El ministro, su asesor y la captura silenciosa de la Autoridad Nacional del Agua

Contenido extraído de un reporte de Salud con lupa ―Por Fabiola Torres / Con la colaboración de Paul Tuesta y Brayan Ramos

Una ley que podría abrir el mercado del agua

Mención de Laureano del Castillo, director ejecutivo CEPES

Uno de los aspectos menos discutidos del proyecto de la nueva Ley Agraria es que plantea una modificación clave en el uso del agua: permitir que las asociaciones de usuarios transfieran a terceros el excedente que logren ahorrar. Esto marcaría un cambio sustancial en la Ley de Recursos Hídricos, que desde 2009 establece que el agua es un bien público, no comercializable, y que todo uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.

Según la norma actual, si una asociación de usuarios —por ejemplo, una junta de riego— logra usar menos agua de la que tiene autorizada, debe reportar ese excedente a la ANA. La entidad es la encargada de evaluar su redistribución en función de criterios técnicos, priorizando el abastecimiento poblacional, la sostenibilidad del ecosistema y otros usos. El nuevo texto elimina esa obligación y permite que sean las propias asociaciones quienes decidan qué hacer con esa agua ahorrada.

En la práctica, esto abriría la posibilidad de que ese excedente sea vendido o cedido a empresas privadas, sin un proceso técnico de evaluación ni redistribución por parte del Estado, explica Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Aunque el proyecto no menciona la palabra “venta”, el uso del término “transferencia” sin regulación específica genera preocupación entre especialistas por su potencial para legalizar intercambios comerciales sobre el recurso hídrico.

Otro cambio propuesto es que los agricultores puedan usar ese excedente incluso fuera de la zona de su licencia original. Esto permitiría su traslado hacia áreas con mayor actividad agroexportadora o mayor capacidad de pago. Aunque se presenta como una forma de incentivar el ahorro y eficiencia en el riego, el cambio introduce una lógica de mercado en el manejo del agua, un giro que no ha sido parte del debate público y que podría alterar el modelo de gestión definido por la ley vigente.

La reforma de la Autoridad Nacional del Agua y las propuestas legislativas que la acompañan marcan un punto de quiebre en la forma en que se gestiona este recurso en el país. Más allá de los argumentos técnicos o jurídicos, lo que está en juego es la capacidad del Estado para garantizar que el acceso al agua sea equitativo, sostenible y orientado al bien común, en un contexto de creciente estrés hídrico y disputas por el control de este recurso esencial.