Por Miguel Pintado
El mundo ha experimentado una serie de crisis alimentarias desde 2006, configurando sistemas alimentarios volátiles, frágiles e insostenibles. Los esfuerzos para erradicar el hambre y controlar otras formas de malnutrición han sido en gran medida infructuosos, lo que evidencia un sistema alimentario global fallido. En el Perú, las debilidades estructurales han profundizado las fallas del sistema global, impactando los resultados nutricionales.
El Perú enfrenta múltiples formas de malnutrición simultáneamente. En cuanto al hambre, los avances han sido casi nulos, con más de un tercio de la población subalimentada y cifras cercanas al 40% en Lima y otras áreas urbanas. El acceso económico, la vulnerabilidad social y un Estado débil son obstáculos principales.
Respecto a la desnutrición, si bien las estadísticas oficiales muestran una reducción en la desnutrición crónica infantil a nivel nacional (del 28.5% en 2007 al 11.5% en 2023), persisten diferencias alarmantes entre áreas urbanas y rurales, la costa y la sierra, y entre departamentos. Factores estructurales como la falta de servicios básicos, la precariedad del empleo y las condiciones de vivienda subóptimas influyen en estos resultados.
El déficit de micronutrientes, particularmente de hierro, muestra un desempeño deficiente. La prevalencia de anemia en mujeres en edad fértil se ha mantenido alrededor del 20% en los últimos 10 años, y en niños menores de 3 años, alrededor del 40%. Las consecuencias de la anemia son graves, incluyendo limitaciones en el desarrollo psicomotor, cognitivo y emocional, y afectaciones crónicas de salud. Los esfuerzos estatales no han sido suficientes para revertir este problema de salud pública.
El exceso de peso es un problema creciente con consecuencias incalculables. La prevalencia del sobrepeso y la obesidad, que antes se mantenía relativamente estable en la población infantil, se ha disparado y generalizado a todos los grupos poblacionales y áreas geográficas.
El sistema alimentario peruano adolece de fallas económicas, sociales e institucionales. Económicamente, la adopción de un modelo neoliberal no ha logrado distribuir la riqueza ni generar desarrollo, sino que ha profundizado las desigualdades. La precariedad social se ha evidenciado tras la pandemia, con millones de hogares con ingresos insuficientes, sin ahorros o sin acceso continuo a agua. Estas dificultades impactan directamente en el acceso alimentario y explican la persistencia de la subalimentación y la dificultad para reducir la desnutrición crónica infantil.
Socialmente, el crecimiento de los ingresos y la urbanización han impulsado un estilo de vida sedentario, un consumo excesivo de calorías y dietas desbalanceadas. La expansión de la comida chatarra y los alimentos procesados ha contribuido al aumento del sobrepeso y la obesidad, un fenómeno que ya no es exclusivo de las áreas urbanas. A diferencia del hambre y la desnutrición crónica, esta forma de malnutrición parece ser independiente del estatus económico y el nivel educativo, reflejando una oferta alimentaria de baja calidad accesible a todos los estratos.
Institucionalmente, el Estado muestra debilidades para establecer normas y políticas eficaces. En el caso del hambre, la acción estatal ha sido casi inexistente. En la desnutrición crónica infantil, aunque se han logrado avances, persiste el desafío de descentralizar estos logros. En el déficit de micronutrientes, las acciones estatales no han dado los resultados esperados, y la implementación de leyes como la de fortificación del arroz enfrenta desafíos en cuanto a financiamiento, coordinación intersectorial y logística.
Respecto al sobrepeso y la obesidad, los avances normativos han sido lentos e insuficientes para controlar su expansión. Las regulaciones en el etiquetado de alimentos son limitadas, ya que las elecciones alimentarias dependen de múltiples factores más allá de la información nutricional. En síntesis, las medidas estatales que no consideran la complejidad y multidimensionalidad del problema alimentario están destinadas al fracaso. El próximo proceso electoral de 2026 representa una oportunidad para replantear las orientaciones del Estado en materia alimentaria, lo que requiere una sociedad civil capaz y dispuesta a impulsar estos cambios.