Por Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES.
El presidente Castillo, el 3 de octubre en Cusco, empezó el discurso de lanzamiento de la llamada segunda reforma agraria anunciando la creación de un Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, como parte importante de esta propuesta.
Ayer, en una exposición ante Conveagro, Eduardo Zegarra, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Rural, desarrolló los lineamientos de esta segunda reforma agraria, cuyo objetivo es poner a la agricultura familiar en el centro de la política pública sectorial y multisectorial, lo que representaría un importante giro en la política agraria de las últimas décadas.
Dentro del primer lineamiento (Una nueva forma de gobernar), conforme al anuncio del Presidente Castillo, Zegarra mencionó en primer término la creación del Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, además de la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural. El primero de estos espacios, que estaría próximo a crearse, reuniría a 10 ministros, al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la Red de Municipalidades Rurales del Perú, bajo la presidencia del propio Presidente de la República, con el objetivo de proponer planes, acciones y medidas para la provisión integrada de servicios e infraestructura económica y productiva para la agricultura familiar.
El segundo espacio por crearse, el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural, como instancia deliberativa acompañaría al Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, constituyéndose en un espacio de diálogo entre el gobierno, los gremios agrarios y la sociedad civil para definir las prioridades y las políticas para el desarrollo agrario y rural.
Es innegable que estas propuestas resultan interesantes pues, de concretarse y funcionar como está previsto, significarían un real cambio en la política que se aplica en el país por lo menos desde la década de 1990, descuidando al 97% de productores agrarios. Representaría, asimismo, el cumplimiento del mandato constitucional de apoyar “preferentemente el desarrollo agrario”, precepto a todas luces incumplido por cerca de 30 años, por no ir más atrás (la Constitución de 1979 declaraba que “El Estado otorga prioridad al desarrollo integral del sector agrario”).
Con lo importante que resulta este cambio, quedan algunas interrogantes por resolver. En concreto, ¿cómo quedará la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar? Aunque con altibajos, esta significó un esfuerzo por tratar de impulsar los lineamientos que trae la vigente Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, sobre todo acciones multisectoriales y que comprometen también a los gobiernos regionales y locales. Asimismo, la propuesta de un Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural parece ignorar la existencia de la vigente y reglamentada ley 27965, que creó el Consejo Nacional de Concertación Agraria, que incluso prevé la instalación de Consejos Regionales.
Por último, ¿cómo engranan las dos instancias por crear con el “Grupo de Trabajo para el desarrollo del sector agrario y de riego en el marco de la II reforma agraria” creado hace tres semanas por la Resolución Ministerial 0274-2021-Midagri con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año?
Los ojos de los agricultores, agricultoras y comunidades están puestos en lo que el Midagri haga en estas semanas y, de concretarse estos anuncios, esperarán empiecen a resolver sus varias demandas.