En medio del aislamiento social y las medidas de protección que había impuesto la pandemia de la Covid-19 (mascarillas, protector facial, pediluvios y una larga lista de cuidados), el país fue sorprendido por las protestas de los trabajadores agrícolas en Ica, las que se extenderían a otros valles de la costa norte. En una rápida reacción, el 6 de diciembre el Congreso derogó la Ley de Promoción Agraria, que era el origen de las protestas. Semanas después esa ley fue reemplazada por la Ley 31110, llamada Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.
Uno de los principales reclamos de los trabajadores era el aumento de sus remuneraciones, algo que en buena medida se consiguió con la inclusión de una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), equivalente al 30 % de la RMV, sin carácter remunerativo. Pero ese no era el único punto en cuestión. Una larga lista de reclamos buscaba la mejora de sus condiciones de trabajo, por lo que la ley 31110 introdujo mecanismos para mejorar esas condiciones y encargó a las autoridades velar por el cumplimiento de las leyes laborales y otros derechos.
Precisamente, frente a la necesidad de contar con una adecuada protección de su salud, la ley 31110 estableció un incremento paulatino de la contribución que pagaban las empresas agrarias a EsSalud. La Ley de Promoción Agraria, como un estímulo adicional a las empresas que se acogieron a ese régimen, había dispuesto que ellas debían pagar solo el 6% de la remuneración de los trabajadores. Cambiando ello, la ley 31110 dispuso que desde 2025 (y 2028, para las empresas más chicas) esa contribución debía igualarse a la que pagan el resto de las empresas de otras actividades económicas, esto es, el 9%.
La reciente modificación legal introducida por el Congreso (la ley 31969), ha dispuesto en su artículo 9 que se reduzca nuevamente los aportes de las empresas agrarias, agroexportadoras y agroindustriales a EsSalud a 6% hasta diciembre de 2028. Ello ocurre a pesar de que los ingresos por agroexportación siguen batiendo récords. En efecto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció entusiastamente en febrero de 2023, que en 2022 “las agroexportaciones peruanas llegaron por primera vez a los US$ 10,421 millones, lo cual significó un aumento de 13.6% en comparación a las ventas registradas en el mismo periodo del año 2021”.[1] Según la misma fuente “las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US$ 9,080 millones, cifra superior en 9.0% a lo observado en el 2021”. La entonces ministra de esa cartera destacó la importancia de esos logros, a pesar de los problemas generados por el alza de los fertilizantes y la sequía.
A pesar de las crecientes exportaciones y de las consecuentes ganancias, los gremios exportadores reclamaron la atención del Congreso, argumentando pérdidas, así como los mayores desafíos del clima. Como vemos, el Congreso respondió prestamente a esos reclamos, aunque ello signifique debilitar más a EsSalud. Al respecto, un reciente informe dio cuenta de cómo los gastos de Essalud se incrementan, sin que aumente sus ingresos: “Solo en 2022, S/15.010 millones salieron de las arcas para pagar prestaciones económicas, asistenciales, gastos administrativos, infraestructuras y otros. Aunque se proyecta que para el 2023 el monto aumente en 6.09 % hasta alcanzar los S/27.827 millones”.[2]
Si, como a todos nos consta, los servicios que presta EsSalud son deficientes, siendo mayor la precariedad en el ámbito rural, un recorte en los ingresos de la entidad sólo puede significar peor atención a los asegurados de las empresas agrarias. ¿Así piensan los congresistas que se beneficia a los trabajadores agrarios?
[1] https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/698304-nuevo-record-las-exportaciones-agrarias-super
[2] https://www.infobae.com/peru/2023/12/25/essalud-en-quiebra-los-motivos-detras-del-deficit-financiero/