Por Laureano del Castillo, director ejecutivo del Cepes
Una emergencia es algo que surge de manera inesperada y que, por eso, requiere de una respuesta inmediata. Eso no parecen entenderlo ni el Ejecutivo ni el Congreso. Desde el inicio de la pandemia en CEPES veníamos alertando de la necesidad de atender las necesidades de los y las agricultoras familiares, los principales proveedores de alimentos para nuestra población, necesidades agravadas por la pandemia. Las respuestas de los sucesivos gobiernos han sido limitadas y tardías (bonos exiguos y tardíos, créditos de difícil acceso, casi nulas compras estatales, etc.).
La invasión rusa a Ucrania vino a complicar las cosas. Ya la FAO venía advirtiendo desde agosto de 2021 de la continua alza de precios de los alimentos a nivel global y del riesgo que esta se agravara, pero la guerra hizo que el precio del petróleo, de la urea, del trigo y del maíz amarillo duro se disparan en estos últimos meses.
Los efectos de estas distintas situaciones se han dejado sentir ya hace semanas en nuestro país, por lo que diversas organizaciones de agricultores, entre ellas Conveagro, anunciaron movilizaciones y protestas, sobre todo porque insumos como la urea han seguido su carrera alcista. Sin embargo, las protestas de los transportistas debido al alza de los combustibles es lo que ha prendido la mecha en estos días. A los bloqueos de carreteras se han sumado las protestas de los agricultores y de los trabajadores agrícolas en esta semana. El punto más álgido ha sido Huancayo, motivando el desplazamiento de cinco ministros a la zona y que ha terminado con un acuerdo que solo garantiza una tregua de unos días. Cuatro fallecidos es lo que hasta el momento nos dejan como lamentable saldo estos eventos y un discutible toque de qued (inmovilización social obligatoria) de un día en Lima y Callao.
Las medidas planteadas son insuficientes
Una respuesta parcial a las protestas es la reducción temporal del Impuesto Selectivo al Consumo de los combustibles más usados (los más baratos, pero también los más contaminantes: diésel y gasolinas de 84 y 90 octanos), aunque eso no necesariamiente se traducirá en la reducción de los fletes y los costos de transporte. Se anuncia la exoneración por el Congreso (no se sabe por cuánto tiempo) del IGV a los pollos, fideos y otros alimentos de consumo popular.
Para los agricultores, el ministro de Desarrollo Agrario, Oscar Zea, ha anunciado la compra de fertilizantes a Bolivia y 700 millones de soles para subvencionar su adquisión, aunque reconoce que sería necesario el doble. También el titular del Midagri aludió a nuevos mecanismos de financiamiento barato y de fácil acceso para los pequeños agricultores,[1] pues las anteriores medidas no los beneficiaron. Respecto de una de las demandas más fuertes de los agricultores, además de la importación de fertilizantes, el ministro Zea informó que se quintuplicará la extracción de guano de islas, pasando así de 20 mil toneladas en 2021 a más de 100 mil toneladas en este año. Sobre esto último el economista de CEPES, Miguel Pintado, advierte que ese volumen de guano de islas alcanzaría en el mejor de los casos para 100,000 hectáreas, siendo que existen en el país 4 millones de hectáreas cultivadas. Los propios funcionarios del Midagri señalan que esto beneficiaría a 150 mi familias de agricultores familiares, pero el universo de este sector sobrepasa los 2 millones de familias.
Lo que se requiere
En noviembre del año pasado el Congreso aprobó la Ley 31360, que declaró de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a nivel nacional, sin mayor trascendencia. Y el 19 de marzo se publicó el Decreto Supremo 003-2022-MIDAGRI, por el que se declara en emergencia el sector agrario por 120 días, debido a los efectos de la COVID-19, así como también “por el incremento de los precios de los insumos agrarios a nivel internacional y agravado por los conflictos internacionales que impactan negativamente en el agro peruano, en la economía nacional y en la seguridad alimentaria”. De acuerdo con ese decreto el pasado viernes se debió haber aprobado el Plan de Emergencia Agrario, desarrollando cuatro líneas de acción, lo que no ha sucedido.
En un reciente comentario dijimos que difícilmente se podría considerar esas cuatro líneas de acción como las acciones inmediatas que reclama la emergencia alimentaria.[2] Pueden ser importantes y útiles en el mediano plazo, pero se requiere respuestas de inmediata aplicación para aliviar la emergencia. Es por ello que coincidimos con el último pronunciamiento de Conveagro que demanda al presidente Castillo la necesidad de “que se tomen acciones concretas, tangibles y urgentes en base a la propia declaración de emergencia de la agricultura emitida por su gobierno”.[3] No hacerlo ahora solo puede aumentar los riesgos de una severa escasez de alimentos en el país.
[3] Diario La República, edición del 1.4.2022, pág. 11. Puede verse en: https://bit.ly/3wZ296i