés de cada uno de los grupos y sectores involucrados en este problema. 

A <span>%d</span> blogueros les gusta esto: