Por Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES.
En un año muy malo para la agricultura peruana la pregunta no debería ser difícil de responder.
Tras un período marcado por la carestía y escasez de fertilizantes químicos, una fuerte sequía (que aún afecta a zonas del sur andino), el ciclón Yaku, El Niño Costero, la epidemia del dengue y ahora por el inicio de El Niño Global, es entendible que los hombres y mujeres del campo esperarían un anuncio de algo así como un “shock de inversiones”, similar al que tiempo atrás se anunciaba para otros sectores.
Pero la ya proverbial falta de compromiso de las autoridades de nuestro Estado y la incapacidad del aparato público para responder a las necesidades de los hombres y mujeres del campo hacen que, siendo realistas, eso no pase de esperanzas. O de “esperar contra toda esperanza”, como escribió hace unos años un obispo (Karl Josef Romer). Se anuncia repetidamente que las autoridades -ahora sí- están coordinando acciones para reducir los daños de El Niño Global, aunque se dice también que no hay tiempo para hacer obras para evitarlos. Resulta sintomático el poco nivel de ejecución de gasto del presupuesto adicional que se logró para el llamado “Con Punche Agro”, anunciado en marzo de este año, a pesar de los meses transcurridos.
Sabemos que en el país la prevención frente a desastres no pasa de planes y documentos que se aprueban solo para cumplir con una especie de rito. En efecto, por distintas razones (entre ellas la corrupción), se saltan elementales consideraciones como el no autorizar el establecimiento de poblaciones en quebradas, o el sembrar en el lecho de los ríos o en las fajas ribereñas, por citar solo dos ejemplos.
La población debe hacer consciencia también de sus responsabilidades, pero si se la trata solo como objeto de distintas medidas, se puede entender el porqué de su resistencia y hasta complicidad. Dicho esto, es importante que se incorpore en la definición de estas medidas y en su ejecución a la población organizada. Hay un vasto tejido de organizaciones: pueblos jóvenes, juntas de usuarios de agua, juntas de administración de agua y saneamiento, entre otras, que pueden incorporarse en la definición, ejecución y monitoreo de estas acciones.
Eso es lo que mínimamente habría que esperar del Ejecutivo, pues ya sabemos que el Congreso está desconectado de la realidad del país y no entiende de las consecuencias del agravamiento de la crisis agroalimentaria que nos viene golpeando, sobre todo a la agricultura familiar que, no olvidemos, provee del 57% de los alimentos que consumimos todos los peruanos.