Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES.
Una visita anunciada, carencias expuestas y más desastres
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento visitó el Perú en diciembre, con el fin de analizar elementos claves de los derechos al agua potable y saneamiento.
Antes de irse, dio una conferencia de prensa,[1] en la que destacó que el 31.15% de nuestra población ingiere tóxicos como metales pesados en el agua que bebe. El Relator señaló que los problemas que afectan los derechos humanos al agua y al saneamiento “tienen sus raíces en acciones y omisiones a lo largo de décadas”, añadiendo que “si bien la Constitución de Perú se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y reconoce la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, este precepto se incumple a menudo”.
En la conferencia de prensa el Relator adelantó algunas recomendaciones y anunció que presentará un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre próximo, con sus hallazgos y recomendaciones.
En las últimas décadas se ha avanzado en materia de agua y saneamiento en el Perú. Sin embargo, coincidiendo con las observaciones del Relator, las carencias aún son notables, en especial en el ámbito rural. Así, en una reciente presentación, el presidente ejecutivo de Sunass, Mauro Gutiérrez, afirmó que 9 de cada 10 personas tiene agua potable y 7 de cada 10 tiene alcantarillado. Ello significa que 3.5 millones de peruanos no tienen acceso a la red pública de agua, 1.87 millones de ellas en el ámbito urbano. La continuidad del servicio de agua potable en horas al llegó a 18.6 horas en 2021, aunque en zonas de Lima esta es menor de 6 horas al día.
No basta tener agua; esta debe ser de calidad apropiada. Según Gutiérrez, al 2021 el 87% de la población rural recibía agua sin cloro, el 10% con cantidades de cloro inadecuadas y solo el 3% de ellas recibía agua adecuadamente clorada.
Cumplir los compromisos internacionales, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que apunta a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, exigirá mayores esfuerzos de nuestras autoridades, más aún luego de los graves daños a la infraestructura que vienen causando los huaicos e inundaciones.
[1] Comunicado de Prensa del 15 de diciembre: https://bit.ly/42lvLYX