Memoria de ciclo de conversatorios “Comunidades: nuevas estrategias para viejos desafíos”

Al poco tiempo de iniciarse nuestra vida republicana, en 1824, el libertador Bolívar aprobó un decreto, en línea con sus ideas liberales, por el que se reconocióel derecho de las comunidades de indígenas sobre las tierras que ocupaban y se dispuso la asignación de la propiedad a sus integrantes, para convertir a la nueva nación en un país de propietarios. Han transcurrido casi dos siglos desde entonces y la realidad de lo que ahora conocemos como comunidades campesinas y comunidades nativas ha experimentado muchos cambios. Lamentablemente, hay cosas que no han cambiado, o lo han hecho para peor.

Recién con la Constitución de 1920 las comunidades lograron su reconocimiento por el Estado peruano, iniciándose la protección de sus tierras para frenar el apetito de los hacendados criollos, régimen que cambió drásticamente en 1993. Pero la seguridad sobre las tierras comunales siguió, y sigue siendo aún un compromiso que nuestro Estado no ha honrado. Por el contrario, el saneamiento de las tierras comunales es un tema pendiente, que mantiene a las comunidades campesinas y nativas en condición de desventaja frente a inversionistas privados, proyectos estatales e incluso de invasores. Aunque un porcentaje relativamente alto de comunidades campesinas y nativas cuenta con su título de propiedad, en los tiempos actuales se requiere que los mismos estén georreferenciados y eso es algo que está muy lejos de lograrse, pese a los esfuerzos estatales y de la cooperación internacional.

Otro aspecto en el que se aprecia pocos cambios es el relativo a la relación del Estado peruano con las comunidades y pueblos indígenas. En los últimos años esa relación parece haberse concentrado en los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, usando la ley aprobada en 2011. Debido a la limitada y deficiente aplicación de esa ley las organizaciones de las comunidades y pueblos indígenas muestran ahora su escepticismo frente a espacios oficiales de participación, pues no encuentran eco a sus demandas para participar en la vida política, económica, social y cultural del Estado y en los procesos de elaboración y adopción de normas, así como en la formulación de planes y programas de desarrollo susceptibles de afectarlas directamente, conforme dispone el Convenio 169 de OIT.

La pandemia de la COVID-19, como escuchamos reiteradamente, ha puesto en evidencia las graves deficiencias de nuestro Estado y las grandes carencias de nuestra población, afectando en mayor medida a las familias de las comunidades campesinas y nativas. En ese delicado contexto, el Cepes impulsó un ciclo de conversatorios para abordar algunos de los problemas que afectan a estas importantes organizaciones del mundo rural, logrando la participación de profesionales no solo conocedores de la realidad comunal, sino sobre todo comprometidos con su desarrollo.

Queremos agradecer el apoyo de Eclosio, Pan Para el Mundo y de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC), a través de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, que permitieron realizar estas actividades. Confiamos en el futuro seguir impulsando iniciativas similares, a fin de colaborar con la visibilización de las comunidades y de sus problemas.