Ica La Libertad Opinión

Agroindustria y conflictos laborales

A propósito de las protestas por mejores condiciones de trabajo

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Actualización.- El 21 de diciembre, trabajadores agroindustriales de Ica y el norte del país retomaron el paro agrario al no haber una aprobación de la Ley Agraria por parte del Congreso, que devolvió el proyecto a la comisión de economía donde tiene pronóstico reservado. El siguiente análisis del CEPES fue publicado el 4 de diciembre, luego del primer paro agrario que logró la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Consideramos que sigue vigente ante una crisis que sigue evolucionando. ¿Cuáles son las posibles salidas?

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  1. Los salarios de los trabajadores agrícolas

El reclamo principal son los salarios que reciben y las malas condiciones laborales, que no solo ocurren en Ica sino también en muchas otras empresas agroindustriales del país.   Los S/ 39.19 que reciben como jornal diario es el mínimo legal al que se le han sumado los pagos por compensación por tiempo de servicios (CTS) y las gratificaciones. Sobre el punto, se deben señalar al menos tres problemas: el mínimo legal  es muy bajo y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona, menos aún de una familia; no se pagan horas extras; y se desnaturaliza el carácter de la CTS al incluírsele en el pago diario. A esto se suma que  los trabajadores tienen que pagar el transporte a y desde el centro de trabajo, su alimentación  y la vestimenta y equipos de protección personal.

La situación es más crítica en el caso de los trabajadores agrarios temporeros, que son la mayoría, pues pasan largos meses sin trabajo, dado el carácter estacional de la producción agrícola. Y, si bien la legislación laboral común manda el pago de horas extras, en muchos casos esta no se respeta. Corresponde a Sunafil la fiscalización. .

La agroexportación ha crecido enormemente en nuestro país desde la década de 1990 y, particularmente, desde el año 2000, gracias a un régimen legal favorable, cuya vigencia se ha extendido recientemente hasta el año 2031[1], con significativas ventajas para las empresas: rebaja a la mitad del impuesto a la renta, depreciación de activos anticipada y un régimen laboral especia, entre otras. Además, los tratados de libre comercio suscritos por el Perú benefician a los exportadores. Dado que reciben subsidios del  Estado, que ve así mermados  sus ingresos, estas empresas,  más allá de la ley, deberían otorgar ciertos beneficios a los trabajadores; por ejemplo, distribuir las utilidades entre estos,  como ocurre en otros sectores económicos.

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2. Canales institucionales para la  negociación

La paz social requiere de instituciones, como los sindicatos, que surgieron en el mundo precisamente para lograr un mayor equilibro en las relaciones entre empleadores y trabajadores. Siendo ello así, y ante la ausencia de los partidos políticos que se ocupen de vigilar por que ese equilibrio se mantenga, el Estado debería apoyar activamente la formación de sindicatos, de modo de contribuir a la creación de canales institucionales para resolver conflictos y a una mejor  fiscalización por Sunafil.

La permanencia del bloqueo, a pesar de la tregua acordada entre un sector de los manifestantes, no reconocido por otros, y los ministros en la mesa de trabajo en Ica, revela la necesidad de una representación consensuada por los trabajadores. Este problema no se plantearía si hubiesen sindicatos y dirigencias debidamente reconocidos. En efecto, en la mayor parte de las empresas no hay sindicatos y el poder del empleador no encuentra un contrapeso para negociar. Si estos canales institucionales no existen o son muy débiles, los reclamos derivan en movilizaciones como las que estamos viendo.

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3. Los service y la  contratación de trabajadores

Si antes de la reforma agraria existían “enganchadores” en las haciendas, hoy existen los service como modernos enganchadores, que facilitan a las empresas agroindustriales y agroexportadoras la elusión de sus responsabilidades laborales. Nada justifica su presencia, máxime cuando estas empresas  cuentan con un régimen especial que las beneficia. Al respecto, representantes de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios (AGAP) reconocen que hay empresas que contratan los service y que se “está manchando a un sector formal, por un pequeño grupo” que no hace parte de su organización. La masividad de las protestas en Ica indicaría, sin embargo, que el grupo no es tan pequeño.[2]

Otra modalidad extendida en la agricultura costeña es la agricultura de contrato: el trabajador lo es del pequeño o mediano productor, quien vende sus productos a la empresa agroindustrial. La empresa agroindustrial o agroexportadora no se relaciona directamente con esos trabajadores y, por tanto, no asume ninguna responsabilidad.[3]

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4. Impedimento de la labor de los inspectores

Como reconocía en una entrevista radial el actual gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, el día martes 1, hay empresas agroindustriales que no permiten el ingreso de inspectores de Sunafil a los fundos para cumplir con sus labores de fiscalización laboral. 

Caso similar es el ocurrido con  los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua, impedidos de  ingresar a los fundos para verificar el uso –más bien el sobreuso– de los pozos de agua subterránea.[4]

Situaciones como las descritas son inaceptables; si estas autoridades estatales no cuentan con facultades coercitivas, debería dotárseles de ellas en el plazo más breve.

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5. El problema de fondo: el modelo de desarrollo agrario

El cierre de la Panamericana y los disturbios de estos días responden a un problema más profundo que el de los salarios de los trabajadores agrícolas. El eje del conflicto está en el  modelo de desarrollo agrario que viene aplicándose por varias décadas, con  consecuencias que enumeramos a continuación:

a) Concentración de la propiedad agraria y la consecuente profundización de inequidades en el campo, en un país con escasez de tierras agrícolas y una cantidad muy grande de pequeños propietarios y minifundistas.

b) Dominio de grandes grupos económicos y corporaciones, no de agricultores-empresarios. Los últimos, a diferencia de las corporaciones, suelen estar vinculados al tejido social local.

c) Graves externalidades negativas ambientales (sobreexplotación de las aguas subterráneas, contaminación, reducción de la biodiversidad, utilización de energía de hidrocarburos, empobrecimiento de suelos, entre otras).

d) Graves externalidades negativas sociales. Dejando de lado los salarios, ¿quién asume los costos de vivienda y servicios urbanos, salud y educación de las familias, muchas de las cuales son migrantes temporales?

e) Grandes subsidios del Estado a las empresas (rebaja de impuestos, grandes irrigaciones construidas por el Estado, precios bajos de las tierras, etc.).

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6. Las responsabilidades del Estado

Sería poco serio responsabilizar de los actuales conflictos solo a las empresas agroindustriales. Hay una gran responsabilidad del Estado en esta situación.

a) El Estado no puede seguir subsidiando a las agroindustrias, ni por reducción de impuestos ni a través de la venta de tierras de grandes irrigaciones. Si lo sigue haciendo debería subsidiarse también a la agricultura familiar.

b) De continuar con la política de expansión de la frontera agrícola en costa, las tierras deben ser transferidas en extensiones que no sobrepasen las 200 hectáreas, no acumulables.[5]

c) El gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, según sea el caso, deben asumir el costo de las externalidades negativas sociales. Podría hacerlo, por ejemplo, utilizando la mitad del impuesto a la renta dejada de percibir de las agroindustrias, restableciéndolo al 29% (como la mayoría de empresas). 

d) Se debe establecer el impuesto a la tierra en extensiones mayores a las 3000 hectáreas, en cumplimiento de disposición constitucional y de la Ley 26505.

e) El Estado debe disponer que el empleador asuma el pago del seguro de salud de todos sus trabajadores, como cualquier otra empresa.

f) El Estado debe promover la formación de sindicatos en las empresas agroindustriales.

g) El Estado debe regular la utilización de las aguas del subsuelo para evitar el colapso de las aguas del subsuelo, e imponer ejemplares sanciones a los que violen las regulaciones de la Ley de Recursos Hídricos.

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7. Consideraciones finales

La Comisión Internacional de Juristas, luego de una visita realizada en Ica en 2014, elaboró un informe en el que concluyó, entre otras afirmaciones, que “las condiciones de trabajo en la agricultura de exportación en el Valle de Ica son deplorables y claramente constituyen un ejemplo de trabajo precario y no acorde con los estándares internacionales en materia de derechos del trabajador y otros derechos sociales” y “para la Misión es evidente que el régimen establecido en la Ley N° 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario, tiene como objetivo la promoción de la inversión y el crecimiento de la actividad económica agroexportadora, y para ello establece un régimen legal laboral que rebaja los niveles de protección respecto de los que goza un trabajador sometido al régimen laboral común en el Perú.”[6]

La gravedad de la situación en que nos encontramos no debe llevarnos a perder de vista temas críticos que deben abordarse con más cuidado. La exportación en sí misma no lo es, pues decenas de miles de pequeños agricultores también participan de la agroexportación. Pero sí lo son:

a) La concentración de la propiedad de la tierra en el país.

b) El régimen temporal del trabajo, por la naturaleza estacional de sus labores.

c) La falta de canales institucionales de negociación del capital y el trabajo. 

d) Las externalidades sociales y ambientales negativas

Mientras transcurre el espacio y el tiempo para debatir los temas  mencionados, resulta urgente que se traten a la altura que la situación exige, sin caer en  soluciones  fáciles  que puedan tener consecuencias más serias. Anotamos algunas de ellas:

1. Limitar el problema laboral a los salarios conduce a falsas soluciones, pues restringe la esfera de la calidad de vida; esta incluye contextos apropiados para llevar una vida mínimamente digna para los y las trabajadores y sus familias.

2. Eliminar solo el capítulo del régimen laboral de los trabajadores agrícolas en la Ley 27360 no es una solución suficiente. Habría que reemplazarlo con otro tratamiento, para evitar la mayor precarización de las relaciones laborales en la agroindustria.

3. La derogatoria de la ley de Promoción Agraria no resolverá las demandas de los trabajadores. El remedio podría ser  peor que la enfermedad, pues el dinamismo mostrado por este sector podría ampliarse a otros sectores de la agricultura, a condición de que se brinden los canales y los servicios adecuados.

4. La represión indiscriminada puede dar lugar a situaciones de mayor conflicto, como penosamente hemos experimentado en el país el mes pasado. La muerte de una persona en Chao el 3 de diciembre nos obliga a demandar a los encargados del restablecimiento del orden y la seguridad pública que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1 de  la Constitución).

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Para continuar con la reflexión, se llevó a cabo el webinar «Agroindustria y relaciones laborales: ¿Una crisis resuelta?», cuyo resumen se puede ver aquí. El evento contó con la participación de Giovanna Larco, presidenta ejecutiva de PLADES,  Fernando Cuadros Luque, exviceministro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Evelyne Mesclier, exdirectora del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) y Ana Lucía Araujo, antropóloga e investigadora de la PUCP.

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[1] La Ley de Promoción Agraria N° 27360 remplazó en el año 2000, con algunas modificaciones, al Decreto Legislativo 885 de 1996. Este régimen promocional fue ampliado hasta diciembre de 2031 por el Decreto de Urgencia N° 043-2019 en diciembre de 2019.

[2] Alejandro Fuentes, presidente de AGAP, en El Comercio del 1 de diciembre de2020. https://bit.ly/2VxesTm

[3] Ana Lucía Araujo (2020). ¿Vale la pena darle la tierra a las agroindustrias? El impacto de la actividad agroindustrial en el desarrollo del proletariado agrícola en Virú. Informe de investigación. Cepes.

[4] Ojo Público. Poder e impunidad: las empresas que controlan el agua en el desierto. https://bit.ly/2VxB06j

[5] En agricultura, no hay prueba de que la gran empresa sea más eficiente. Hans Binswanger, quien fuera economista agrario principal del Banco Mundial, es contundente: “En realidad, casi un siglo de investigación de economistas agrícolas de todo el mundo ha producido un hecho estilizado contraintuitivo: los pequeños agricultores generalmente utilizan la tierra, la mano de obra y el capital de manera más eficiente que los grandes agricultores que dependen principalmente de la mano de obra contratada”. Binswanger-Mkhize et al. (2009) Agricultural Land Redistribution. P. 11. The World Bank.

[6] Comisión Internacional de Juristas. Los derechos sociales y regímenes especiales de promoción a la exportación: El caso de la agricultura de exportación en el Perú. Estudio de caso en el Valle de Ica. Ginebra, 2014.

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