Por Ana Lucía Araujo Raurau*
Introducción
El relevo generacional en el campo viene tomando progresiva relevancia para el desarrollo rural por dos motivos puntuales. Primero, por el proceso generalizado de envejecimiento de la población rural y sus potenciales perjuicios para el devenir y la productividad de las actividades económicas, como la agricultura o ganadería. Este proceso de envejecimiento está explicado por el incremento de la población adulta mayor y por la tendencia emigratoria de los jóvenes rurales hacia áreas urbanas (Dirven, 2003).
La fuga de jóvenes del espacio rural implica también la pérdida de competencias y disposiciones de las que goza esta nueva generación en comparación con sus antecesoras, así como de la potencialidad de sus contribuciones al desarrollo económico de estos territorios. El actual segmento joven se caracteriza por tener un mayor nivel educativo que sus padres y abuelos, contar con un acceso y manejo superior de la tecnología, y disponer de una mayor apertura a la innovación (PROCASUR, s/f; Urrutia 2017). El acceso y logro educativo de las mujeres jóvenes rurales en el Perú se ha incrementado constante y geométricamente. El aprovechamiento adecuado de esta generación y su ocupación en empleos de alta productividad serían claves para fortalecer el crecimiento económico de los espacios rurales (Trivelli y Urrutia, 2019a).
Los jóvenes continúan siendo una población vulnerable en los espacios rurales. La juventud es una etapa de transiciones claves para la trayectoria de vida de una persona: es durante este periodo que los y las jóvenes se van abriendo paso sea a la educación superior, al mundo laboral, a la residencia en nuevas localidades y/o a la conformación de una nueva unidad familiar (Urrutia, 2017). Pero las precarias condiciones económicas, sociales e institucionales de los territorios rurales restringen significativamente el desarrollo de estas transiciones. (Urrutia, 2017; Trivelli y Urrutia, 2018).
Precisamente, una de las principales limitaciones es su posición marginal en las dinámicas de acceso y transferencia de activos. En efecto, estudios desarrollados a nivel de América Latina (PROCASUR, s/f; Kessler, 2005) evidencian la existencia de amplias brechas generacionales de acceso a recursos naturales como tierra, agua, pastos, bosques u otros. Dichas brechas se constituyen, por defecto, como drivers centrales de la emigración juvenil de sus localidades de origen a ciudades. Al respecto del caso peruano, nos preguntamos ¿cuál es el estado de la participación y/o marginación de la juventud rural en el acceso a activos y en las economías agropecuarias? Veamos su situación a la luz de los censos agrícolas y de población.
El lugar de los jóvenes en las economías agrícolas y pecuarias
El censo del año 2017 registró un millón y medio de jóvenes rurales, aproximadamente el 5% del total de la población peruana, y 23% del total de jóvenes. A diferencia de las áreas urbanas, la juventud rural se concentra en los grupos de menor edad, específicamente en el segmento etario de 15 a 18 años. Dentro de sus hogares, , un no despreciable 36% se desempeña como jefe/a de hogar o como cónyuge de su propio núcleo doméstico. A nivel territorial, los jóvenes rurales se concentran en cuatro zonas del país: la sierra norte, la selva norte, la selva alta del centro-sur (VRAEM), y la sierra sur (Trivelli y Urrutia, 2019a). Los jóvenes se auto-identifican mayoritariamente como mestizos (45%) y quechuas (34%), mientras que una minoría de 5% y 4% se identifican como nativos amazónicos y aymaras, respectivamente.
La juventud tiene una posición marginal en la producción y conducción directa de la tierra: apenas el 12% de productores agropecuarios es joven (INEI, 2012); de esta minoría, el 63% es propietario de alguna de las parcelas en las que trabaja (Urrutia, 2017). El restocarece de propiedad y deben acceder a la tierra bajo diversos esquemas de cesión como el arriendo, el traspaso temporal u otros. De esto se explica que, las hectáreas en promedio que conducen los jóvenes (2.8 ha) sean casi la mitad de las que conducen los adultos (5.1 Ha).
En contraste, se observa que los jóvenes participan ampliamente de los mercados y redes de trabajo rurales. En comparación con la juventud urbana, los niveles de desocupación o de población que estudia y no trabaja son bastante menores en la ruralidad (Trivelli y Urrutia, 2019b). Diversos autores coinciden, no obstante, que la problemática alrededor del empleo que concentra la mano de obra juvenil en el campo es su aminorada calidad: esto es, su poca estabilidad laboral, y su baja o nula retribución monetaria (Dirven, 2003; Boyd, 2014; Trivelli y Urrutia, 2019b). Así por ejemplo, Trivelli y Urrutia (2019b) evidencian que más de un tercio de la mano de obra juvenil rural se emplea como trabajador familiar no remunerado (TFNR); en tanto que sólo el 13% se ocupa como trabajador independiente. En su gran mayoría, los jóvenes rurales (60%) laboran en el sector agropecuario; de este grueso, cerca del 83% se ocupa como peón. En todos los casos, indistintamente del sector en el que laboren, la proporción de mujeres jóvenes rurales que trabaja como TFNR es considerablemente mayor que la de los varones jóvenes.
En síntesis, en paralelo con su restringida participación en la actividad agropecuaria debido a su limitado acceso a activos productivos, los jóvenes deben lidiar también con la alta precariedad que caracteriza al empleo agropecuario y rural. En conjunto, ambas situaciones determinan las aminoradas oportunidades de las que disponen para desarrollarse en el marco de las economías agropecuarias. En la siguiente sección analizamos cómo se configuran y operan las barreras que limitan el acceso de los jóvenes rurales a los recursos naturales en sus localidades de origen.
Las comunidades como productoras de barreras generacionales
Una de las principales instituciones involucradas en la gobernanza local de la tierra y los recursos naturales son las comunidades campesinas y nativas[1]. Estas gobiernan y gestionan una parte significativa de las tierras de cultivo y la gran mayoría de la superficie de pastos naturales. Disponen, pues, de activos fundamentales para su desarrollo económico. Es por ello que, para analizar en detalle cómo operan las barreras generacionales de acceso a los recursos naturales, examinamos etnográficamente los casos de 3 comunidades: la CC de Huamantanga[2], ubicada en la sierra de la región Lima; la CC San José de Churia[3], ubicada en la región Ayacucho; y la CCNN de Oviri[4], ubicada en la selva de la región Junín.
La pertenencia a estas organizaciones comunitarias sigue condicionada a la transición de los jóvenes a la adultez. La problemática surge entonces, en las concepciones tradicionales que estas instituciones mantienen respecto del ser adulto (cf. Escobedo, 2015). Así, por ejemplo, la CC San José de Churia, hasta hace sólo una década mantenía en su estatuto la obligatoriedad del matrimonio para acceder a la condición de comunero. Dicha regla ya no corresponde a la realidad actual de los jóvenes de la localidad, quienes se casan a edades más tardías respecto de las generaciones anteriores. Aunque en otras comunidades esta regla expresa no existe, los jóvenes –especialmente las mujeres- siguen perteneciendo a sus núcleos domésticos originales hasta la conformación de sus propias familias, etapa en la que recién adquieren la legitimidad para unirse a la comunidad y solicitar recursos. Sólo en casos excepcionales se ha reconocido a varones jóvenes solteros como comuneros; en el caso de las mujeres jóvenes, esto sólo sucede cuando son madres solteras.
A las comunidades les cuesta adaptarse a las nuevas dinámicas de vida de este segmento poblacional. La incorporación o participación plena de las familias en las comunidades aún suele estar sujeta a su arraigo total en las localidades. Pero la gran movilidad caracteriza a los jóvenes pues con frecuencia deben migrar estacionalmente por razones laborales o o educativas a ciudades capitales, o mantener economías de ‘dos patas’ (urbano-rurales) que requieren desplazamientos cotidianos desde la comunidad hacia la ciudad intermedia, y viceversa. Un caso que expone las restricciones a la movilidad es el de la CCNN de Oviri, en donde las personas que desean incorporarse como comuneros calificados a la institución están obligadas a residir establemente por dos años en la localidad, y sólo pueden salir a trabajar a la provincia bajo el permiso de las autoridades y por periodos restringidos de tiempo. Esto ha terminado por desalentar a muchos jóvenes solteros de involucrarse en la institución a muchos jóvenes solteros que se emplean como jornaleros agrícolas o madereros en otras provincias.
En la misma línea, una tercera cuestión a apuntar es que las relaciones que plantean las comunidades con sus comuneros suelen no contemplar la situación de vulnerabilidad económica y social de las familias jóvenes. La CC de Huamantanga, por ejemplo, mantiene aún en funcionamiento su tradicional sistema de rotación de cargos de fiestas por el cual todos los comuneros deben atravesar. De hecho, este se configuraba como un sistema de incorporación e involucramiento de las familias más jóvenes a la comunidad. En la actualidad, no obstante, la desestructuración del tejido social comunal -producto de la migración y urbanización, entre otros factores- y la reducción progresiva del número de comuneros ha significado que los costos de realizar una festividad se concentren sólo en los mayordomos. Esto ha determinado, finalmente, que la organización de fiestas sea hoy percibida menos como una oportunidad de posicionamiento y más como un peso que los jóvenes ya no desean asumir. Al igual que en Huamantanga, en otras comunidades las exigencias a los comuneros sobre su participación en faenas o cargos de autoridad, se experimentan como demandas excesivas por parte de las familias jóvenes de reciente conformación. Esto, en un contexto en el cual los vínculos de reciprocidad y el funcionamiento de la maquinaria comunitaria han perdido considerable densidad y operatividad. Como consecuencia interesante, en comunidades con economías urbanas en desarrollo como Huamantanga, los jóvenes engrosan el segmento poblacional de no-comuneros y se abocan a actividades comerciales o de servicios desligadas de lo agropecuario.
Finalmente, un último punto relevante a abordar es que los procesos distributivos de activos de las comunidades siguen, en muchos casos, lógicas jerárquicas que privilegian a los comuneros de edad mayor, o de mayor tiempo de afiliación a la comunidad en detrimento de los jóvenes. Esto es especialmente crítico en comunidades que ya experimentan escasez de terrenos, como en San José de Churia. En esta localidad, debido a sus pocos años de servicio, los jóvenes se encuentran en los últimos puestos en el padrón comunal y de riego; lo cual ha determinado que éstos accedan a parcelas o recursos en espacios de mayor lejanía y en muchos casos, de menor calidad y con dificultades para disponer de agua. Mientras las generaciones mayores poseen grandes o medianas cantidades de terrenos a los que accedieron en épocas anteriores, en la actualidad los jóvenes apenas pueden acceder a máximo dos pequeñas parcelas por parte de la comunidad, y dependen mayoritariamente de las transacciones familiares (herencia) o privadas (compra-venta, alquiler) para obtener recursos para el sustento de sus familias.
Cierre
Abordar la problemática de la juventud rural implica que los espacios rurales se conviertan en “potenciales catalizadores de las aspiraciones” de este segmento poblacional (Urrutia, 2017): educarse, tener mayores ingresos, desarrollar una economía autónoma que les permita vivir en mejores condiciones que sus padres, entre otros ideales. En ese sentido, el Estado tiene una gran responsabilidad, pero también las comunidades campesinas deben jugar roles importantes en la transformación y desarrollo de sus territorios para las nuevas generaciones.
Ante los diversos procesos que atraviesan muchas comunidades y que hemos repasado a lo largo del artículo, sugerimos que las estas deben iniciar fuertes procesos de modernización institucional que apunten, entre otros objetivos, a facilitar y promover la participación de los y las jóvenes en el ámbito de su organización. Esto implica, necesariamente, el reconocimiento de sus trayectorias de vida supra-local, así como la generación de nuevas dinámicas entre comunidad y comuneros que consideren la vulnerabilidad contemporánea de las unidades domésticas jóvenes. En varias de las comunidades visitadas estas reflexiones ya vienen tomando lugar: opciones como la constitución de nuevas categorías de comuneros móviles, o la cesión temporal y no permanente de parcelas para hallar más margen redistributivo está iniciando. Después de todo, como diría Bruno Revesz, la continuidad y fortalecimiento de estas instituciones ha dependido históricamente de su impulso hacia la modernidad.
* Antropóloga. Investigadora en el CEPES y miembro de YPARD Perú – Red de jóvenes por la agricultura.
[1] El análisis de los procesos familiares de transferencia de recursos y del posicionamiento de la juventud en los mismos excede el propósito de este artículo pero información y análisis al respecto puede ser encontrado en PROCASUR (s/f), Dirven (2003 y 2016), y Escobedo (2015).
[2] Investigación realizada en el marco del estudio “Diagnóstico de brechas de género en infraestructura natural y seguridad hídrica a nivel nacional y de cuencas priorizadas” realizado por las ONG CEDEPAS y DESCO, y financiado por la ONG Forest Trend.
[3] Investigación realizada en el marco del estudio “Estudio sobre tenencia individual y colectiva de las mujeres a la tierra en comunidades de Ayacucho y Puno” realizado y financiado por la ONG SER.
[4] Investigación realizada en el marco del estudio “Impactos de la expansión de la agricultura comercial en la gobernanza y gestión indígena de la tierra” realizado por CEPES, con financiamiento de CIES.
Bibliografía
Boyd, Chris (2019) Trayectorias de las mujeres jóvenes en el Perú rural. Reflexiones para las políticas públicas y el desarrollo rural a partir de los censos de población (1961-2017). Lima: IEP (Documento de Trabajo, 254. Estudios sobre el desarrollo, 30)
Dirven, M. (2003). “La herencia de tierras y la necesidad de rejuvenecimiento del campo” En: Mercados de tierras agrícolas en América Latina y el Caribe: una realidad incompleta, (p. 127-162). Santiago de Chile: CEPAL.
Escobedo (2015) Herederos de la Reforma Agraria en el Valle de Chancay. Lima: PROCASUR, FIDA, ILC, CEPES
Kessler, G. (2005). Estado del Arte de la Investigación sobre Juventud rural en América Latina. E
PROCASUR (s/f) Acceso a tierra y estrategias de vida de los jóvenes rurales. Estudio comparativo. Santiago de Chile: PROCASUR, FIDA, ILC
Trivelli, Carolina y Adriana Urrutia (2018) Geografías de la resiliencia. La configuración de las aspiraciones de los jóvenes peruanos rurales. Lima: IEP (Documento de Trabajo, 243. Estudios sobre el desarrollo, 21)
Trivelli, Carolina y Carlos Urrutia (2019a) Juventud rural en el Perú: lo que nos dice el Censo 2017. Lima: IEP. (Documento de Trabajo, 257. Estudios sobre el desarrollo, 32)
Trivelli, Carolina y Carlos Urrutia (2019b) Entre la migración y la agricultura. Limitadas opciones laborales para los jóvenes rurales en el Perú. Lima: IEP (Documento de Trabajo, 260. Estudios sobre desarrollo, 34)
Urrutia, Adriana (2017). Una presencia invisible ¿Qué sabemos de los jóvenes rurales en el Perú hoy? Santiago de Chile: RIMISP. (Serie documento de trabajo N°226. Grupo de Trabajo Inclusión Social y Desarrollo)