Informe basado en una entrevista a Alberto Chachi Meneses, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico Huñuq Mayu
20 de agosto de 2020
En el presente reporte Alberto Chachi Meneses, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico Huñuq Mayu, informa sobre el impacto sanitario, económico, social y político del COVID-19 en las provincias ayacuchanas de Huamanga y La Mar. Advierte sobre la inexactitud de las estadísticas oficiales sobre la pandemia, la afectación de la seguridad alimentaria de las familias campesinas, el aumento de la violencia familiar, los preparativos para la próxima campaña agrícola y las respuestas ante la crisis que surgen desde la sociedad civil.
- Evolución del COVID-19 en las comunidades campesinas
El COVID-19 se está propagando en las zonas urbanas y periurbanas de Ayacucho. En la primera fase de la pandemia se creía que las zonas altoandinas tenían bajo riesgo de propagación, sin embargo, no existen evidencias para confirmar esa hipótesis. Según indica Chachi, “Muchos campesinos y campesinas no asisten a los puestos de salud y permanecen en sus hogares cuidando a sus familias. Pero hay contagiados asintomáticos y también personas con enfermedades pre-existentes que las hacen más vulnerables al COVID-19. Otros asocian sus síntomas a gripes o neumonías comunes que han sufrido anteriormente, y las defensas que ellos han generado ante esas enfermedades los están protegiendo de alguna forma”.
En Ayacucho actualmente se reportan más de 8 mil casos, pero la estadística real debe duplicar esas cantidad. “Incluso, tengo la impresión que mucha gente está falleciendo, pero no están siendo registrados por el Estado. En la zona rural altoandina es muy poco el control cuando la gente muere, los sepultan según las costumbres tradicionales”, indica Chachi y añade que este problema se arrastra desde hace décadas. “El sector salud ha sido abandonado en las zonas rurales altoandinas, llega a muy pocos centros poblados alejados. La gente tiene que conseguir tratamiento por sus propios medios, utilizando sus remedios tradicionales”, explica.
Respecto al tema del regreso de personas desde las ciudades, Chachi comenta que el transporte se está normalizando, hay mayor tránsito de pasajeros a sus comunidades, con un control menos estricto que en meses anteriores en que había tranqueras y no dejaban pasar a nadie. “Si los comuneros que habían salido entraban, tenían que entrar en su comunidad en una cuarentena vigilada”, indica.
- Situación económica y seguridad alimentaria de las familias campesinas
El director de Huñuq Mayu comenta que hace tres meses, cuando se decretó el estado de emergencia sanitaria, aún no se notaban las consecuencias de la pandemia en la seguridad alimentaria de las familias, porque el campesino contaba con reservas. “Cuando cosechan, ellos guardan sus productos en sus casas. Aunque normalmente complementan su alimentación con otros productos que consiguen en las ferias, ahora eso se ha suspendido. Aun tienen su reserva para autoconsumo, pero ésta va disminuir y recién entonces se va sentir la escasez de alimentos, quizás en los meses de octubre y noviembre, cuando ya no van a contar con sus reservas y van empezar a vender herramientas de trabajo o intercambiar sus productos con otros. El problema del hambre pero más adelante va a afectar a las familias con mayor severidad que el COVID-19”, explica.
En opinión de Chachi, el Estado contribuye a agravar la crisis económica y el desorden: ”Supuestamente, la entrega de diversos bonos como “quédate en casa”, “bono rural”, “bono independiente” y otros benefician a casi 8.5 millones de hogares. Sin embargo, muchas familias rurales no han recibido ningún bono, debido a que por décadas los municipios han manipulado los datos y politizado los programas sociales. Incluso existe la sospecha de que han inscrito a las familias que son de su orientación política. Eso causa inequidad en la distribución de los recursos” indica.
Además, los campesinos tienen que bajar a las ciudades para averiguar si tienen derecho a los bonos y los requisitos solicitados. “Deben hacer colas y se producen aglomeraciones y eso los hace más propensos al contagio. La gente que baja a la ciudad para averiguar sobre los bonos regresa llevando la enfermedad a su comunidad”, añade Chachi.
Los agricultores familiares de subsistencia -que son los más vulnerables- son los menos beneficiados con los bonos. Pero los bonos se han repartido a los productores de la agricultura intermedia y consolidada. “En ese sentido, se nota un abandono total de esa agricultura de subsistencia, que abastece a los mercados de productos básicos, opina Chachi. No hay reconocimiento del Estado hacia la labor que desempeña el 97 % de agricultores de agricultura familiar. “Están abandonados”, señala Chachi. “El COVID-19 ha desenmascarado la desigualdad que hay dentro de la agricultura familiar”, añade.
- Consecuencias de la pandemia para las mujeres
La violencia familiar ha crecido significativamente. “Antes del COVID-19, el campesino salía de la comunidad para vender su fuerza de trabajo y volvía dos meses después. Mientras tanto la mujer era la que se dedicaba a los quehaceres del hogar, crianza de ganado, los cultivos. Ahora con la cuarentena los varones han restringido sus salidas, permanecen en la casa o están en el campo, no saben qué hacer”, sostiene Chachi. Explica que para los varones esto es chocante, porque ellos eran los que tradicionalmente salían a “traer la economía al hogar”, iban a las ciudades y volvían con ingresos que eran un complemento para que la canasta familiar esté completa, y esta situación de tensión da pie a la violencia familiar.
Sin embargo, las mujeres están jugando un rol protagónico durante la pandemia, son ellas las que están a cargo de la crianza del ganado, están reservando el agua, sus pastos, están trabajando con el modelo de economía circular. “Ellas trabajan toda una propuesta sostenible junto con su familia”, indica Chachi.
- Impacto en la producción agropecuaria y perspectivas de la próxima campaña
Chachi explica que en la campaña pasada, muchos agricultores de Ayacucho y Apurímac no han podido comercializar sus productos. “En muchos casos los han vendido a un bajo precio. Han aparecido intermediarios que van a los distritos a comprar, porque los comuneros no salen, entonces los intermediarios van con sus carros y compran a bajo costo. El tema comercial los afecta bastante”, informa.
Actualmente, las tierras agrícolas están en un proceso de descanso, en espera de la campaña grande. “En muchos casos han culminado al 100% las cosechas, los productos ya están almacenados en sus casas. Ahora esperan las próximas lluvias para que puedan iniciar la campaña grande que empieza entre noviembre y diciembre, desde octubre empiezan la siembra”, reporta Chachi. Pero también informa que hay pequeños agricultores emprendedores que han logrado utilizar el agua de riego en las inmediaciones del proyecto Cachi. Estos agricultores están trabajando en la campaña chica. “Ellos seguramente ya están empezando a preparar sus terrenos. Esperan a que pase la helada para sembrar sus cultivos para campaña chica. Sin embargo, toda esta incertidumbre hace que disminuya también la labor agrícola, reduciendo la producción para el futuro”, advierte.
El director de Huñuq Mayu explica que los campesinos con los que trabaja la institución gestionan su territorio a nivel de cuenca. “Se organizan para preservar su ecosistema que es la vida para ellos, el sistema de agua, pastos, los suelos. En la parte alta de la cuenca garantizan el agua y la llevan a la cuenca media, a la cuenca baja para producción”. En ese sentido, los productos son diversificados. En la cuenca media y la cuenca alta producen tubérculos andinos, cereales; en la cuenca media y cuenca baja producen algo de menestras, granos, cereales y crían animales mayores y menores.
- La sociedad civil cusqueña y sus propuestas ante la crisis
Chachi indica que si bien es cierto que, a nivel de discurso de las autoridades, la agricultura familiar ha sido declarada como una prioridad, hasta ahora no se ven los resultados, “Todo queda en discursos. En esta pandemia se ha revelado eso, no hay apoyo de manera equitativa”, opina.
En su opinión, desde el Estado muy poco se va a hacer. Pero desde la sociedad civil sí se tienen iniciativas para enfrentar la crisis. “Desde Huñuq Mayu, habíamos empezado a hacer incidencia política, acá en Ayacucho y en Andahuaylas, con propuestas de desarrollo rural sostenible. Pero lamentablemente llegó la pandemia cuando queríamos organizar el Segundo Diálogo Interregional en Ayacucho, para analizar y hacer un balance de todo lo que se había comprometido a implementar el Estado en Ayacucho, Apurímac , Cusco y Huancavelica. Sin embargo, esta pandemia nos ha puesto una barrera y se han desarticulado las organizaciones o comités que se habían organizado, que estaban haciendo incidencia política. Estamos pensando hacer un análisis de los acuerdos que se han logrado en el Primer Diálogo Interregional y analizar qué perspectivas se generan de acá adelante, estamos en un proceso de organización, ojalá que en el mes de setiembre la hagamos, informa Chachi.
Añade que desde la sociedad civil están tratando de reactivar el Consejo Regional de Agricultura Familiar y Seguridad Alimentaria para plantear nuevas propuestas en un contexto de pandemia, pues el campesino tiene la posibilidad de desarrollar más su tecnología y a partir de eso generar alimentos sanos
Para Chachi, la sociedad civil debe promover los conocimientos ancestrales, porque siempre han sido un factor importante en dar sostenibilidad a la vida. “El ser humano va seguir viviendo si seguimos practicando esto. Creo que habría que hacer incidencia política ante los gobernantes para que tomen conciencia sobre esta temática, hacer un trabajo de gestión de conocimiento vinculados a tecnologías ancestrales en sinergias con tecnologías convencional a bajo costo”, indica.
Este recuento ha sido realizado en el marco de una iniciativa del CEPES para el monitoreo de información con el objetivo de facilitar herramientas a comunidades rurales para enfrentar la crisis de la COVID-19 y, simultáneamente, visibilizar y analizar los procesos sociales y económicos en el campo para anticipar posibles escenarios de la (in)seguridad alimentaria. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Pan para el Mundo, Diakonía, la International Land Coalition y Eclosio.