Por Laureano del Castillo, director ejecutivo CEPES.
En días pasados los ministros de Economía (Mef) y de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) presentaron el plan Con Punche Perú Agro, parte del programa de reactivación de la economía nacional, el cual contempla la asignación de fondos adicionales para el Midagri y organismos de ese sector por un monto de mil setenta millones de soles para este año 2023 (Decreto Supremo N° 024-2023-EF del 25 de febrero).
Noticia positiva para el agro nacional, cuyo 97% de las unidades agropecuarias, es decir la inmensa mayoría de productores del sector, hacen parte de la agricultura familiar. En la presentación de este programa el ministro de Economía, Alex Contreras, reconoció que el sector agrícola aporta el 4.1% del PBI y que genera más de 4 millones de empleos, lo que muestra su importancia, algo que (pese a declaraciones que hemos escuchado en los años anteriores) no ha merecido la atención de los gobiernos anteriores.
El plan contempla tres objetivos. El más importante de ellos es el relacionado a la gestión del agua, complementado con el empoderamiento y competitividad de los agricultores y la eficiencia en los servicios a los agricultores y agricultoras. Alrededor del 75% del monto presupuestado se invertiría en el mantenimiento de la infraestructura de riego y la rehabilitación de canales, lo que mostraría en la práctica la importancia del agua.
Aunque la ministra Nelly Paredes (Midagri) se mostró entusiasta respecto de la ejecución de los fondos en el más breve plazo, recordemos que en el Presupuesto Público del año 2013 se aprobó mil millones de soles para el Fondo Mi Riego, a ejecutarse íntegramente en ese año, lo que no pudo hacerse sino en los siguientes años, bajo el nombre de Fondo Sierra Azul. En atención a ese antecedente conviene hacer el monitoreo de la ejecución de estos nuevos fondos, generando espacios adecuados en los que se transparente la información.
En su exposición, el ministro Contreras destacó el crecimiento de las exportaciones agrarias no tradicionales, que sumaron 8,450 millones de dólares en 2022, gracias a un marco promocional vigente desde el año 2000. Este fondo podría ser el inicio de la atención con fondos públicos que la agricultura familiar también merece, aunque si prosigue el interés en el sector, tendría que mantenerse en los próximos años e incluso aumentar.
Un tercer tema tiene que ver con la necesidad de mantener un enfoque integral y no exclusivamente sectorial, como expresa el plan que comentamos. No nos cansaremos de recordar la vigencia de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, aprobada en 2015, que detalla importantes responsabilidades de diferentes sectores del Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. Como se sabe, en la base de las protestas que aun vemos en el sur del país, está la desatención a las múltiples necesidades de la población rural.
Nos queda la duda si iniciativas como Con Punche Perú Agro serían compatibles con la propuesta del proyecto de ley de desarrollo agrario inclusivo (número 3954-2022-CR) impulsado por Renovación Popular.