Por Pedro Castillo Castañeda[1]
Desde la aprobación de la ley de titulación de las tierras de las comunidades campesinas de la costa (1997), las presiones para hacerse de las tierras de las comunidades ubicadas en esta región se intensificaron. Despojos legalizados por formas inconstitucionales de adquirir propiedad han permitido que empresas privadas puedan apropiarse de sus tierras de una manera bastante simple.
Así, aunque la mencionada ley señala que es de interés nacional el otorgamiento de títulos de propiedad y la inscripción registral de dichas tierras, lo que predomina en sus artículos son mecanismos que facilitan la adjudicación de ellas a terceros ajenos a la comunidad.
Esta situación es la que vive actualmente la comunidad campesina de San Juan de Catacaos (Piura) a través del embate de grupos económicos que han logrado adquirir parte de sus tierras mediante la aplicación de esta norma. Gracias a un grupo mayoritario de sus propios comuneros organizados y al concurso de una serie de instituciones de la sociedad civil se ha logrado frenar parcialmente una nueva legalización de pérdida de su territorio.
En efecto, este último domingo 28 de agosto, en una asamblea comunal de lo más irregular, contando con la anuencia de algunos comuneros, se intentó el otorgamiento de facultades especiales para que la directiva comunal vigente pueda negociar la transferencia de tierras a favor de grupos empresariales con presencia actual en sus tierras.
Este caso desnuda una serie de falencias del Estado peruano respecto de estos colectivos que tienen una presencia inmemorial en el norte del país. Primero, que sigue vigente y se aplica una norma como la ley mencionada, que fuera denunciada desde su aprobación como una ley inconstitucional. Luego, el hecho que desde 1940 Catacaos goza de reconocimiento e inscripción como comunidad indígena, pero que no ha servido para incorporarse a la base de datos del Ministerio de Cultura, con lo cual le resulta muy dificultoso hacer valer los derechos colectivos previstos en el Convenio 169 de la OIT y otras normas de orden internacional. Finalmente, respecto a la seguridad jurídica de sus tierras, San Juan de Catacaos no tiene un único titulo de propiedad de todo su territorio y menos está georreferenciado.
La defensa del territorio comunal les ha acarreado a los miembros de la comunidad denuncias y procesos judiciales por una serie de delitos. Por ello el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó un conjunto de acciones urgentes de protección a 26 de sus comuneros (Resolución Directoral Nº 001-2021-JUS/DGDH, del 18 de enero de 2021), luego de identificar diversas situaciones que ponen en riesgo su vida e integridad cuando defienden su territorio.
La ley de segunda reforma agraria que actualmente se está discutiendo entre algunos gremios y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, debería preocuparse por el problema de la tierra en el país, especialmente de las comunidades. Catacaos es solo una muestra del problema.
[1] Responsable del programa de acceso a recursos naturales del Cepes.