Entrevista a Ana Lucía Araujo Rau Rau
Hace dos semanas, los trabajadores y trabajadoras de la agroexportación iniciaron un paro agrario en Ica -que luego se extendió a la zona norte del país- denunciando explotación laboral por parte de las empresas agroindustriales. Ello tuvo como consecuencia la derogatoria de la cuestionada Ley de Promoción Agraria, así como la implementación de una comisión especial para la elaboración de una nueva ley. En ese contexto, entrevistamos a Ana Lucía Araujo, antropóloga e investigadora de la PUCP, quien aborda la problemática del modelo agroindustrial y las relaciones laborales en su ensayo “Crecimiento sin desarrollo: los límites del modelo agroindustrial como vía de bienestar“.
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Luego de 20 años, es innegable que el modelo agroindustrial está en crisis ¿Cómo un modelo tan desigual logró imponerse?
Es importante visibilizar que el “milagro agroindustrial” y su espectacular crecimiento surge como parte de un proyecto estatal de neoliberalización del sector agrícola. Este proyecto tiene como uno de sus cimientos la constitución del año 1993, documento que establece orientaciones específicas para este proyecto neoliberal en el agro: elimina los límites de la concentración de la propiedad de la tierra, desmantela la protección de las comunidades campesinas, y permite que las tierras abandonadas sean revertidas al Estado a partir de leyes. A partir de esto el Estado, bajo el gobierno de Fujimori, va a desarrollar un marco legal para favorecer de manera exclusiva a la gran inversión privada y la constitución de grandes empresas agroindustriales. Así por ejemplo, se inicia la construcción de grandes proyectos de irrigación (como CHAVIMOCHIC en La Libertad) con el fin de habilitar tierras eriazas; se crea la institucionalidad para atraer la inversión privada y adjudicar estos recursos de manera exclusiva a estos grandes capitales privados. Así, poco a poco, se generan las condiciones legales y productivas para el desarrollo del actual sector agroindustrial.
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En el marco de la pandemia, esta actividad apenas sufrió contracciones significativas y, por el contrario, viene superando los valores que alcanzó el año pasado ¿A qué se debería este crecimiento?
Esta es una pregunta interesante. Considero que son tres los factores directos que han permitido este crecimiento sostenido y resiliencia de este sector, incluso en la presente crisis que vivimos. Primero, como lo señaló Fernando Cuadros en el último webinar que compartimos y organizó CEPES, existe una serie de beneficios comerciales como el acceso preferencial con arancel 0 para los productos agropecuarios peruanos a mercados internacionales como el de Estados Unidos o Unión Europea. Esto en el marco de tratados de libre comercio respectivos. En segundo lugar, los beneficios tributarios y laborales establecidos por la Ley 27360 de promoción del sector agrario. Por un lado, en su capítulo tributario, esta norma permite que las agroindustrias sólo abonen la mitad del impuesto a la renta. Según un último informe elaborado por Ojo Público, medio digital independiente, el Estado ha dejado de recabar alrededor de 2,900 millones de dólares en 20 años debido a esta exención fiscal. Por su parte, en su capítulo laboral, esta ley establece un régimen laboral especial, que como evidencia la data y los testimonios de los y las trabajadores, ha formalizado la extrema precariedad laboral y establecido un desbalance de poder que ha dado lugar a la institucionalización del abuso laboral. Son todos estos los que han permitido, en conjunto, no sólo un crecimiento espectacular del valor de las exportaciones (más de 1000% en 20 años), sino el nivel de dominio sobre que ejercen estas en el mundo laboral, ambiental y económico de los territorios en los que están presentes.
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¿Cuál es el propósito de tu ensayo? Este se centra en el departamento de La Libertad; localidad en la que se ubica uno de los principales enclaves agroindustriales en el Perú.
El propósito de mi ensayo es analizar la dinámica laboral en uno de los principales enclaves agroindustriales como lo es la provincia de Virú, en la región La Libertad. A partir de la estadística disponible sobre el tema de empleo, me propongo entender cómo esta dinámica laboral de derechos recortados, de salarios estancados, de inestabilidad laboral anual, se traduce en una serie de efectos negativos y procesos de desarrollo truncos en esta localidad. En ese marco, se analizan indicadores relativos al acceso a la protección social (salud y pensiones), vivienda y servicios básicos, educación y criminalidad . Creo que el objetivo mayor es, a partir de este caso, mostrar cómo se ha construido un modelo en el que el desarrollo y bienestar de las sociedades está sometido al crecimiento económico que podríamos reducir en la siguiente ecuación: privatización de la rentabilidad, limitada evolución de mercado laboral y educativo, y socialización en el Estado y sociedad de externalidades negativas (sociales, ambientales). Esta dinámica considero que no solamente aplica para el sector agropecuario, si no que aplica para varios otros sectores económicos del país.
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Señalas que el crecimiento del número de asalariados agroindustriales se ha sostenido sobre la precarización del empleo ¿Qué datos manejas que sustenten tu afirmación?
Los datos que manejo sobre las empresas agroindustriales en Virú son de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Estos coinciden con el discurso de los representantes de las agroindustriales, que enarbolan que el empleo viene creciendo en el sector, a la par con las exportaciones. No obstante, el estudio evidencia que mientras más crece el empleo más estacional o inestable es la fuerza del trabajo empleada. Según cifras del seguro de salud agrario, por ejemplo, un trabajador agroindustrial sólo trabajaba alrededor de dos tercios del año, por lo que quedaba cerca de 4 meses sin empleo. Esto además, es peor para las mujeres que son fuerza de trabajo muchísimo más precarizada. Hay que mencionar que el nivel de dependencia de los trabajadores a este mercado de empleo es muy alta. Laurano del Castillo ya ha mencionado el alto nivel de concentración de mano de obra en las corporaciones más grandes. En Virú, el 95% del trabajo formal es agroindustrial, y el mercado informal apenas tiene capacidad de emplear a un cuarto del total empleado por las empresas. Es decir, existen personas y familias que dependen casi por entero del trabajo agroindustrial.
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¿Cuál es el papel del Estado para proveer de una adecuada protección social a la población trabajadora?
La ley 27360 ha permitido que las empresas aporten menos que una empresa regular. Hasta hace un año aportaban 4% al seguro de salud, y luego de la última extensión sólo aportaban el 6%. Es importante enfatizar que esta política ha afectado directamente la capacidad de ESSALUD para proveer un servicio mínimamente suficiente. El seguro de salud agrario (SSA) funciona con un déficit millonario, y en Virú específicamente sólo disponen de 2 centros de salud para 36 mil trabajadores y sus derechos habientes. En ese marco, el grueso de parientes prefiere afiliarse al SIS o pagar por privados para acceder a salud. Esto es alarmante si pensamos que estamos hablando de trabajadores que más de 8 horas al día están usando su fuerza física y cuerpo.
En el caso de las pensiones es una situación similar, por las condiciones establecidas por la ONP y la precariedad laboral que caracteriza la dinámica laboral, la vasta mayoría de trabajadores en Virú está afiliada a las AFP. Ahora, bajo la lógica de este sistema la capacidad de los y las trabajadoras de aportar a su pensión es muy limitada. Primero, como es de esperarse, por las reducidas retribuciones que reciben. A esto hay que sumarle el perfil etario de los trabajadores es principalmente joven y adulto joven. Dada la naturaleza del trabajo, la cantidad de adultos entre 45 y 60 años contratados es mínima por lo que se pierde un periodo importante de años para seguir aportando a este fondo. Esto explica lo que comentaba un trabajador entrevistado por CEPES, y del monto ínfimo que logran acumular como pensión.
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Los hogares de trabajadores agroindustriales tienen limitadas oportunidades de desarrollarse ¿Qué señala el ensayo al respecto?
El estudio señala que en la provincia de Virú las cifras del logro educativo son preocupantes. A pesar de ser una provincia urbana, tener un nivel de conectividad relativamente adecuado el logro educativo de los y las jóvenes es similar a áreas rurales. En Virú un tercio de los y las jóvenes sólo termina la primaria, y el promedio de años de estudio es de 6.5 años, lo que ubica a Virú entre las últimas provincias del país en este indicador según el PNUD (2019). El estudio analiza uno de los factores de esta problemática que tiene que ver con una limitada demanda educativa. Nuevamente, los reducidos salarios impiden que los padres y madres puedan asumir la educación superior de sus hijos e hijas, e incluso aquellos/as jóvenes que trabajan en las agroindustrias para estudiar, finalmente no pueden hacerlo porque no les alcanza o porque el tiempo y el agotamiento físico tampoco se lo permiten. A la par, es importante mencionar que el futuro laboral es muy limitado en Virú: o se termina de obrero agroindustrial o empleado en algún trabajo informal urbano. En ese sentido, no existen ni las condiciones ni los incentivos para que la mayoría de los y las jóvenes persiga o aspire a una trayectoria educativa diferente. Esto se refleja en la muy pequeña oferta educativa en la provincia: sólo un instituto tecnológico y 7 CETPRO que desarrollan carreras relativas o a la agroindustria o al mercado informal; pero ninguna que permita generar o aspirar a otro tipo de futuro.
Habría que seguir indagando sobre esta correlación entre modelo agroindustrial y desarrollo educativo, por ejemplo, analizar los impactos de la dinámica de hogares de trabajadores en la trayectoria educativa. Pero también, conectar esta situación con otras problemáticas sociales como la alta criminalidad existente en esta localidad.
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Lee el ensayo Crecimiento sin desarrollo: los límites del modelo agroindustrial como vía de bienestar