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Segunda Reforma Agraria: ¿La dimensión ambiental quedó en el tintero?

Beatriz Salazar, Coordinadora del área de cambio climático y agricultura sustentable del CEPES

La casi nula presencia de la dimensión ambiental en la propuesta de Segunda Reforma Agraria es preocupante.  La propuesta se basa en 9 ejes y ninguno de ellos se orienta a garantizar la sostenibilidad ambiental de la actividad agraria, ni se menciona que esta problemática se abordará transversalmente. 

El primer eje, referido a la seguridad alimentaria, parece tener como fin reducir las importaciones de alimentos, pero de continuar deteriorando los ecosistemas que sostienen a nuestra agricultura familiar, podríamos vernos obligados a aumentar las importaciones. Un estudio del BID prevé una disminución en la producción de papa, arroz, caña de azúcar, plátano, maíz amarillo duro y maíz amiláceo debido al cambio climático[1]. La ONU advierte que para 2050 los rendimientos agrícolas globales podrían reducirse en 10% por la degradación y el cambio climático[2]

El segundo eje se refiere a la asociatividad. El ministro Mayta ha priorizado la “Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de productores agrarios en cooperativas agrarias” [3] recientemente promulgada[4]. Esta Ley incluye a las cooperativas ganaderas y forestales en sus beneficios, lo cual podría facilitar que productores ganaderos y forestales asociados contribuyan a las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, adoptando modos de producción sostenibles.

El tercer eje se refiere a infraestructura hidráulica y siembra y cosecha de agua, pero la anunciada priorización de grandes proyectos de irrigación en la costa, como Chavimochic 3 o Majes Siguas 2, implica la continuación de un modelo de desarrollo agrario con externalidades negativas significativas.  Estos proyectos deben contar con estudios que permitan prever los efectos del cambio climático en su implementación. Es necesario encontrar alternativas para lograr un aumento de la producción de alimentos que no tengan tantas externalidades negativas como los megaproyectos de irrigación. Una alternativa podría ser la ampliación de sistemas de siembra y cosecha de agua que permitan un afianzamiento hídrico de las cuencas.

El cuarto eje se refiere a reforzar la asistencia técnica en el campo con el programa Secigra Agrario, con el cual los egresados de las carreras relacionadas con la actividad agraria realizarán prácticas pre-profesionales brindando asistencia técnica al campo. Debe convocarse también a estudiantes de ingeniería ambiental y especialidades afines que puedan brindar asistencia técnica en temas ambientales. Asimismo, sería recomendable que el Midagri coordine con las universidades para que los programas de estudios de las facultades relacionadas a la actividad agraria incorporen la sostenibilidad ambiental.

Los ejes 5 y 6 están relacionados con la industrialización del agro, los procesos de post cosechan y el procesamiento de los productos agrarios y otorgar facilidades para su comercialización. La mejora de los procesos de poscosecha, de modo que se puedan reducir las mermas, merece mayor atención, pues trae beneficios para la seguridad alimentaria y también para la mitigación del cambio climático[5]

El eje 7 referido al repoblamiento ganadero puede ser positivo, pero también puede ser contraproducente para la sostenibilidad ambiental.  Que sea positivo dependerá de si se logran reducir las emisiones de metano del ganado y previniendo la sobreexplotación de pastos que ha sido uno de los factores para la degradación de suelos.

 El penúltimo eje consiste en créditos para la agricultura familiar. Sin embargo, la cobertura de crédito, según el Cenagro 2012, solo alcanza al 9% de las 2.2 millones de unidades agropecuarias. Es necesario encontrar alternativas para que más agricultores familiares accedan al financiamiento. Sería recomendable revisar la experiencia de Colombia, que lanzó una línea de crédito para promover la adaptación al cambio climático de pequeños productores agropecuarios a través del banco de desarrollo Bancoldex[6].

Finalmente, la articulación entre los sectores y entre los niveles de gobierno para que los servicios del Estado puedan llegar al campo es el noveno eje.  Se trata de una problemática compleja que trasciende al sector Agricultura y requiere aclarar las funciones de cada entidad y evitar superposiciones y contradicciones entre ellas, así como luchar contra la corrupción. 

El gobierno debe tomar conciencia de que la dimensión ambiental es demasiado importante para tener un rol accesorio en las políticas de Estado. La degradación ambiental amenaza la viabilidad del país.


[1] BID-CEPAL (2016) “La economía del cambio climático en el Perú: Impactos en el sector agricultura”. https://bit.ly/3EVokLZ

[2] UNEP (2019) “Nueva Década de la ONU para la Restauración de los Ecosistemas, una gran oportunidad para la seguridad alimentaria y la acción climática” https://bit.ly/3m7JuxW

[3] LPDerecho.pe. (2021) “Ley 31335. Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de productores agrarios en cooperativas agrarias”. https://bit.ly/3ibX2r7

[4] Mayta, Victor. (2021)  “Ministro Víctor Maita: Ley de cooperativas es hito de segunda reforma agraria [entrevista]” Entrevistado por Christian Ninahuanca. https://bit.ly/3ugG9jH

[5] Ritchie, Hannah  (2020) “Food waste is responsible for 6% of global greenhouse gas emissions” https://bit.ly/3CJf2AW

[6] Bancoldex (2021) “Pequeños productores rurales de las zonas más afectadas por el conflicto armado podrán acceder a créditos preferenciales para aumentar su resiliencia al cambio climático”. https://bit.ly/3uDXtQ6

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