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Bonos y seguridad alimentaria

Por Fernando Eguren *

A propósito de la decisión del gobierno de entregar bonos a la población para aliviar su situación económica, escuchaba esta mañana a dos economistas responder a las preguntas del entrevistador: ¿es pertinente distribuir bonos en esta coyuntura, que es diferente a la del inicio de la pandemia? ¿habrá recursos suficientes? ¿cómo se distribuirán? Es decir, lo que preocupa son las consecuencias macroeconómicas y la logística. En fin, lo usual.

Pero no suele hacerse la pregunta: ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de la población pobre, vulnerable? La respuesta es vital, pues los bonos deberían servir, en primer lugar, para satisfacerlas. Es obvio que las necesidades son múltiples -alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, transporte- y no todos los necesitados tienen el mismo orden de prioridades, ni existe el bono que pueda satisfacerlas todas.

Sin embargo, es difícil cuestionar que la primera necesidad, la más básica, es la alimentación. Sin alimentación no hay condiciones para que ninguna de las otras necesidades sea satisfecha.

La primera responsabilidad del Estado sería, entonces, garantizar que toda la población tenga acceso a alimentos, en la cantidad y calidad necesarias. Y el bono no parece ser el mejor medio para lograrlo. Primero, porque es una sola entrega y porque el monto, necesariamente modesto dada las limitaciones de la caja pública, da un alivio momentáneo. Segundo, porque hay problemas aún no superados -y difícilmente superables en el corto y aun mediano plazo- para su rápida y eficaz distribución y, en particular, entre los más necesitados. Tercero, porque aún recibiendo el bono, no necesariamente será -o podrá ser- utilizado para adquirir alimentos suficientes y nutritivos.

El bono no parece ser, entonces, el mejor medio para que esa necesidad sea satisfecha. Para los efectos de la seguridad alimentaria de la población vulnerable, convendría apoyar directamente a los comedores populares y a las ollas comunes. Las razones son varias.

En primer lugar, porque son organizaciones cuyo principal objetivo es precisamente permitir el acceso de las poblaciones más necesitadas a los alimentos. El que estos sean, además, nutritivos, depende de los recursos de los que dispongan -los alimentos más nutritivos suelen ser más caros que los menos nutritivos- y también depende, en muchos casos, de la información y la educación nutricional que reciban las personas encargadas de preparar los alimentos.

En segundo lugar, porque los comedores populares surgen de la agencia de la propia población. Es decir, potencia las iniciativas y la solidaridad de las personas [1] , todo lo contrario a la pasividad que es incentivada por los bonos.

En tercer lugar, porque, vinculado a lo anterior, afirma la propia autoestima y dignidad de las personas, quienes sienten que participan en la solución del problema que están sufriendo.

En cuarto lugar, porque en los comedores y en las ollas comunes el papel de la mujer es fundamental, lo cual contribuye a su empoderamiento, no solo al sentirse ellas mismas como sujeto social, sino al ser percibidas por la población como responsables de la reproducción de la colectividad.

En quinto lugar, porque este apoyo no tendría el carácter casi fugaz de los bonos, sino que sería más permanente en el tiempo.

En sexto lugar, porque legitima al Estado en su papel de institución que vela por el bienestar de la población, función esta que deja mucho que desear y que ha sido, sin embargo, en algo mejorada por los esfuerzos de las instituciones de salud pública en enfrentar la pandemia.

Las perspectivas del país en materia de seguridad alimentaria no son nada buenas, debido a la crisis de la salud pública, la crisis económica y, también, la crisis política. La dependencia de las importaciones de alimentos también tiene riesgos: ahora mismo los precios internacionales se han elevado, contribuyendo al alza de alimentos en nuestro país.

Campesinos y agricultores, a pesar de que han logrado mantener hasta ahora los niveles de producción de alimentos, enfrentan múltiples dificultades para seguir haciéndolo en condiciones normales. El apoyo a los comedores populares y ollas comunes podría ser beneficioso para los agricultores en la medida en que el Estado adquiera directamente o contribuya a canalizar los productos hacia esas organizaciones, asegurándoles así un mercado.

Esta propuesta va bastante más allá de enfrentar una crisis de coyuntura. La recuperación económica del país, la derrota firme de la pandemia y la solución de la crisis política tomarán años. La necesidad de atender el acceso a los alimentos de grandes sectores de la población por vías complementarias al funcionamiento del mercado también se prolongará por años. Es preciso, por consiguiente, que la relación Estado – organizaciones sociales para enfrentar el tema alimentario debe convertirse en una apuesta estratégica, y qué mejor momento que iniciarla en la coyuntura actual.

Es cierto que esta propuesta se adapta sobre todo a las poblaciones vulnerables urbanas, en donde existen la mayor parte de comedores y ollas comunes. Pero, como ya se indicó, beneficia también a los productores rurales gracias a las compras directas de sus productos; además, podrían promoverse asimismo comedores y ollas comunes en centros poblados, adecuados a la realidad rural.

*Presidente del CEPES

[1] Ver Cecilia Blondet y Carmen Montero (1995), Hoy: menú popular. Comedores en Lima. IEP-UNICEF.

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