La llamada Ley Chlimper 2.0, aprobada por el Congreso de la República, se presenta como un beneficio para la agricultura familiar, pero en realidad restituye beneficios tributarios a las grandes empresas agrarias y abre la puerta a transacciones privadas de agua. Mientras el discurso
oficial habla e formalización y asociatividad, especialistas advierten un grave impacto fiscal y una posible privatización encubierta de un recurso estratégico.
Laureano del Castillo, escribe una nota para la revista Agroperú sobre la Ley Chlimper 2.0