Por Fiorella Montaño | Nota publicada originalmente por Ojo Público
Los bloqueos de vías en protesta contra el Gobierno, el Congreso y en demanda del adelanto de elecciones han ocasionado el desabastecimiento y el alza de precios en productos de primera necesidad en diversas regiones del Perú. Madre de Dios se encuentra aislada por los cortes en la Carretera Interoceánica y faltan insumos básicos. En Arequipa, el precio del pollo casi se ha duplicado y escasean algunos vegetales. La situación se replica en Ica y otras localidades del país. Aunque el aumento de precios se precipitó a partir de los bloqueos, la tendencia no es reciente. Especialistas sostienen que esto repercute de manera desproporcionada en más de 16 millones de personas que ya se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada.
Desde hace una semana, los anaqueles de los principales supermercados de Arequipa están desprovistos de frutas y verduras. El domingo pasado, en el local de una conocida cadena ubicado en la avenida La Marina, no habían tomates, habas o calabazas, ingredientes necesarios para la preparación de varias recetas de la región.
El desabastecimiento no solo era evidente en los supermercados. También escaseaban los alimentos en los mercados más tradicionales. «La semana pasada no había nada de pollo [en los mercados], el precio pasó de S/9 el kilo a S/17», cuenta a OjoPúblico Cristóbal Huayapa, presidente de la Plataforma Comercial Río Seco. Este mercado, ubicado en el cono norte de la ciudad de Arequipa, abastece con más de 6.000 toneladas de alimentos a la población de la zona.
En los últimos días, el desabastecimiento ha empeorado a causa del permanente bloqueo de diversas carreteras. Las vías que comunican a Arequipa con Puno e Ica estuvieron abarrotadas de camiones con alimentos que no han podido ingresar a la ciudad sureña de forma regular.
En la plataforma comercial de Río Seco, los precios de los productos, en general, se han incrementado en un 40%. Pero hay casos, como el de la carne de pollo y cordero, en los que el alza es superior al 90%, explica Cristobal Huayapa.
Una conocida empresa de la región, dedicada a la comercialización de aves, huevos y cerdos informó, a través de un comunicado, que el desabastecimiento se debía a la imposibilidad de trasladar sus productos desde las áreas de crianza hasta las plantas.
A este problema también se sumaba la falta de maíz, soya, torta de soya y harina integral, insumos claves para la alimentación y producción de los animales que, regularmente, proceden de Bolivia.
Si los mercados en esta región no se han desabastecido en su totalidad es debido a las treguas que han otorgado algunos manifestantes a los transportistas para movilizarse por horas, y por la pequeña producción de agricultores locales.
Aún así, la cadena de distribución se ha roto. Un lunes, explicó Cristobal Huayapa, una tienda puede tener un producto, pero no hay seguridad de que esté disponible al día siguiente, por lo que la especulación de precios también es una realidad. “Nadie conoce los precios. Se vende el kilo de arroz a S/2,50, a S/3, y otros los venden a S/4”, dice.
Nadie conoce los precios. Se vende el kilo de arroz a S/2,50, a S/3, y otros los venden a S/4”, cuenta Cristobal Huayapa.
Debido a los cortes de carretera, cientos de ganaderos lecheros del sur del Perú también han tenido que botar su producción. Gianni Simoni, presidente del Consejo Regional de Leche de Arequipa, indicó a OjoPúblico que los ganaderos de la región pierden alrededor de S/1’200.000 diarios, pues los bloqueos les impiden llegar a las plantas acopiadoras.
Pese a ser afectados por esta situación, Cristobal Huaypa y su gremio se han sumado a los pedidos del adelanto de elecciones para el 2023. «Nosotros hemos salido [a protestar]. Cuando hubo las muertes del 9 de enero, nos hemos solidarizado con nuestros hermanos de Juliaca», contó. También se han sumado al rechazo a la represión hacia manifestantes de su propia región, que solo allí ha causado la muerte de tres personas desde diciembre de 2022 hasta la fecha.
En Ica, mientras tanto, se han reportado bloqueos en distintos puntos de la Panamericana Sur desde el 19 de enero, de acuerdo a información del jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región, Jorge Hernández.
Los cortes de vías han afectado el transporte de alimentos y gas de uso doméstico. Durante los primeros días, algunas unidades utilizaron una ruta alterna cruzando el desierto para llegar a la ciudad de Ica. Sin embargo, el último 23 de enero, la población decidió cerrar el paso de los vehículos hacia otras rutas alternas a la Panamericana Sur, lo que agudizó el desabastecimiento en dicha ciudad.
Desde entonces, la Policía ha realizado operativos para desbloquear la vía. En varios tramos de la carretera se produjeron enfrentamientos entre los efectivos y los manifestantes, que han dejado 66 heridos—entre civiles y policías— , según reportó la Dirección Regional de Salud de Ica.
El bloqueo de esta vía ha provocado el desabastecimiento de gas de uso domiciliario en las regiones del sur del país, pues habitualmente este es transportado desde Lima en camiones cisternas. Por este motivo, en Ica, el precio del balón de gas de 10 kilos pasó de costar S/44 en promedio a S/54, en los últimos días.
La situación más grave de desabastecimiento de combustible se registra en Madre de Dios. El gobernador regional, Luis Otsuka Salazar, indicó a TV Perú que la falta de gas también afectaba a los hospitales. En esta región, un balón de 10 kilos puede llegar a tener un valor de S/90. Además del gas, también escasean productos de primera necesidad e insumos para potabilizar el agua.
Según dio a conocer el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), al día 26 de enero, unas 140 cisternas de transporte de combustible de GLP estaban paralizadas en diferentes vías nacionales debido a los bloqueos. Estas tenían como destino Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puerto Maldonado y Pucallpa.
En el caso de la ciudad de Abancay, en Apurímac, el organismo regulador estimó que el stock de combustible de los grifos solo alcanzaría hasta el 27 de enero. Las cisternas que abastecen a la ciudad se encontraban varadas en la provincia de Aymaraes, en Apurímac, y en la región de Ica, debido a los bloqueos.
Los efectos de la convulsión social son múltiples. La Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que 1,1 millones de puestos de trabajo formales en 15 regiones del país se encontraban en riesgo a causa de las paralizaciones. Los sectores más perjudicados, según la CCL, son el minero, el agropecuario, el de manufactura, construcción, comercio y servicios.
Aún así, los impactos de la crisis política recaen de manera diferenciada en la población. Diversos especialistas alertan, por ejemplo, que el desabastecimiento y el alza de precios de los alimentos afecta de manera desproporcionada a los hogares más pobres, que ya experimentaban dificultades para satisfacer sus necesidades básicas luego de la pandemia.
Bloqueos agudizan la crisis
Aunque el alza del precio de los alimentos se precipitó a partir de los recientes bloqueos de carreteras, la tendencia no es reciente. En 2022, el Índice de Precios al Consumidor subió un 8,56% en el ámbito nacional. Sin embargo, solo en el rubro de alimentos el incremento llegó al 15,22%.
Una situación similar se observa en el Sistema de Información de Abastecimiento y Precios, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Al 27 de enero, por ejemplo, el precio máximo del kilo de papa amarilla por menor en los mercados era de S/10. Hace seis meses, en cambio, el costo máximo era de S/7 y, hace un año, S/5. En el caso del arroz extra, en enero de 2023, su precio máximo es de S/5,50, mientras que el año pasado el costo máximo era de S/4,90.
Aunque el alza de precios de los alimentos se precipitó a partir de los recientes bloqueos, la tendencia no es reciente».
Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), considera que existen factores externos que han contribuido a este alza, como el costo internacional de los commodities y los fertilizantes.
En la misma línea, Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) y director de la revista Agraria, recuerda que la seguridad alimentaria en Perú depende en gran medida de las importaciones.
“No podemos ignorar el proceso inflacionario que existe en el mercado internacional de alimentos. Por ejemplo, el 90% del trigo que se usa en el país es importado, y el 75% del maíz que se usa como alimento para los pollos proviene del extranjero”, remarcó.
A estos factores se añade la crisis que atraviesa el sector agropecuario en Perú. Un ejemplo de ello, señaló el economista Armando Mendoza en conversación con OjoPúblico, es la caída de cuatro licitaciones en el proceso de compra de 44.000 toneladas de urea.
A ese fracaso también hizo referencia Fernando Eguren, quien lo considera una muestra palpable de la «extrema incapacidad del Midagri». No solo se trata de licitaciones fallidas, señaló, sino que el proceso tenía diversos cuestionamientos desde el principio.
Según los expertos, la falta de urea recién empezará a pasar factura en el mercado nacional este año, con la disminución del rendimiento de cultivos por hectárea. De acuerdo al boletín Agro en Cifras, del Midagri, hasta noviembre pasado se sembró 20,25% menos que en el mismo periodo de la campaña agrícola anterior.
Sequía e inseguridad alimentaria
«El 2022 fue un año difícil para el Perú en tema alimentario: los precios se dispararon muy por encima de la inflación general y golpearon a las familias deteriorando sus ingresos. Este 2023 no pinta bien porque se presentará una crisis agraria más profunda», advierte Eduardo Zegarra.
El especialista considera que la inflación, el incremento internacional en el costo de insumos y la fuerte sequía registrada en regiones de la sierra sur del país en el último semestre del 2022 tendrán un impacto negativo en la seguridad alimentaria, en especial en los sectores con menos recursos.
La reducción en la cantidad de superficie cultivada en Perú —relacionada, en parte, a la escasez de fertilizantes— también es provocada por una fuerte sequía que afectó a los productores entre agosto y diciembre de 2022.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el déficit de lluvias registrado en octubre pasado en la sierra del Perú solo era comparable, en magnitud, con el ocurrido en octubre de 1976. Asimismo, en algunas localidades del sur de Cusco y en la parte central y sur de Puno, octubre fue el mes más seco de los últimos 58 años.
Una fuerte sequía afectó a los productores agrícolas entre agosto y diciembre de 2022″.
Eduardo Zegarra detalló que, entre los meses de agosto a diciembre, se debía producir la siembra del 70% de los productos a cosechar este año. Sin embargo, la sequía causó que muchos cultivos se sequen y que otros agricultores retrasaran sus siembras. Por eso, se estima una reducción en la producción de, por lo menos, el 10% para este año, en especial en papa, maíz amiláceo, quinua y cebada.
En un intento por afrontar esta crisis, en setiembre de 2022, el Midagri lanzó el FertiAbono, una subvención económica para productores agrarios que tengan hasta 10 hectáreas cultivadas y utilicen fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio. Christian Garay, director de estadística, seguimiento y evaluación de políticas del ministerio informó a OjoPúblico que la segunda entrega de este bono se realizará en 15 días.
Además, en diciembre de 2022 se anunció el Bono Sequía. Este otorga S/ 800 por hectárea a los productores afectados por la falta de lluvias, y se entregará entre el 31 de enero y 31 de agosto de este año.
Para Eduardo Zegarra, estas políticas no son suficientes y el Gobierno no está prestando atención a la política alimentaria en el país. «Se pueden hacer programas más extensos de empleo temporal, lo que ayudaría a recuperar el ingreso perdido por la sequía», dijo. El especialista señala que los agricultores, al igual que otros sectores de la población, se sienten abandonados y excluidos.
De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2021, la incidencia de pobreza monetaria en el país alcanzó al 25,9% de la población, un porcentaje que equivale a 8’556.000 personas. En paralelo, 11’430.000 personas se encontraban en situación de vulnerabilidad económica monetaria. Es decir, en riesgo de caer en pobreza monetaria.
A nivel geográfico la pobreza monetaria impacta, principalmente, a la población de la sierra (32,5%). En el caso de la selva alcanza al 26,4% de los habitantes, mientras que en la costa al 22,1% de la población. Las regiones más afectadas son Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno.
Estas cifras coinciden con el informe América Latina y el Caribe: Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. El documento —elaborado por diversas organizaciones internacionales— señala que, en Perú, alrededor de la mitad de la población experimenta inseguridad alimentaria grave o moderada. En otras palabras, aproximadamente 16 millones de personas no acceden a una dieta diaria saludable y nutritiva.
Armando Mendoza indicó a OjoPúblico que, en una crisis alimentaria, los sectores que más sufren son aquellos con menos ingresos. “Un trabajador que gana un sueldo mínimo, lo más probable es que destine el 70% de sus ingresos a su alimentación. Hay sectores de la población que, debido al alza de los alimentos, han tenido que pasar de comer tres veces al día a dos», dice.
En este contexto, Fernando Eguren, cuestionó la capacidad del Estado para dar soluciones al problema, tanto en épocas de conflicto, como en periodos de tranquilidad.
«Estamos viviendo una situación política y social muy grave. Pero, si hubiese una suerte de estrategia nacional de seguridad alimentaria que incluya situaciones de emergencia y vincule la política agraria con la política alimentaria, sería diferente», dijo.
Precisamente, algunas de las regiones con altos niveles de inseguridad alimentaria, como Ayacucho (67,2%), Apurímac (66,9%), Cusco (64,6%) y Puno (61,5%) han sido también las que han tenido una manifestación contundente frente al Gobierno y las más afectadas por la represión.