El 13 de mayo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, mediante Resolución Ministerial N° 0126-2021, designó como director de la Dirección de Desarrollo de Comunidades Campesinas, Nativas y de Gestión Social del Viceministerio de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, al historiador y antropólogo Jaime Urrutia Ceruti.
Jaime Urrutia, especialista en comunidades campesinas, señala que el reto en los próximos tres meses es recuperar la vinculación entre el Estado y las comunidades campesinas y nativas, también avanzar con la titulación de sus tierras.
El 28 de julio, el presidente Francisco Sagasti, entregará el cargo a su sucesor o sucesora, culminando así el gobierno de transición y emergencia. En esta coyuntura ¿qué te ánimo a aceptar la Dirección de Desarrollo de Comunidades Campesinas, Nativas y de Gestión Social?
Lo que se ha venido haciendo en la gestión del ministro Federico Tenorio, con el apoyo de la viceministra María Isabel Remy, para modificar todo el organigrama del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI – que incluye a la agricultura familiar y el apoyo a las comunidades campesinas, me animó a sumarme a esta gestión. Pero tengo que mencionar que es un contexto muy difícil, mi dirección heredó lo que antes era una dirección de conflictos, entonces, hay que buscar un equilibrio entre la atención de los conflictos y el desarrollo de las comunidades campesinas y nativas, sin embargo, somos ambiciosos, son tres meses, en agosto hay que dejar las bases para reforzar la organización comunal, convertir a las comunidades en espacios de emprendimiento económico, y los más importante recuperar la vinculación entre el Estado, en todos sus niveles, y las comunidades campesinas y nativas. El nuevo gobierno debería seguir esas bases, pero nadie puede garantizar que así será.
Precisamente, en su análisis sobre los planes de gobierno de los dos candidatos presidenciales, Renato Levaggi, investigador de Cepes, señala “las comunidades y pueblos existen en tanto habitan los espacios en los que debe desarrollarse alguna actividad extractiva”. Esta actividad extractiva genera conflictos sociales ¿cómo abordarán estos conflictos?
Ese es un reto, en el MIDAGRI hay diferentes instancias que se dedican a atender los conflictos sociales, una vez a la semana hay un balance de cómo van los conflictos, sobre todo en la Amazonía, aquí la lucha es por la defensa de los recursos naturales, de la contaminación, de la deforestación, hay tala ilegal, incluso asesinan a los líderes indígenas, los defensores de la Amazonía. Y en la sierra hay dos peligros, la difícil negociación con las empresas mineras, pero yo creo que eso aún es negociable con la gente, lo terrible es la minería informal que involucra muchas veces a los comuneros y campesinos, por ejemplo, en Madre de Dios, la minería informal no tiene escrúpulos, los derrames, la contaminación, la explotación laboral y sexual, hay de todo ahí, también en el sur de Ayacucho, en Páucar del Sara Sara, y Parinacochas hay conflictos entre la población y las empresas mineras informales que están haciendo barbaridades, en fin, es difícil la situación pero habrá que abordar estos conflictos.
Entre el año 2000 y 2001, durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua, desempeñaste el cargo de jefe de la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas, que estaba a cargo del antes Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH) ¿Retomarás las propuestas que quedaron encarpetadas?
Cuando estuve a cargo de la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas, realizamos un taller con participación de las organizaciones indígenas, ONG, funcionarios, etc, y elaboramos un plan de trabajo con las etnias amazónicas, es un plan que nunca se aplicó, lo acabo de retomar. Uno de los puntos plantea que desde la Educación Intercultural Bilingüe – EIB– se debe garantizar el derecho que tienen los pueblos originarios a preservar su lengua de herencia. Hay otros temas para desarrollar políticas públicas en favor de las comunidades campesinas y nativas, eso me parece fundamental.
Desde tu paso por la Secretaria Técnica de Asuntos Indígenas han pasado varios gobiernos y las comunidades campesinas y nativas siguen invisibles ¿Por qué ocurre esto?
Porque hay que reconocer que, desde el sector público, no hay mucho interés por las comunidades campesinas y nativas, por ese motivo, no son objeto de políticas públicas, además, el mundo comunero es heterogéneo, hay que distinguir entre la comunidad campesina, la comunidad nativa, hay que distinguir entre la selva, la sierra y la costa. En el caso de la Amazonía, hay más organización, hay incluso una estructura de educación bilingüe, y además aquí estas organizaciones son actores políticos, aparecen permanentemente en defensa de sus derechos, y además tienen propuestas y tienen profesionales, eso la distingue y marca la diferencia con el mundo comunero serrano. En el Perú hay más de 6000 comunidades campesinas, y de esas 4 mil están repartidas entre costa y sierra, no hay ninguna organización, no hay federaciones, asociaciones. Esas son algunas limitaciones que hay que superar, insisto la vinculación con todos los niveles del gobierno, y todos los ministerios, por otro lado, el apuntalamiento de la organización comunal es fundamental también para visibilizar a las comunidades. Hay que tener programas de apoyo para las comunidades, hay que lograr su georreferenciación y la titulación de sus tierras, que fue negada sistemáticamente por todos los gobiernos de turno.
La falta de saneamiento físico legal de las tierras de las comunidades campesinas y nativas ha colocado a un número importante de estas en una situación de abandono. Entonces ¿es una prioridad la titulación de las comunidades?
Nosotros vamos a lograr evidentemente avanzar en la titulación, pero también tiene que quedar algún tipo de programa para que las mismas comunidades se encarguen de presionar y lograr esa titulación, este programa tiene que tener un fondo, hubo un intento con Alan García, pero no se consultó a las comunidades y por eso fracasó. Por otro lado, hay que identificar a las comunidades que están a la vanguardia, que están mucho más organizadas, uno de los objetivos que tuvo Sendero Luminoso, por ejemplo, en Ayacucho, en las zonas de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca, fue la destrucción de las empresas comunales, felizmente siguieron funcionando, esas iniciativas hay que apuntalar y hay que tener recursos también, no solo se trata de palabras.
Sobre la consulta a las comunidades, luego de más de diez años de promulgarse la Ley de Consulta Previa ¿qué tanto se ha avanzado en esta materia? ¿se aplica?
Sí se aplica, ahorita mismo hay muchas consultas previas, pero tienen un pecado mortal, no son vinculantes, es decir, pueden pasar 20 años haciendo las consultas y paralelamente se puede seguir avanzando en la explotación de los recursos, con aval oficial, porque no es vinculante, pero, por lo menos, la consulta previa sirve para fortalecer la identidad de las comunidades campesinas y nativas, sus derechos y poder de negociación, por lo menos, pero no obliga a nadie. Ahí esta Tía María, la población está en contra del proyecto y el gobierno sigue insistiendo, negociando, ese es el gran defecto de la consulta previa, pero también es la gran oportunidad en la medida que es una herramienta que se puede aprovechar para fortalecer las organizaciones.
Hay un proyecto que podría militarizar los territorios de las comunidades campesinas y nativas y que ha generado alerta en las organizaciones indígenas. ¿cuál es tu opinión?
Todo lo que sea armar y entregar armas a la población es una barbaridad, por ejemplo, las rondas están funcionando muy bien a chicotazos, y tienen su ley, repito esta norma de militarizar es impensable, inaceptable.