Por Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES.
Desde 2020 se venía advirtiendo sobre los impactos que la pandemia podría tener en la producción agraria y en la producción de alimentos. La FAO y Conveagro advirtieron desde fines del año pasado de la necesidad de tomar medidas para enfrentar el creciente costo de los insumos agrícolas, particularmente de la urea.
El Congreso aprobó en 2021 la Ley 31360, declarando de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a nivel nacional y la continuidad de la campaña agrícola 2021-2022, una norma meramente declarativa y en marzo de 2022 el Ejecutivo declaró en emergencia el sector agrario por 120 días y luego publicó el Plan de Emergencia Agrario, aunque sin las necesarias precisiones. Ante la escasez mundial de urea, recién el 19 de mayo se aprobó por Decreto de Urgencia 013-2022 un fondo de 348 millones de soles para la comprarla, a fin de asegurar la campaña agrícola 2022-2023.
Se ha criticado lo limitado del fondo aprobado para la adquisición de urea. En base a información de la SUNAT se sabe que en 2021 se gastó más en importar urea que en 2019, pero el volumen fue significativamente menor. Entonces ¿cuál será la brecha por cubrir?
Es muy importante saber a qué precio se distribuirá la urea que importará el Estado. El presidente Castillo afirmó que se distribuiría gratuitamente, pero el presidente del Consejo de Ministros, había dicho que se entregaría a “costo social”, lo que volvió a escucharse en estos días. Cabe por ello preguntarse ¿cuánto estarán dispuestos a pagar los agricultores/as, considerando que el precio de la urea en el mercado local se ha elevado en estos meses hasta más del triple?
El Decreto de Urgencia 013-2022 dispone distribuir el fertilizante entre productores que conduzcan unidades agropecuarias de hasta 5 hectáreas. Pero, como muestra el Censo Nacional Agropecuario de 2012, solo una porción de ellos usa fertilizantes químicos. ¿Cuántos predios de hasta cinco hectáreas usan urea u otros fertilizantes químicos? La respuesta a esta pregunta es bastante compleja, como señala Miguel Pintado. El ministro Alencastre afirmó que a mitad de junio se completaría la Encuesta de Intenciones de Siembra 2022-2023. ¿Se evitará así que algunos puedan obtener un doble beneficio?
Se ha encargado a AgroRural a distribución de la urea a adquirir. ¿Tiene la red de distribución necesaria, la experiencia y la capacidad para asumir esta tarea? El tiempo es corto para aprender a hacerlo.
Por otra parte, ¿espera el Midagri apoyo de los gobiernos regionales y municipales? El Decreto de Urgencia no los menciona, como tampoco se refiere a los gremios agrarios, que podrían facilitar la distribución de los fertilizantes.
¿Qué más hacer?
El Midagri debería plantearse desde ahora medidas adicionales, dado el poco tiempo entre la llegada al país de los fertilizantes y su distribución, pues el inicio de la campaña agrícola está muy cerca. Por ello, entre otras cosas, habría que activar las compras públicas de alimentos a los y las agricultoras familiares, revisando las cortapisas legales vigentes.
Esta crisis se presta también para poner en práctica las normas de promoción de la agricultura agroecológica vigentes, pero poco aplicadas. Aunque en lo inmediato con prácticas agroecológicas no se podría cubrir la escasez de la urea, sí podría impulsarse un programa masivo de difusión de sus ventajas, de fertilización orgánica, etc.
En días pasados se instaló una Comisión Multisectorial de naturaleza temporal denominada “Comisión de Alto Nivel para la atención de la crisis de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar”, formada por representantes de distintos ministerios (aunque curiosamente no figura el Ministerio de Economía), la que deberá proponer medidas para garantizar la continuidad de la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos para el consumo nacional.
Desde el lanzamiento de la Segunda Reforma Agraria, en octubre pasado, se ha perdido tiempo valioso en apoyo de la agricultura familiar. Ahora que el ministro Alencastre vuelve a mencionarla, habría que esperar algunas acciones concretas en esas líneas.
Tampoco el Congreso está a la altura de los retos, pues incluso en el último Pleno Agrario del jueves 16 sigue aprobando leyes declarativas o de limitada eficacia. Confiar en que la sola aprobación de normas legales, basta para enfrentar los problemas, sin atender a su aplicación efectiva (lo que el Congreso y también el Ejecutivo vienen haciendo), podría llevarnos a una situación de hambruna que nadie desea.