Por Pedro Castillo Castañeda
El sistema judicial peruano enfrenta un desafío estructural al intentar integrar las prácticas de justicia tradicionales y no discriminación de comunidades indígenas, rondas campesinas, jueces de paz y el pueblo afroperuano con el marco estatal. Estas formas de justicia, esenciales para preservar la identidad cultural y social de los pueblos, han sido históricamente ignoradas o subordinadas, generando tensiones y desconfianza hacia las instituciones judiciales estatales.
En este contexto, el XII Congreso Internacional de Justicia Intercultural aprobó la Estrategia Nacional sobre Justicia Intercultural, un esfuerzo por incluir y reconocer estas prácticas en el sistema estatal. Sin embargo, este avance plantea preguntas sobre si representa un cambio real. La estrategia busca superar la visión homogénea y occidental del sistema judicial, reconociendo que las prácticas comunitarias no solo regulan conflictos, sino que reflejan valores profundamente arraigados.
A pesar de los avances, persisten barreras estructurales como la falta de recursos y la resistencia cultural en el sistema judicial, así como problemas de coordinación entre autoridades locales y estatales. Estas tensiones se agravan en zonas rurales donde las decisiones estatales contradicen las costumbres locales, perpetuando episodios de discriminación y criminalización de las autoridades comunales.
La Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial, creada para promover el diálogo entre sistemas normativos, lideró la elaboración de la estrategia con metas como la capacitación intercultural de jueces, la creación de plataformas de aprendizaje mutuo y la participación activa de comunidades indígenas, afroperuanas y rondas campesinas. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos significativos: superar prejuicios, garantizar recursos y transformar estructuras excluyentes.
El proceso de construcción de la estrategia incluyó encuentros descentralizados en regiones clave, un congreso nacional, y un certamen internacional; garantizando su legitimidad al reflejar las voces de las comunidades nacionales y usando como enfoque el derecho a la participación del Convenio 169 de la OIT. Se aprobaron seis ejes estratégicos: institucionalidad intercultural, actuación judicial con pertinencia cultural, coordinación interinstitucional, capacitación y difusión, sistemas de información y monitoreo participativo. Estos ejes buscan integrar las tradiciones locales al marco estatal, fortaleciendo el diálogo y eliminando prácticas discriminatorias.
El Congreso culminó con la Declaración de Cusco[1], que reafirma el compromiso del Poder Judicial con la inclusión y el respeto a la diversidad cultural. Sin embargo, el documento, tiene el reto de su implementación, el cual solo será efectivo si se traduce en acciones prácticas sostenibles. Esto requerirá financiamiento adecuado, capacitación en competencias interculturales y un cambio cultural en las instituciones estatales.
La Estrategia Nacional representa un paso hacia un sistema más inclusivo, pero su éxito dependerá de la capacidad del Poder Judicial para superar las barreras históricas y garantizar la participación activa de las comunidades. Si se logra, podría convertirse en un modelo regional de justicia intercultural.