Por Laureano del Castillo, director ejecutivo del CEPES
La inclusión de una segunda reforma agraria (SRA) en su campaña electoral permitió a Perú Libre ganar el voto rural. El 3 de octubre se lanzó la SRA en Sacsayhuaman y con ello se esperaba su puesta en marcha.
En noviembre de 2021 se aprobó los cinco Lineamientos de la SRA, traducidos en 23 acciones. Esa cantidad de acciones puede explicar que se señale que la implementación de la SRA es progresiva “para lo cual se asignarán los recursos públicos en el marco de las leyes anuales del Presupuesto”.
¿Era necesaria una ley de SRA?
En realidad, no se necesita aprobar una ley para la aplicación de la SRA. La mayoría de sus acciones son actividades que el Midagri debe ejecutar de acuerdo con su ley de organización y funciones y su ROF. Salvo algunas pocas (como implementar una banca de fomento agrario, que requerirían modificaciones legales), acciones como proteger la producción de la agricultura familiar, implementar compras estatales a la agricultura familiar, promover planes de negocio agrario o impulsar el saneamiento físico-legal de los predios, son actividades propias del Midagri o se coordinan con los gobiernos regionales.
De ser necesaria una ley especial para la aplicación de la SRA sorprende que el Ejecutivo no hubiera presentado al Congreso ningún anteproyecto. Dos congresistas oficialistas presentaron proyectos distintos, pero no han sido aprobados: el presentado por el congresista Zea antes de ser nombrado ministro del Midagri; y el proyecto del congresista Bermejo.
El Midagri viene trabajando, con participación de distintos gremios agrarios, otro proyecto de ley, el cual sería presentado al Congreso. La segunda versión del texto no logra corregir las generalidades del primer documento conocido,[1] y reitera que el Estado promoverá una gran cantidad de acciones, sin definir con claridad cómo se van a aplicar.
Sorprende en esa última versión que se debería “asignar al sector Agrario no menos del 3 % del PBI para lograr los fines y objetivos de la segunda Reforma Agraria”. Pero el presupuesto de la función agraria en el presupuesto 2023 asciende a 6,856 millones de soles,[2] cifra está muy lejana del 3 % del PBI de 2019, que equivaldría a 22,710 millones de soles.
Asuntos desatendidos
La presidenta de la Comisión Agraria del Congreso advirtió en junio que había 12 leyes aprobadas a favor de los agricultores que no habían sido reglamentadas por el Ejecutivo.[3] Llama la atención la falta de reglamentación de la ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas, aprobada en julio de 2021. Tampoco se ha aligerado el reglamento de la Ley de compras públicas de alimentos a los agricultores familiares, para facilitar su aplicación.
Resulta significativa ausencia de menciones a la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, o al Plan Nacional de Agricultura Familiar (PLANAF), que contienen prescripciones en favor del mayoritario sector de la agricultura nacional. Otras normas, como la Ley de riego tecnificado o la Ley de promoción de la producción orgánica, parecen haber pasado igualmente al olvido.
Las actuales autoridades cuentan, pues, con varias herramientas que permitirían concretar la anunciada atención a la agricultura familiar y ahuyentar los fantasmas de una eventual escasez de alimentos. No hay, pues, que esperar la aprobación de más leyes sino poner en práctica las normas vigentes, actualizar las estrategias nacionales, como las de Seguridad Alimentaria y de Agricultura Familiar y, de ser el caso, actualizar y mejorar la reglamentación de las leyes en favor de la agricultura familiar.
[1] “Un proyecto para las tribunas”. Puede verse en https://bit.ly/3dm9F3f
[2] Puede verse más detalles sobre el presupuesto 2023 en el artículo de Miguel Pintado en este mismo número de La Revista Agraria (a publicarse la próxima semana).
[3] Centro de Noticias del Congreso. 28.06.2022. Puede verse en https://bit.ly/3z9PSLx