Escribe
Pedro Castillo Castañeda
Abogado.
En Perú, un país donde la relación con la tierra define no solo la economía sino también las culturas y la vida social, la aprobación del proyecto de ley para la reforma constitucional que propone otorgar a las comunidades campesinas y nativas la propiedad del suelo y el subsuelo de sus territorios constituiría un cambio significativo en la legislación vigente. Este proyecto, que busca modificar los artículos 66° y 89° de la Constitución Política del Estado, representa un reconocimiento de los derechos ancestrales y busca asegurar una participación económica más justa para estas comunidades en las actividades extractivas y productivas.
Históricamente, las comunidades campesinas y nativas en Perú han tenido un acceso limitado al control sobre sus territorios, especialmente respecto al subsuelo, que por ley está bajo el dominio del Estado. Esto ha conducido a conflictos y tensiones, especialmente en zonas ricas en recursos naturales donde las actividades extractivas se han instalado sin el consentimiento pleno de las comunidades afectadas. La propuesta de ley intenta corregir estas desigualdades y colocar a las comunidades en el centro de la toma de decisiones sobre los recursos naturales.
La reforma propuesta [1] es doblemente significativa. Por un lado, reconoce el derecho de propiedad sobre el subsuelo, permitiendo a las comunidades tener una voz más fuerte y decisiva en la explotación de los recursos minerales, petroleros o gasíferos que se encuentren en sus territorios. Por otro lado, promueve la participación económica de las comunidades en las actividades no solo extractivas, sino también ganaderas, agropecuarias, artesanales e industriales, de manera responsable y sostenible.
Los promotores de esta modificación constitucional argumentan que otorgar derechos de propiedad sobre el suelo y subsuelo a las comunidades puede llevar a una gestión más sostenible de los recursos. Con mayores poderes para negociar con empresas y el Estado, las comunidades podrían asegurar que las actividades extractivas se realicen con respeto a los estándares ambientales y que los beneficios se compartan equitativamente. Además, este cambio podría fortalecer la autonomía económica de las comunidades, permitiéndoles diversificar sus actividades económicas y mejorar su bienestar general.
Sin embargo, la propuesta también podría enfrentar oposición. La implementación de tales derechos podría complicar el marco legal para la inversión extranjera y nacional en sectores clave de la economía peruana, frenando potencialmente el desarrollo de proyectos de gran escala. Además, existen preocupaciones sobre la capacidad de las comunidades para gestionar estos derechos de manera efectiva y sobre los mecanismos de supervisión y regulación que el Estado debería establecer para asegurar que la explotación de recursos se haga de forma sostenible.
El debate sobre esta reforma constitucional refleja las tensiones entre desarrollo económico, derechos indígenas y sostenibilidad ambiental. El proceso de discusión y posible ratificación de la ley requiere un examen detallado y considerado, con amplias consultas a todas las partes interesadas, incluidas las comunidades afectadas, empresas, expertos y el público en general.
En conclusión, este proyecto de ley podría marcar un hito en la historia legal y social del Perú, no solo al modificar la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades indígenas, sino también al promover un modelo de desarrollo que busque equilibrar crecimiento económico con justicia social y protección del medio ambiente.
[1] Proyecto de Ley N° 07271/2023-CR del 25 de abril del 2024. https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7684