No hubo acuerdo. Con 46 votos en abstención, 43 en contra y solo 26 a favor, el pleno del Congreso regresó el proyecto de Ley de Promoción Agraria a la Comisión de Economía. Se espera tener lista una nueva propuesta dentro de una semana.
En medio de un panorama en donde organizaciones y trabajadores de la agroexportación han iniciado nuevas movilizaciones, Fernando Eguren, presidente del CEPES y director de La Revista Agraria, da algunos alcances sobre la crisis.
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¿Qué factores en el desarrollo de la agricultura de exportación en las últimas décadas explicarían la magnitud de las protestas que derivaron en la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria?
La actual agricultura de exportación se gesta en los años noventa. En el marco de una economía internacional muy dinámica, ha estado rodeada de todo tipo de beneficios otorgados por el Estado: tierras y agua; subsidios (menos impuestos a la renta, bajos costos laborales, depreciación acelerada de activos); servicios fitosanitarios, gracias a Senasa; promoción internacional (a través de las Embajadas); tratados de libre comercio favorables con decenas de países. Pero uno de los principales estímulos ha sido el régimen laboral, que aseguraba un bajo costo de la mano de obra, la reducción de derechos y flexibilidad laboral, es decir, la facilidad de contratar y despedir trabajadores sin costos.
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Como lo reconocen los ahora contritos empresarios, ¿sin los trabajadores la agroindustria no existiría?
En efecto, más que en otras ramas de la actividad económica, la agricultura es –todavía- intensiva en mano de obra. Ésta ha llevado sobre sus hombros el éxito de la agroindustria exportadora. A costa de su bienestar. A costa de ser considerada como un insumo, como una mercancía, no como personas. Si no ¿cómo es posible afirmar que S/ 31 es un salario mínimo aceptable, o S/ 39 sin ningún beneficio adicional? ¿O siquiera que los S/ 59 que ahora se propone es suficiente?
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¿Qué es un salario “aceptable”?
Es aquel que debería permitir que el trabajador o trabajadora y su familia se alimenten nutricionalmente bien; que pueda pagar un alojamiento con agua, luz y desagüe; que pueda acceder a servicios de salud; que los hijos puedan educarse; que puedan movilizarse lo necesario; que puedan gozar de vez en cuando de alguna satisfacción estética o lúdica. Y, además, que todas estas condiciones tengan estabilidad en el tiempo. Es decir, lo necesario para que su reproducción sea no sólo biológica sino social. Si el salario no permite todo esto, el trabajador está siendo sobreexplotado, a costa de su bienestar y el de su familia.
Es claro que el empleador –inversionista, capitalista, empresario, o como quiera llamársele- sabe perfectamente que con el actual nivel de salarios es imposible alcanzar esas condiciones.
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Pero ¿probablemente considere que tampoco esa es su responsabilidad, sino la del Estado?
En parte es cierto: la educación y la salud públicas deben ser asumidas por el Estado. Pero éste lo hace de manera imperfecta, por ineficiente y por irresponsable. Pero tampoco lo hace porque no tiene los recursos suficientes, debido a que el empleador agroindustrial no paga todos los impuestos que debe pagar (solo paga la mitad), ni contribuye a la seguridad social en los montos que debería hacerlo. En otras palabras, el Estado –es decir, todos nosotros contribuyentes- subsidia al empleador. Gracias a los subsidios y a los bajos salarios, las utilidades del inversionista-capitalista-empresario (ICE) agrario, son mayores de lo que debían ser. Si hoy argumentan que con la derogatoria de la ley 27360 ya no tienen incentivos para seguir en el negocio o ampliar sus inversiones, significa que (a) o no son lo eficientes que dicen ser y siguen necesitando de subsidios y de trabajador barato, o (b) que sí son eficientes pero los beneficios que daba la ley les permitía sobreganancias. Los pronunciamientos recientes de representantes de las empresas y los comunicados de asociaciones por línea de producto parecen aceptar, implícitamente, que sólo pueden prosperar si sobreexplotan a los trabajadores.[1]
En esta manera de funcionamiento del negocio agroexportador, hay dos perdedores: los contribuyentes, que lo subsidia, y los trabajadores.
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En este estado de cosas ¿qué es ser competitivo?
Pues es una de las palabras que gusta ser repetida por los ICE, que son competitivos en la economía global. En su acepción más amplia, ser competitivo es producir a menor costo un producto que el resto. Pero se puede producir a menor costo de diferentes maneras. Por ejemplo, con una muy buena gestión de los procesos; con la aplicación de tecnologías de alta productividad; con el uso intensivo de conocimientos. Pero ser competitivo porque se sobreexplota a la mano de obra, es un argumento pre-civilizatorio. Varios países de la región son también exportadores agrícolas, y tratan mejor a los trabajadores. Sería preocupante y reprobable que la competitividad peruana reside en pagar poco al trabajador.
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¿Los ICE argumentan que hacen un bien a la sociedad porque crean empleo?
Efectivamente. Para demostrarlo, dan cifras que a veces son francamente extrafalarias. Según la planilla electrónica del Mintra, hay alrededor de 300 mil asalariados que laboran en empresas agrarias. Pero según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), llegan a 800 mil.[2] Más allá de las cifras, el contraargumento de los trabajadores podría ser que: “si no fuera por nosotros, ustedes no ganarían ni un centavo, pues somos nosotros los que trabajamos la tierra, sembramos las semillas, abonamos, curamos las plantas y los árboles, cosechamos, trasladamos el producto a las plantas en donde lo procesamos, los empaquetamos o los congelamos, para que otros, trabajadores como nosotros, trasladen el producto terminado a los puertos y aeropuertos y de ahí a los lugares de destino. En lo único en que no participamos es en recibir la venta de producto y en la retención de la ganancia generada. Pero somos nosotros los que agregamos valor a sus inversiones. Ustedes solo tienen dinero: nosotros somos los que lo hacemos crecer”.
Después de dos décadas, los trabajadores han expresado que no están de acuerdo con este estado de cosas. Que con los salarios que reciben, no pueden vivir como seres humanos. Que quieren recuperar un poquito del valor que ellos han creado. Que no aceptan el maltrato ni el abuso, pues es indigno. Eso es lo que están pidiendo. ¿Es algo del otro mundo? ¿Acaso lo que reclaman no es más que la posibilidad de vivir civilizadamente? ¿No es esto lo que se llama desarrollo?
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Además del conflicto laboral y los aspectos tributarios. ¿Qué otras problemáticas habría que atender relacionadas con la agroexportación?
La agroexportación en sí no es un gran problema. Sí lo es la modalidad que el Estado ha promovido, promoviendo la formación de neolatifundios. Un grave problema que no ha sido puesto en discusión en todo este período de conflicto entre los trabajadores y la agroindustria, es la concentración de la propiedad de la tierra y la competencia por los derechos de agua. Las empresas agroindustriales de más de mil hectáreas de extensión tienen en propiedad alrededor de una tercera parte de todas las tierras de cultivo de la costa. Hay grupos económicos que hoy tienen más tierra en la región costeña que en los años previos de la reforma agraria. El grupo Gloria tiene más de 90 mil hectáreas. El grupo Romero, más de 30 mil. Y hay varios que tienen más de diez mil cada uno. Hace menos de una década habían más de 50 empresas en la costa que superaban las 1000 hectáreas cada una, según el Ministerio de Agricultura. Si se sigue entregando a los grandes inversionistas las tierras ganadas al cultivo gracias a las obras de irrigación financiadas por el Estado (las próximas son Chavimochic III y Majes Siguas II), la concentración será aún mayor.
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Hablemos de externalidades, es decir, de los impactos que tiene la actividad empresarial fuera del ámbito físico directo en la que esta se realiza
En el caso de las externalidades negativas, los costos y perjuicios no son asumidos por la empresa, sino trasladados a la sociedad. Una externalidad negativa es la salinización de los suelos en la costa, agravada por las grandes obras de irrigación que permiten el cultivo de tierras sobre las que se asienta la agroindustria, pero que contribuyen a salinizar los suelos de otros productores –medianos y pequeños- que deben asumir los costos de la pérdida de fertilidad de los suelos y de la desalinización.[3] En ciertos lugares, como el valle de Ica, la sobreutilización del agua del subsuelo para cultivos de exportación está contribuyendo a la desertificación del territorio y a reducir el agua disponible para el consumo de la población.
La agroindustria hace un uso intensivo de energía fósil, contribuyendo a la contaminación ambiental por la emisión de gases de efecto invernadero. Además, puesto que por lo general practican el monocultivo, empobrecen los suelos y limitan la biodiversidad.
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¿También hay externalidades sociales negativas?
Parte de la agroindustria exportadora se ha asentado en zonas despobladas, pues antes de que se construyeran las obras de irrigación eran tierras eriazas. Un gran número de trabajadores son, pues, migrantes o pobladores de centros urbanos distantes, que requieren de una vivienda más cercana a los centros de trabajo. ¿Quién asume los costos de la instalación? Obviamente, con los salarios que reciben y con la inseguridad propia del trabajo temporal, no puede esperarse otra cosa que condiciones de vivienda poco dignas.[4] [5]
En muchos lugares las empresas agroindustriales son el principal actor económico, lo cual les permite ejercer una influencia a veces determinante en los mercados locales, incluyendo el laboral. Su poder y su influencia se extienden a la esfera política, sobre los gobiernos locales y aún regionales. Con motivo de las movilizaciones de los trabajadores en Ica, se han evidenciado los obstáculos que ponían las empresas a las inspecciones de fiscalización laboral de Sunafil, y de fiscalización de los pozos de agua por la ANA. Las revelaciones de cómo ciertas empresas escondían a los trabajadores para evitar la inspección de Sunafil en los días posteriores a las manifestaciones no sólo son en sí escandalosas, sino una demostración de poder y de desafío a la autoridad.
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¿Cómo se relacionan la agricultura familiar y la gran agricultura de exportación?
La relación es doble. Por un lado, como fuerza laboral. Es probable que muchos temporeros tengan, ellos o sus familias, pequeñas parcelas que abandonan por ciertos períodos, en épocas de poca intensidad de trabajo, para conseguir empleo temporal en la agroindustria y, así, complementar sus ingresos. No sería de extrañar que muchos de los contratados por los services sean agricultores familiares. Por otro lado, hay medianos y pequeños agricultores familiares que son proveedores de productos de la agroindustria, a través de lo que se llama agricultura de contrato. Puesto que los contratos se negocian de forma individual empresa-agricultor, y que hay una marcada asimetría de poder de negociación entre ambos, es esperable que los términos de la relación sean más favorables a la empresa. También hay relación de agricultores familiares con empresas cuyo rubro principal no es la producción sino la comercialización y la exportación.
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[1] Según la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), el incremento en un 50% de la remuneración mínima agraria [pasar de S/ 31 a S/ 46.5) “puede causar el colapso inmediato de la industria”. La Asociación de Productores de Palta Hass del Perú (Perú ProHass) afirma que tal exigencia sería “imposible de cumplir”. En una muestra de sensibilidad social difícil de creer, ambas asociaciones ponen por delante su preocupación por “la defensa del trabajo digno de las mujeres y de la población de los sectores menos favorecidos” (Perú ProHass) y de los miles de trabajadores que se quedarían sin trabajo (APEM). (El Comercio, 19 de diciembre). ¡Qué paradoja: en defensa de ellos se pronuncian de que no hay que subirles los salarios!
[2] Referido por la agencia oficial Andina. https://bit.ly/37CoQQB
[3] Ver Anaïs Marshall (2014). Apropiarse del desierto. Agricultura globalizada y dinámicas socioambientales en la costa peruana. El caso de los oasis de Virú e Ica-Villcurí. IFEA-IRD. También Mesclier E., A. Marshall, C. Auquier, Chaléard, J.L. (2017), en donde podemos leer: “Las compañías agrícolas están en el origen de los problemas de la escasez o de las inundaciones, y son más capaces que los productores y las autoridades locales para influir en los resultados”. (The agricultural companies are at the origin of the problems of scarcity or flooding and more capable then the producers and the local authorities of the old valleys to influence their resolution.). En Lavie. E y Marshall A. (editores) (2017), Oases and globalization. Ruptures and continuities.
[4] Según la legislación chilena, “si el trabajador(a), atendida la distancia y medios de comunicación, no puede acceder a su residencia o un lugar de alojamiento adecuado e higiénico, el empleador(a) estará obligado a proporcionárselo.” Dirección del Trabajo, Gobierno de Chile. https://bit.ly/2KFLheD
[5] En un estudio reciente, realizado en el valle de Virú, la antropóloga Ana Lucía Araujo constató lo siguiente: “En la práctica…los hogares de trabajadores agroindustriales viven en condiciones cercanas o apenas superiores a la pobreza no extrema, sin protección social, con un acceso restringido a oportunidades educativas y laborales, y en un contexto de alta violencia y fragmentación social. En todos los casos, mientras las corporaciones agroindustriales concentran e incrementan su rentabilidad, el Estado y la sociedad local, no las empresas agroindustriales, asumen el costo de las externalidades producto de la precariedad laboral y criminalidad.” En Crecimiento sin desarrollo: El impacto de la actividad agroindustrial en los hogares de trabajadores de la provincia de Virú. CEPES. 202