Actualidad Opinión

La crisis sanitaria y la urgente atención al agro

Por Laureano del Castillo

A la luz de lo visto en estas cuatro semanas resulta obvio el sesgo urbano de las diversas medidas que ha aprobado el Gobierno Nacional para enfrentar la grave situación generada por el COVID-19, y que podría generar el desabastecimiento de alimentos, como advierte el economista Eduardo Zegarra[1]. Por ello mismo, cabe hacer algunas reflexiones que surgen en esta situación de emergencia.

La primera es la desatención del Estado peruano hacia los productores agrarios y la población del campo. Ahora que se necesita asegurar la producción de alimentos para las ciudades, los hombres y mujeres del campo muestran las limitaciones que la emergencia ha agravado y, legítimamente, reclaman condiciones para asegurar el desarrollo de sus actividades para permitirles seguir produciendo los alimentos que todos necesitamos. En ese sentido, como las autoridades reconocen, es necesario repensar la forma en que venimos haciendo las cosas en el país y, por ello sería necesario revisar la importancia que se le asigna a la agricultura y al mundo rural, no solo para producir alimentos sino para hablar de un auténtico desarrollo nacional, incluyente y democrático. No resulta sostenible, por ello, que las políticas públicas beneficien principalmente a las empresas agroexportadoras (cuya producción se destina al extranjero; no a lo que consumimos diariamente los peruanos) y dejen de lado al 98% de los productores agrarios, para los cuales solo ha habido medidas aisladas, de corto plazo y muy limitadas en su alcance.

Resulta significativo que las propuestas para atender a la población en situación de carencia se refieran al Sistema de Focalización de Hogares –SISFOH–, manejado por el MIDIS, el cual brinda información sobre las intervenciones focalizadas del Estado para atender a la población, el cual registra alrededor de 1.7 millones de hogares agropecuarios, mientras la última Encuesta Nacional de Hogares –ENAHO– registró 2.6 millones de hogares agropecuarios, lo que significaría un submuestreo del SISFOH del 35%.

En segundo lugar, resulta también significativo que los gremios y organizaciones agrarias se dirijan al Poder Ejecutivo y especialmente al Presidente de la República reclamando su atención. En medio de un proceso de descentralización incompleto, nuestras organizaciones agrarias parecen olvidar que además del Gobierno Nacional, también tienen parte en este problema los Gobiernos Regionales y los Gobiernos locales. Ellos tienen no solo responsabilidades sino también recursos, a los que se las ha añadido fondos adicionales por el Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia. Además, están más cerca de la población de sus respectivos ámbitos, por lo que deberían conocer y enfrentar mejor sus necesidades. Es entonces, también el momento para empezar a  repensar en una  descentralización que supere el actual orden, pues en un país con 24 departamentos tenemos ahora 25 gobiernos regionales. 

Alertando que la situación de emergencia que vivimos en el país amenaza con una severa disminución del flujo de alimentos y atenta contra la seguridad alimentaria se han  pronunciado la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú –JNUSHRP– y la Convención Nacional del Agro Peruano –CONVEAGRO– lanzando la propuesta “A Comer Saludable Perú”, orientada a garantizar la provisión de alimentos para las ciudades[2]. Asimismo, 13 organizaciones agrarias publicaron un pronunciamiento en el que plantean propuestas complementarias[3]. Adicionalmente, organizaciones representativas de los pueblos indígenas de los Andes y de la Amazonía, han hecho llegar su preocupación por la falta de atención a la problemática de las poblaciones indígenas en el país y reclaman principalmente medidas sanitarias adecuadas a sus necesidades[4].

Esos diferentes documentos tienen en común llamar la atención de las autoridades sobre las carencias del mundo rural, expresadas en los precarios servicios de salud, los deficientes servicios de educación, comunicaciones y transporte que sufre la población rural, realidades que la actual crisis sanitaria han puesto en evidencia. Es hora, pues, de atender a estos ciudadanos y ciudadanas que nos proveen de los alimentos variados y nutritivos, base de la culinaria que nos enorgullece pero que, sobre todo, nos alimenta. 

Lima, 17 de abril de 2020.


[1] La República, 15 de abril 2020. Puede verse en: https://bit.ly/2VsAINM

[2] Propuesta publicada el 24 de marzo 2020. Puede verse en https://bit.ly/2KeA94U

[3] Pronunciamiento del 12 de abril de 2020, suscrito por AGALEP, ANPAL-PERÚ, ANPAR QUINUA, ANPE PERÚ, APEAR, APCACAO, CCP, CAAP, CNA, JUNPALMA, JNC, FONDGICARV PERÚ y SPAR. Puede verse en https://bit.ly/2xDWhD1

[4] Pronunciamiento del 6 de abril 2020, suscrito por AIDESEP, FENMUCARINAP, CONAP, UNCA PERÚ, CCP y CNA. Por video se pronunció ONAMIAP, que puede verse en https://bit.ly/3es1lLn

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