Editorial La Revista Agraria 189 / Mayo 2020
Día tras día los peruanos estamos pendientes de los números: número de nuevos contagios por el coronavirus, número de fallecidos, número de recuperados; número de ventiladores, de unidades de cuidados intensivos, de camas libres; número de pruebas rápidas y de pruebas moleculares, número de resultados positivos y negativos; número de contagiados del personal de salud, de policías y miembros de las fuerzas armadas, de bomberos; número de bonos distribuidos entre la población rural y urbana; números de personas que pugnan por retornar a sus ciudades y pueblos de origen; monto de fondos públicos destinados a aliviar la situación de empresas y pymes; monto de los fondos privados CTS y aportes a AFP que pueden ser recuperados por sus atribulados dueños.
La mayor parte de estos números son estimados que se basan en cálculos y recuentos imprecisos, no solamente porque los registros sobre los que se basan probablemente son incompletos, parciales y asistemáticos, sino porque la información sobre cómo evolucionan los números tiene impactos políticos, sociales, económicos y psicológicos. Es inevitable –aunque no justificable- que los números destinados a ser difundidos a la ciudadanía sean minimizados o exagerados según los impactos que puedan tener sobre la opinión pública. La poca claridad de la información oficial sobre cuántas camas y ventiladores mecánicos disponibles hay en el país para contagiados por el coronavirus es una expresión de ello. Por otro lado, es también inevitable –aunque tampoco justificable- que grupos de interés económico y político minimicen o exageren otros números y su significado, como el expresado en el debate sobre el monto que puede ser retirado de los fondos de las AFP sin poner en grave riesgo la estrategia económica del gobierno para afrontar la gravísima situación económica.
Exagerar o minimizar los números puede ser el resultado de la mala fe o de intereses subalternos, o del intento de ocultar ineficacia para lograr objetivos anunciados públicamente; pero también puede serlo el resultado de un deseo de evitar situaciones de pánico o desesperanza entre la población. En cualquier caso, las decisiones políticas para enfrentar la pandemia y sus impactos sociales y económicos requieren de la información más precisa y objetiva posible, por dura que esta sea.
Esta reflexión viene a propósito de la información sobre la oferta y acceso a los alimentos. Según el instituto Apoyo, la proyección de la producción agropecuaria es alarmante; estima que el valor bruto de la producción agropecuaria decrecerá este año en un 2.1 por ciento, y prevé que, dado que la reactivación económica no ocurrirá prontamente, la campaña 2020-2021 será problemática[1]. En contraposición, el ministro de Agricultura afirma que el crecimiento del PBI agropecuario este año será positivo, similar al del año anterior, es decir, alrededor del 3.7%[2]. Es obvio que, según se adopte una u otra estimación, el diseño de políticas resultante diferirá de manera radical y, tratándose de alimentos, las consecuencias podrían ser dramáticas para la población.
Jugar con números es una cosa muy seria.
Fernando Eguren
Director de La Revista Agraria
- Foto: Agencia Andina
[1] Referencia incluida en los Considerandos del Decreto de Urgencia 041-2020.
[2] Entrevista al ministro Jorge Montenegro. Diario El Peruano, 21 de abril 2020. https://bit.ly/2VYue9J