Publicación original en la Revista Amauta, siglo XXI
Escribe Fernando Eguren López*
* Licenciado en Sociología por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Estudios de posgrado en la Escuela Práctica de Altos Estudios, París, Francia. Ha sido asesor del ministro de Agricultura en 1990 y 2000. Autor de varias publicaciones sobre la cuestión agraria peruana y la descentralización. Ex presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Vice Presidente del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA). Director de las revistas Debate Agrario y La Revista Agraria. Miembro de AGTER. Ex asesor de la Confederación Campesina del Perú CCP.
Este artículo, atendiendo a una invitación de la revista Amauta, reúne de manera esquemática varios puntos de la cuestión agraria que me parece deberían ser parte de una discusión, más aún por el hecho que estamos ingresando a un período preelectoral. Por su brevedad, me he permitido hacer generalizaciones que, en más de un caso, requerirían ser matizadas.
Tres momentos en el agro peruano
En las últimas décadas el agro peruano ha recorrido un largo ciclo que podrían resumirse en tres momentos: uno primero, que se prolongó hasta mediados del siglo pasado, dominado por las haciendas; un segundo momento, iniciado a fines de los años sesenta con la reforma agraria emprendida por el gobierno militar presidido por el general Juan Velasco, que expropia las haciendas y las entrega a los trabajadores en forma de empresas asociativas –cooperativas de producción principalmente en la costa o sociedades agrícolas de interés social en la sierra–, quienes, al poco tiempo, deciden liquidarlas para constituir parcelas familiares, en el caso de las cooperativas, o revertir las tierras a las comunidades, en el caso de las SAIS; y un tercer momento, en el nuevo siglo, en el que ocurre una nueva concentración de la propiedad, particularmente en la costa, promovida desde el Estado, protagonizada por corporaciones agroexportadoras.
Las haciendas
En la etapa de predominio de las haciendas los campesinos se rebelaron en diferentes momentos tanto para intentar recuperar tierras que les fueron arrebatadas desde tiempos coloniales, como para eliminar las relaciones semiserviles aún subsistentes, y para acceder a servicios públicos, la educación en primer lugar. En los años previos a la reforma agraria y en los primeros años de esta, el movimiento campesino logró sus más altos niveles de organización, de fortalecimiento gremial y de movilización en muchas décadas. Uno de los efectos de esta rebeldía fue precisamente impulsar la reforma agraria. En estos años el partido Vanguardia Revolucionaria desempeñó un papel influyente. Aun se discute si la reforma agraria fue un éxito o un fracaso. Eso depende de para qué o para quién. Pero lo que no está en discusión es que puso fin al régimen hacendario.
Las organizaciones campesinas
Avanzada la reforma, el movimiento campesino amainó pues, con la expropiación de las haciendas, también desaparecieron los hacendados. Con ello, se esfumó el motivo que impulsaba las movilizaciones. Hoy día dichas organizaciones campesinas son apenas una tenue sombra de lo que fueron décadas atrás, al no haber logrado reencauzar sus objetivos reivindicativos y de lucha al nuevo contexto sociopolítico y económico del período post Velasco. El momento más bajo de dichas organizaciones ocurrió durante el corto tiempo de gobierno del presidente Pedro Castillo, que logró cooptar a varios dirigentes de dichas organizaciones, perdiendo estas así toda autonomía. La corrupción y la ineficiencia de dicho gobierno afectó también a los gremios que se habían dejado seducir por la cercanía al poder.
Los sindicatos y los nuevos proletarios rurales
En cuanto a los numerosos sindicatos de obreros agrícolas de las haciendas modernizadas de la costa peruana, también desaparecieron con la formación de las cooperativas creadas con la reforma agraria, al acceder los trabajadores mismos a la propiedad de la empresa. Sin patrón capitalista no tenía sentido la organización sindical. Y luego, con la parcelación de las cooperativas en unidades familiares, los obreros de otrora se convirtieron en productores familiares independientes. Sin hacendados, las organizaciones campesinas languidecieron. Sin patrones capitalistas, los sindicatos desaparecieron.
El abastecimiento de alimentos
Correspondería también a este largo ciclo las variantes en el abastecimiento de alimentos.
«A medida que la población urbana creció en términos absolutos y relativos, las tierras agrícolas periurbanas fueron cubiertas de cemento, la pequeña agricultura continúo siendo la principal proveedora.”
Por lo menos en todo el siglo pasado y en lo que va del presente, el agro peruano ha estado dividido en un agro para la exportación, y un agro para el consumo interno. La agroexportación ha estado desde siempre ligada a latifundios (las haciendas de antes de la reforma agraria) y a grandes empresas (siendo dominantes las corporaciones). Las haciendas exportaban sobre todo productos no alimenticios (algodón, azúcar y lanas); hoy, las empresas agrarias exportan alimentos (sobre todo frutas y hortalizas).
En los tiempos de la hacienda, un muy algo porcentaje de la población rural (que, según el censo del año 1940, era el 65% del total nacional) era dependiente de su propia producción de alimentos. La provisión de alimentos a las ciudades también dependía de la pequeña agricultura que, en buena medida, ocupaba las áreas rurales circundantes. A medida que la población urbana creció en términos absolutos y relativos (el censo de 2017 registró que el 79% de la población era urbana) y las tierras agrícolas periurbanas fueron cubiertas de cemento, la pequeña agricultura continúo siendo la principal proveedora (alrededor del 60% del total).¹
Las empresas agroexportadoras no contribuyen a la oferta de alimentos de la población de nuestro país. Al igual que sus antecesoras –las haciendas costeñas–, producen para exportar. La tan publicitada agroexportación de frutas y hortalizas (los llamados productos no tradicionales) no contribuye a la seguridad alimentaria nacional. Paradójicamente, es a la que el Estado dedica sus mejores y mayores recursos y servicios. Es para exportar que el Estado invierte miles de millones de dólares en grandes obras de irrigación y así ganar decenas de miles de nuevas hectáreas, las que son transferidas a las corporaciones agrarias.
Ningún gobierno en las últimas tres décadas, o más, se ha apartado de este camino. Ninguna organización política, de derecha, de centro, o de izquierda, propicia un debate sobre si este es el mejor camino para reducir la inseguridad alimentaria de nuestro país o para reducir sostenidamente la pobreza rural. Nadie mejor para representar está orientación en favor de las corporaciones agroexportadoras que el actual ministro de Agricultura, Ángel Manero, cercanamente vinculado a ellas.
Las haciendas, en las décadas pasadas, como en el período actual de liderazgo de las corporaciones agroexportadoras, han concentrado el apoyo prioritario del Estado; la pequeña agricultura -hoy llamada agricultura familiar- ha estado básicamente marginada. Todo esto es historia conocida (pero quizá poco asimilada).
La agroindustria y los pequeños agricultores
Subordinadas a estas empresas hay un número no desdeñable de agricultores, sobre todo pequeños, pero también medianos, que abastecen de frutas y hortalizas a aquellas a través de la llamada agricultura de contrato. Estos contratos, aun cuando pueden ofrecerles algunas ventajas, suelen evidenciar una relación de poder muy asimétrica en favor de las empresas, particularmente si no hay una vigilancia de parte del Estado que garantice una relación equitativa.²
La propuesta de ley llamada Chlimper 2 (que en los momentos en que escribo este artículo aún no ha sido aprobada por el Congreso), pretende promover todavía más la difusión de relaciones contractuales entre las grandes empresas agroexportadoras y los pequeños agricultores, ampliando así el control de aquellas sobre estos no solo en la costa sino también en las otras dos regiones. Los voceros del negocio agroindustrial, incluyendo los sucesivos ministros de Agricultura, pretenden convencer que la agroexportación beneficia a todos, pues –afirman– la agricultura de contrato asegura ingresos, estabilidad y modernidad a los agricultores familiares.
Sobre la agroindustria podríamos suscribir hoy lo que hace más de medio siglo el informe CIDA³ apreciaba sobre los latifundios costeños: “Dentro del sector agrícola nacional propiamente dicho [los latifundios costeños] constituyen un elemento comparativamente positivo. [Pero] tanto para el desarrollo económico general, como desde los puntos de vista social y político, [su] incidencia es negativa debido a la tremenda desigualdad de ingreso que ellos ocasionan”.⁴
Los partidos
A lo largo de este largo ciclo, los partidos de izquierda cumplieron un papel importante antes de la reforma agraria, tanto en el apoyo y la orientación a las organizaciones campesinas como en la promoción y formación de sindicatos de obreros agrícolas. Pero después de los cambios introducidos por la reforma agraria, la izquierda quedó desorientada, estado en la que se ha mantenido hasta la actualidad. Hoy la reivindicación por una distribución más equitativa de la tierra y del acceso al agua no forma parte de las agendas de las izquierdas, a pesar, como se ha dicho, de la importante concentración de la propiedad y de la inversión pública en un reducido número de grandes empresas y corporaciones agroexportadoras en la región más rica, la costa.
“Tampoco las izquierdas han promovido la organización en sindicatos de centenares de miles de proletarios que han hecho posible el crecimiento de la agroindustria exportadora costeña en las últimas décadas.”
Tampoco las izquierdas han promovido la organización en sindicatos de centenares de miles de proletarios que han hecho posible el crecimiento de la agroindustria exportadora costeña en las últimas décadas. En su momento, el Apra y el Partido Comunista lo hicieron, cumpliendo un papel que, en efecto, les correspondía por su orientación política. La Amazonía Durante todo el período descrito, la Amazonía no fue considerada parte de “la cuestión agraria” peruana ni por los gremios costeños y serranos, ni por los partidos políticos, ni por la academia. Los científicos sociales especialistas en la Amazonía eran una especie aparte del establishment académico agrario, lo que ha quedado evidenciado por la ausencia o débil presencia, durante sus primeros años, de los estudios amazónicos en el principal foro de investigadores agrarios, el Seminario Permanente de Investigación Agraria –SEPIA.
Es solo después de la primera década de este siglo que surge con fuerza el interés por la Amazonía por varias razones, entre ellas el protagonismo que han ido adquiriendo las organizaciones nativas y sus reivindicaciones, el mayor interés internacional por las cuestiones ambientales amazónicas (en particular por la deforestación, la contaminación de los ríos y los impactos del calentamiento global); además, por la explotación de hidrocarburos, de los recursos auríferos y por la ampliación de los sembríos de coca y de la palma aceitera. Parte de esta irrupción de la Amazonía en la agenda política y académica se debe también a las lamentables condiciones sociales y ambientales en las que estas actividades se desenvuelven, a las amenazas a la integridad y territorios de las comunidades nativas y a la penetración de bandas delictivas transfronterizas.
Percepciones
También es importante dar cuenta de los cambios en las “percepciones” de cuál es la “cuestión agraria”. Años atrás, al menos la izquierda peruana tenía una -o variasinterpretaciones de lo que era la “cuestión agraria”, cuáles eran sus contradicciones principales y dónde y cómo enrumbar el movimiento social hacia un futuro agrario económica, social y políticamente superior.
El debate sobre problema de la tierra – centrada en la lucha por la tierra y la equidad en su distribución durante gran parte del siglo XX – prácticamente es hoy inexistente, a pesar de la gran concentración en curso, sobre todo en la costa; crecientemente lo está también en ciertas áreas del territorio amazónico.
En la actual coyuntura la discusión alrededor de la gran agroindustria se ha sesgado y limitado a un debate sobre impuestos (“si se aprueba la nueva ley Chlímper el Estado recaudará miles de millones de soles menos” … lo cual, por lo demás, será de aprobarse tan cierto como escandaloso)⁵, con escasa atención sobre su impacto creciente en la profundización de la desigualdad socioeconómica de la sociedad rural. Las preocupaciones ambientales, de indiscutible y creciente relevancia, han adquirido primacía, pero no ha logrado ampliarse a su significación política. En particular, el importante potencial político de la propuesta por una agricultura más orgánica y ecológica no ha sido desarrollado, y se ha limitado a reivindicaciones modestas por una legislación más benevolente. Tampoco se ha explorado la utilidad de algunas tecnologías nuevas potencialmente muy prometedoras para la agricultura familiar y la agricultura ecológicas, a veces por una errada actitud reverencial y nostálgica hacia las llamadas tecnologías y conocimientos ancestrales y excluyente de los acelerados y profundos avances científicos y tecnológicos.
La cuestión agraria, en el Perú y el mundo, es hoy mucho más compleja que hace apenas unas décadas. Por nombrar algunas de sus dimensiones, abarca la cuestión alimentaria en sus diferentes niveles; la destacada participación de la actividad agropecuaria y, por ende, de la producción de alimentos, en el calentamiento global; los impactos del cambio climático sobre la flora y la fauna; el deterioro de los recursos por acción del hombre, particularmente del agua, los suelos, la biodiversidad; la concentración de la propiedad, de la producción de conocimientos y tecnologías y del control de los recursos por grandes corporaciones en los diferentes niveles territoriales; el cambio del estatus de los campesinos en el mundo; la situación de las poblaciones nativas. Cómo abordar la cuestión agraria desde una perspectiva holística es hoy más necesaria que nunca. Y hay que comenzar a hacerlo ya.
1 Pintado, Miguel. Agricultura familiar y seguridad alimentaria en el Perú. CEPES. Lima, 2022.
2 Sobre las ventajas y desventajas de la agricultura de contrato para los pequeños agricultores referirse a Olivier De Schutter, “El Derecho a la Alimentación”. De Schutter fue Relator Especial sobre el derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas entre los años 2008 y 2014.
3 Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, organismo dependiente de la OEA, que en 1962 emitió un informe que dio la inspiración para realizar reformas agrarias. Ricardo Letts participó como técnico en la elaboración de este informe por parte del Perú.
4 Barraclough, Solon y Juan Carlos Collarte (1972). El hombre y la tierra en América Latina. Coedición ICIRA y Editorial Universitaria. Santiago de Chile.
5 Al respecto, referirse al Informe N° 0174-2024-EF/61.01 del Ministerio de Economía y Finanzas, que hace una crítica contundente al proyecto de ley Chlímper