El sábado 19 de marzo se publicó el Decreto Supremo N° 003-2022-MIDAGRI, por el que se declara en emergencia el sector agrario por 120 días. El decreto, entre otras consideraciones invoca a la Ley 31360, que declaró de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a nivel nacional, y la continuidad de la campaña agrícola 2021-2022 en el contexto de pandemia por COVID-19.
Al comentar la mencionada Ley, en el pasado mes de noviembre, decíamos que según el Diccionario de la Lengua Española una acepción de emergencia es la de “situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata”.[1] Mencionamos en esa nota que la misma Comisión Agraria del Congreso había reconocido que se trataba de una norma declarativa dado que el Congreso no puede generar gastos no previstos en la Ley de Presupuesto. Por eso, entre otras consideraciones afirmamos allí que “Salir de la emergencia alimentaria solo será posible con acciones definidas y bien estructuradas por los tres niveles de gobierno. Hablamos de acciones concretas y no de sumar leyes declarativas”.
El Decreto declarando la emergencia
El D.S. 003-2022-MIDAGRI declara en emergencia el sector agrario y de riego a nivel nacional por ciento veinte días, debido a los efectos generados por la COVID-19, así como también “por el incremento de los precios de los insumos agrarios a nivel internacional y agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro peruano, en la economía nacional y en la seguridad alimentaria” (artículo 1).
El artículo siguiente anuncia que en el plazo de diez días hábiles (contados a partir del domingo 20) el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) aprobará, por resolución ministerial, el Plan de Emergencia Agrario. El objeto del plan será reorientar las intervenciones y servicios del MIDAGRI y sus organismos adscritos a fin de “generar prioritariamente las condiciones necesarias para la continuación de las actividades productivas agropecuarias, que contribuyan al abastecimiento de alimentos agrarios en el mercado nacional contrarrestando la amenaza a la seguridad alimentaria del país” (artículo 3).
El Plan de Emergencia Agrario propondrá o desarrollará las siguientes cuatro líneas de acción:
a) Equipamiento mecánico y entrenamiento a los productores agropecuarios.
b) Formas de asociatividad, priorizando el cooperativismo.
c) Optimización y diversificación de instrumentos financieros y no financieros para productores agropecuarios.
d) Insumos agrarios y semillas certificadas, priorizando la producción orgánica o ecológica.
¿Acciones inmediatas?
Difícilmente puede considerarse a esas líneas de acción como las acciones inmediatas que reclama la emergencia alimentaria. La ya difícil situación que sufren los agricultores, agudizada por la pandemia, como venimos señalando desde que esta se inició, se ha complicado por el aumento del precio de los fertilizantes y otros insumos, amenazando la campaña agrícola y, por tanto, la disponibilidad de alimentos. Como señala Fernando Eguren en una nota de noviembre de 2021, “la cuestión alimentaria en el país era ya muy problemática antes de la pandemia”.[2]
En efecto, más allá de las razonables dudas respecto de la disponibilidad de fondos públicos necesarios para apoyar el equipamiento mecánico, y de la poca capacidad del MIDAGRI y los gobiernos subnacionales para dotar a los cientos de miles de familias de agricultores, hablar de entrenamiento en su uso supone un tiempo que la emergencia no otorga. Para no hablar de la difícil geografía y del reducido tamaño de los predios rurales. Lo mismo puede decirse de promover la asociatividad y el cooperativismo, que suponen esfuerzos y tiempo para formar esas organizaciones y más todavía para que empiecen a operar.
Sobre la optimización y diversificación de instrumentos financieros basta recordar el reducido impacto y la poca efectividad de iniciativas como el FAE-Agro, debido a que solo una porción reducida de agricultores accede al crédito. En cuanto a los insumos agrarios y semillas certificadas, recordemos que igualmente son muy pocos los agricultores y agricultoras que usan semillas certificadas y que el principal fertilizante, la urea, ha multiplicado por tres su precio en estos meses, mientras que la producción de guano de islas es insuficiente para cubrir la demanda. La ocasión hubiera sido buena para impulsar la producción agroecológica, pero se ha preferido seguir apoyando la agricultura tradicional; declarar ahora que se priorizará la agroecología (algo difícil de creer) es algo que tampoco solucionaría la actual emergencia, por el tiempo y esfuerzo que demandaría.
Así las cosas, hay que seguir reclamando a nuestras autoridades nacionales y regionales que asuman la seriedad de la grave amenaza a nuestra seguridad alimentaria y que hagan los esfuerzos necesarios para evitar la caída de la producción agraria. Basta ya de normas declarativas y sin aplicación práctica.