Actualidad Opinión

Emergencia agraria por el COVID-19: ¿Qué debe tener en cuenta el gobierno?

Por Beatriz Salazar*

Las restricciones a la movilidad debido a la pandemia del COVID 19 han agravado la ya crítica situación de la agricultura familiar, de la que depende la seguridad alimentaria de todo el país. Pero no es la primera vez que se presenta una emergencia en el sector como los casos de el Fenómeno El Niño extremos, y muchos aprendizajes pueden sacarse de experiencias pasadas -y también presentes.

Hasta el momento, el gobierno ha anunciado medidas como el otorgamiento de un bono rural, un protocolo para que los agricultores puedan trabajar, permisos para transitar y trasladar mercadería, mercados itinerantes, empleo temporal en mantenimiento de infraestructura de riego a través de núcleos ejecutores, y financiamiento directo a los pequeños agricultores. A continuación revisaremos algunas cuestiones que el gobierno debería tener en cuenta al enfrentar esta emergencia, recogiendo lecciones aprendidas durante experiencias similares.

PERMISOS DE TRABAJO Y TRÁNSITO 

Como señala el dirigente puneño Julio César Aroquipa Vilca[1],  la campaña agrícola -sobre todo en las comunidades de sierra y selva- es comunitaria y colectiva: requiere del ayni y de la mink´a comunal. El gobierno dispuso la obligación de tramitar un pase personal laboral para que personas vinculadas a la actividad agraria puedan circular y operar con normalidad. Sin embargo, se han registrado denuncias de que las fuerzas del orden intervienen a los productores cuando salen a realizar labores agrícolas y ganaderas[2]. Además, el toque de queda a partir de las 4 de la tarde en varias regiones interfiere con los turnos de riego . Desde Piura informan que muchos agricultores necesitan permanecer en sus parcelas pasada esa hora y durante toda la noche.[3]

Para enfrentar estos problemas, se requiere mayor difusión entre los agricultores de la existencia del Permiso Laboral y su trámite, así como de otras medidas relacionadas con la emergencia,  para lo cual podría replicarse la experiencia de difusión de microprogramas en radios rurales que han desarrollado numerosas organizaciones, ONG y el propio Estado. Asimismo, es necesario que las fuerzas del orden informen a su personal sobre estas medidas y coordinen  con las autoridades  subnacionales, y las fuerzas del orden para prevenir incidentes con los agricultores. 

Por otro lado, tanto en la temporada de cosecha como en la siembra las familias suelen recurrir al apoyo de familiares, sobre todo los jóvenes que actualmente no pueden viajar a sus lugares de origen debido a la cuarentena. Esta es una razón más para que el Estado acelere el apoyo a las personas que desean retornar a sus regiones desde las ciudades.  

EL BONO RURAL

El gobierno anunció un bono de S/.760 para  un millón 98 mil familias rurales. Pero según la última Encuesta Nacional de Hogares –ENAHO– existen 2.6 millones de hogares agropecuarios, lo que indicaría que más de un millón de estos hogares  no recibirían este bono. La identificación de los beneficiarios del bono rural se basa en  el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), y sería cruzado con información de las juntas de usuarios de riego, la Autoridad Nacional del Agua, Agrobanco, el Fondo AgroPerú y los gremios de productores. Esta ampliación del padrón es necesaria. Recordemos que durante la emergencia de El Niño Costero también se entregó bonos a agricultores afectados. Sin embargo, muchos productores protestaron por no haber sido incluidos en ese beneficio. No hay que olvidar tampoco la necesidad de coordinar con los representantes de comunidades campesinas, que en la mayoría de casos no están afiliadas a gremios de productores o a juntas de usuarios de riego.  

El cobro del bono también presenta dificultades, pues se hará en sucursales del Banco de la Nación u otras entidades financieras que muchas veces están a kilómetros de distancia de los hogares rurales. Dadas las restricciones en la movilidad, habría que prevenir que las fuerzas del orden obstaculicen el cobro del bono. Otra vez, aquí es necesaria una coordinación estrecha de las organizaciones de agricultores, las autoridades y las fuerzas del orden.  

Por otro lado, la naturaleza de este bono es asistencial, para cubrir las necesidades básicas de las familias rurales, pero no cubre en absoluto la inversión que deben hacer los productores para la cosecha o para la preparación de la próxima campaña. Esas tareas requieren otro financiamiento mucho mayor, en la línea de lo que propone Conveagro, que reclama un “Fondo de Salvataje y Reactivación de la Agricultura Familiar” con una asignación de cinco mil millones de soles..  

Cabe recordar que tras la emergencia de El Niño costero,  también se planificó un paquete de ayuda a los agricultores, que incluía la entrega de 20 millones de soles para un bono de emergencia de S/.1,000 por hectárea (hasta 4 hectáreas). Pero  el monto fue calificado por los propios productores como insuficiente y no llegó a todos los damnificados.[4]

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Una medida que sí estaría orientada a la preparación de la próxima campaña agrícola es la asignación de S/.110 millones para el mantenimiento de la infraestructura de 18,950 km de canales de riego y drenes a través de núcleos ejecutores, que se ha anunciado se hará en coordinación con la Junta Nacional de Usuarios. Las tareas de estos núcleos ejecutores también incluyen mantenimiento de suelos, reforestación, colocación de zanjas e instalación de pastos naturales. 

El modelo de los núcleos ejecutores con una alianza entre el MINAGRI y las Juntas de Usuarios de Riego ya fue puesto en práctica en el marco de la Reconstrucción con Cambios [5] e incluso el gobierno propuso la modificación de la Ley de Juntas de Usuarios de Agua para convertirlos en núcleos ejecutores.[6]  Sin embargo, no todos los agricultores del país están organizados en Juntas de Usuarios, las cuales se concentran en la costa. A escala nacional existen 127 Juntas de Usuarios, de las cuales 61 se ubican en la costa, 54 en la sierra y 12 en la selva.[7]  Habría que prestar especial atención al caso de las comunidades campesinas que no suelen contar con organizaciones formales de riego.

FINANCIAMIENTO PARA AGRICULTORES FAMILIARES

Otra medida orientada a facilitar el desarrollo de la próxima campaña agrícola y prevenir el desabastecimiento de alimentos es la anunciada línea de crédito de 600 millones de soles, con tasas de hasta 5%, con el fin de que los agricultores puedan adquirir fertilizantes y semillas.  Sin embargo, son pocos los agricultores que recurren al crédito formal para financiar sus actividades. Según el MInagri, sólo el 9.1% de productores gestionó financiamiento.[8] Un estudio realizado por CEPES coincide en que la probabilidad de que un productor agropecuario solicite crédito de una institución financiera es apenas de 10.8%. La principal variable que influye (positivamente) en la probabilidad de que un productor agropecuario solicite crédito es la asistencia técnica que recibe. En segundo orden influyen la pertenencia a una asociación con fines económicos, la tenencia de título de propiedad y que la lengua materna del productor no sea español  (con signo negativo). Así, la asistencia técnica aparece como el eje central de las políticas que busquen incrementar el uso del crédito. Otro hallazgo del estudio de CEPES es que el desarrollo del sistema de garantías mobiliarias puede tener un impacto positivo en la demanda de crédito entre los productores agropecuarios.[9]

Otra investigación [10] sostiene que el componente de asistencia técnica debe ser un elemento obligatorio en los modelos de crédito agropecuario otorgados a los pequeños y  medianos productores y que este servicio debe ser otorgado por profesionales especializados en el sector agropecuario, con experiencia reconocida en la zona de influencia y que radiquen en ella. ¿La iniciativa del gobierno tiene en cuenta estos factores?

ALTERNATIVAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS

Hasta el momento no hemos escuchado sobre medidas para prevenir pérdidas de vidas, cultivos y crianzas por la temporada de heladas que se avecina. Convendría revisar y reforzar el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 2021 tomando en cuenta la actual situación de emergencia.

Asimismo, en cumplimiento de los compromisos del Perú en torno a la diversidad bIológica, el cambio climático y la lucha contra la desertificación, es necesario que el Estado asigne mayores recursos para garantizar y mejorar la capacidad natural de los ecosistemas para proporcionar servicios de regulación hídrica, mantenimiento de la biodiversidad, secuestro del carbono, control de erosión de suelos, y provisión de recursos genéticos, entre otros que contribuyen a sostener la capacidad productiva de la agricultura familiar.

La promoción del consumo de cultivos nativos como yuca, pituca, camote, papa, quinua, entre otros[11] es conveniente ante el riesgo de que productos como trigo, arroz y otros -cuyos precios y disponibilidad son influenciados por los mercados internacionales-  sean menos asequibles en los próximos meses. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) advierte que 20 países ya emplean alguna medida para restringir o controlar sus exportaciones de alimentos para garantizar su abastecimiento interno. Recordemos que en la década pasada se registraron restricciones en las exportaciones de arroz y trigo de varios países, lo que causó aumentos de precios de 45% y 30% respectivamente.[12]

Asimismo, la canasta familiar que las municipalidades distribuirán a sus poblaciones vulnerables debería incluir alimentos producidos localmente, lo mismo que las compras realizadas por programas sociales. 

La actual pandemia ha evidenciado las profundas desigualdades que hacen que los agricultores familiares y otras poblaciones vulnerables estén en riesgo de ser los grandes perdedores en esta coyuntura. Pero esta también puede ser una oportunidad para que el Estado y la sociedad peruana en general reconozcan el rol esencial de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria nacional, sin escatimar los recursos necesarios para su desarrollo.


* Responsable del Programa de Cambio Climático del CEPES.

[1] Julio César Aroquipa Vilca. Puno: Comunidades andinas y autogestión en tiempos de pandemia.  https://bit.ly/2Vt0vqi

[2] CNA. Las familias agropecuarias campesinas indígenas originarias seguimos trabajando por la seguridad y soberanía alimentaria  https://bit.ly/3eHxoXW

[3] Ampliación de toque de queda afectaría a los agricultores. Diario Correo https://bit.ly/3aoS5Vj

[4] RPP. Gobierno inició entrega de bonos de S/ 1,000 por hectárea a agricultores afectados por El Niño https://bit.ly/2VJiAPQ

[5]  Andina. Minagri conforma núcleos ejecutores.  https://bit.ly/2VM4PQt

[6]   Gestión. Gobierno propone modificar de ley de Junta de Usuarios de Agua para convertirse en núcleos ejecutores https://bit.ly/34WZny9

[7] Andina. Autoridades evaluarán el marco legal de las juntas de usuarios de agua https://bit.ly/2wYq74V

[8] MINAGRi. Plan Nacional de Cultivos 2019-2020. https://bit.ly/2RWPJ9E

[9] Alvarado Guerrero, Javier; Pintado Linares, Miguel. Necesidad, demanda y obtención de crédito en el sector agropecuario en el Perú. CEPES. FAO. 2017  http://www.fao.org/3/a-i6713s.pdf

[10] Ravines, Andrea. “Situación del crédito agrícola en el Perú.” https://bit.ly/3anlG1e

[11] Haroldo Salazar Rossi. ¿Qué hacer desde las comunidades? Recomendaciones frente a la crisis. https://bit.ly/351jEmn

[12] García Adriana. REstricciones a las exportaciones de alimentos ante el COVID19. Blog de IICA. https://bit.ly/2RWQ3oS

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