Por Miguel Pintado, investigador de CEPES.
Hace pocos días, en la ceremonia de lanzamiento de la II Reforma Agraria realizada en Cusco, el presidente Pedro Castillo reiteró un tema importante, mencionado un par de meses atrás por el ministro de Economía en una cumbre organizada por varios gremios agrarios: el Sistema de Franja de Precios (SFP, en adelante).
Como se sabe, este es un instrumento de política comercial que se viene aplicando en el país desde 2001. Sin embargo, los diversos acuerdos comerciales y las orientaciones de la política comercial de los últimos gobiernos han terminado por limitar sus dos principales roles: el estabilizador, es decir para suavizar las fluctuaciones propias del mercado internacional; y el compensatorio, para ajustar los impactos externos en la producción local. En la teoría económica, la aplicación de este sistema podría no ser óptimo, en tanto limita u obstaculiza los movimientos libres de la oferta y la demanda en la economía. Lo óptimo o ideal, por tanto, es dejar que las fuerzas de la oferta y la demanda se muevan libremente, y que los precios y cantidades se ajusten a partir de esa interacción: es lo que se conoce teóricamente como el ‘first best’, ‘primer mejor’ o ‘mejor resultado’.
¿Pero es el ideal teórico (la no aplicación de un Sistema de Franja de Precios) la mejor opción para el país? Quizá para muchos países sí lo sea, pero para el caso peruano no necesariamente, por dos motivos fundamentales. Primero, porque la nuestra es una economía abierta pero pequeña, tal como lo sustentan los hechos estilizados de la economía peruana (Castillo, P. et al: 2006[1]). En otras palabras, es una economía que, si bien tiene apertura al mercado internacional, todavía está en camino de consolidación y, por tanto, sus alcances en el contexto global son aún limitados. Segundo, porque el sector agrario en particular tiene un desenvolvimiento internacional “libre”, es decir, una libertad condicionada a los apoyos estatales (subsidios, inversiones, transferencia tecnológica, etc.) que finalmente determinan su competitividad internacional generando, lógicamente, distorsiones.
Por ambos motivos, el SFP sí es una necesidad en nuestro país, pues permite, por un lado, proteger a nuestra economía abierta y pequeña de las dinámicas fluctuantes del comercio internacional y, por otro lado, proteger al sector agrario nacional de la competencia inequitativa o desleal de las agriculturas internacionales, que cuentan con un mejor apoyo estatal. Bajo el contexto en que se desarrolla nuestra economía, la aplicación del SFP es, por tanto, nuestra mejor opción. Esto es lo que se conoce teóricamente como el ‘second best’[2] o ‘segundo mejor’, es decir, nuestra mejor opción en un contexto de imperfecciones y distorsiones de mercado. El gobierno ya ha dado el primer paso, el de reestablecer y anunciar ajustes al SFP. Lo que queda ahora es un reto mayor, el de configurar un sistema adecuado y sostenible en el tiempo que responda a las necesidades puntuales de los diferentes cultivos y productos, y que mantenga el equilibrio entre el bienestar de consumidores y de productores en nuestro país.
[1] Castillo, Paul, C. Montoro y V. Tuesta (2006). Hechos estilizados de la Economía Peruana. Serie de Documentos de trabajo N° 2006-05. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.
[2] Bhagwati, Jagdish (1969). The generalized theory of distorsions and welfare. Working papers 39, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Department of Economics.