Beatriz Salazar, responsable del Programa de Cambio Climático del CEPES | Columna publicada en La República
En la actual coyuntura de crisis climática y alimentaria, el gobierno debería rendir cuentas sobre los avances de su gestión, comenzando con el cumplimiento de su Política General de Gobierno. Todos los sectores del Ejecutivo debieron adaptar sus planes a esta Política General. El MIDAGRI – que tiene competencias para enfrentar esta crisis- modificó su Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2027. Este Plan da una idea de los compromisos del gobierno y una base para medir su cumplimiento.
Una primera observación es la poca ambición de este Plan frente a las necesidades. El objetivo 2 es “Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios” y al 2023 se espera lograr “286 hectáreas agropecuarias y forestales acondicionadas con prácticas de manejo y conservación de suelos, y para el 2027 se espera alcanzar 17,370 hectáreas”. Pero se necesita recuperar 8.2 millones de hectáreas de paisajes degradados identificados por SERFOR. Aún estas metas insuficientes podrían incumplirse pues los estudios y actividades programadas solo cuentan con financiamiento parcial, según el Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2023 del MIDAGRI.
El objetivo número 3 es “Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios” y para el 2023 se espera lograr “13, 391 hectáreas agrícolas bajo riego con infraestructura atendidas por el MIDAGRI”, siendo la meta para el 2027 alcanzar 47, 569 hectáreas Estas metas son ínfimas ante la brecha por cubrir que alcanza 4 296 380 (cuatro millones doscientos noventa y seis mil trescientos ochenta) hectáreas sin riego.
El objetivo 4 es” Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, seguridad y defensa nacional en zonas agrarias”. Para el 2023 la meta es “5.50% de hectáreas de uso agrario protegidas ante fenómenos naturales y de cambio climático” y al 2027 se espera alcanzar 5.60% de hectáreas protegidas. Otra vez, esta meta es ínfima ante los 3.6 millones de hectáreas agrícolas en peligro por bajas temperaturas; 262,469 hectáreas en riesgo por movimientos en masa y 365,753 hectáreas en peligro por inundaciones. Y esta meta podría incumplirse por demoras en la descolmatación y defensas ribereñas, por falta de presupuesto para contratar el personal necesario, según el citado Reporte del MIDAGRI.
El Estado no está tomando en serio la amenaza del cambio climático y la crisis alimentaria, comprometiéndose a metas muy poco ambiciosas, pese a que ya empieza a vislumbrarse un futuro con eventos extremos más intensos y frecuentes, mayor irregularidad hídrica e incertidumbre sobre las afectaciones a la producción agraria. Es esencial prepararnos con políticas y planes que prioricen la inversión en adaptación y los esfuerzos por avanzar hacía una agricultura más sostenible que pueda enfrentar estas amenazas.
Participación de Beatriz Salazar en la columna de invitados de La República.
