Por Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES
Los productores arroceros han iniciado hace unos días una paralización por la falta de atención del Estado a sus reclamos. En por lo menos 5 regiones del país (Piura, Lambayeque, Arequipa, Puno y San Martín) se han bloqueado las vías de comunicación, con la grave afectación que ello implica. Pero los arroceros no son los únicos, también protestan los productores de banana y de caña de azúcar.
Estas medidas de fuerza se producen luego de meses de reclamos de los productores, debido a múltiples problemas, sobre todo por los bajos precios que reciben por el arroz (entre 80 céntimos y un sol por kilo), mientras los consumidores lo compran entre 2,80 y 5 soles por kilo, un viejo problema que hasta ahora no encuentra solución. A este problema se ha sumado el fuerte incremento del precio de los fertilizantes y otros insumos, de los combustibles, la competencia de las importaciones de arroz, así como la falta de previsión frente a las amenazas de El Niño Costero y la demanda de declaración de emergencia del sector agropecuario, entre otros reclamos.
Reaccionando tardíamente a estas protestas, hasta el momento la respuesta de las autoridades ha sido muy tibia: se ofrece más de S/ 100 millones para la compra de arroz por el Estado, más la asignación de S/ 50 millones para el mantenimiento de canales de riego y la instalación de una comisión técnica de seguimiento, medidas que deben hacer parte de un decreto de urgencia que todavía no se aprueba. El gobierno intenta así poner paños fríos al conflicto, aprovechando que los productores anunciaron una tregua de 10 días, condicionada a la aprobación de esas medidas.
No es, lamentablemente, la primera vez que las autoridades esperan tener un conflicto abierto para intentar respuestas apresuradas. Más lamentable aún es que luego de promesas oficiales las protestas se levanten. Así ocurrió con la huelga nacional de mayo de 2019, en que se obtuvo fundamentalmente promesas que luego la pandemia y la desidia oficial les hicieron olvidar; pero los problemas subsistieron.
Los productores agrarios son quienes proporcionan cerca del 60 % de los alimentos que consumimos los peruanos. En la actual situación, en que la pobreza afecta al 29 % de la población y la inseguridad alimentaria afecta a la mitad de los peruanos y peruanas (según FAO), los reclamos de los productores agrarios no se pueden seguir postergando. Las respuestas, pues, no pueden seguir siendo simples parches o soluciones improvisadas; se requiere realmente enfrentar los problemas de esos peruanos y peruanas que alimentan al país.