Buscan declarar de interés nacional la titulación de comunidades nativas

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Helen Figueroa, directora de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr), señaló que, se encuentra socializando dos proyectos de ley con el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas, y uno de ellos es el que busca declarar de interés nacional la titulación de las comunidades.

En el año 2019 se trabajó en sincerar la cifra de comunidades reconocidas. De manera que, al 27 de julio de 2019 se tenía un total de 2270 comunidades tituladas, había una brecha pendiente de titulación de 745, y hasta hoy se ha avanzado con titular 72 comunidades nativas. Los avances han sido producto de un trabajo articulado con las autoridades y direcciones regionales, cuya coordinación es fundamental para brindar asistencia técnica y legal a las comunidades.

“Independientemente del número de lo avanzado, que son 72 comunidades nativas, los avances más importantes que estamos haciendo son cambios a nivel estructural y también en gestión”, resalta. En el transcurso del último año se lograron avances importantes como la aprobación de los lineamientos para la demarcación y titulación de comunidades nativas, un documento fundamental para ordenar los procesos de titulación.

“La Ley de Comunidades tiene un reglamento que data del año 1979. Entonces, en diciembre de 2019 emitimos la Resolución Ministerial 443-2019-Minagri, que aprobó los lineamientos sobre la demarcación y titulación de comunidades nativas. Esto nos ha permitido mejorar los procedimientos para la demarcación y titulación de comunidades”, explica Figueroa.

Se ha ordenado la información sobre los procesos de titulación en base a saber cuáles cuentan o no con financiamiento, para ello se ha desarrollado una matriz que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) actualiza constantemente y comparte con las organizaciones cooperantes.

“Con el título de reconocimiento realizaban la inspección en campo y verificaban si la comunidad se encontraba en posesión o no, para posteriormente corroborar la información con la que cuenta el Gobierno regional, con estos insumos hemos podido crear una matriz sustentada”, menciona Figueroa y agrega que dicha matriz les permite hacer seguimiento “de manera que, por ejemplo, si una cooperación quiere apoyar en la titulación de cinco comunidades más tiene que pedir a la Digespacr la información de cuáles podrían ser estas comunidades”.

¿La actual emergencia por el COVID-19 podría estar afectando también el cumplimiento de la meta de titulación de sus territorios? Para Helen Figueroa, es claro que sí porque más allá del trabajo que se puede continuar en gabinete, a través de medios virtuales, la pandemia ha paralizado la parte inicial del proceso de titulación que consiste en la entrada a campo para el recojo de información. “Al día de hoy nos encontramos desarrollando los protocolos para cumplir con todas las medidas de seguridad y evitar el contagio”, explica Figueroa y resalta que dicho documento se viene elaborando en coordinación con Gobiernos regionales y organizaciones indígenas.

En este punto, la especialista del Minagri resalta que “la seguridad jurídica sobre la tierra puede ayudar a las poblaciones en un proceso de reactivación económica en vista que el título de propiedad se convierte en un activo formalizado”.

Aprovechar herramientas digitales

Hay un reto generado por la emergencia que se podría convertir en una oportunidad para modernizar los procesos, identifica la directora. Se trata de digitalizar en lo máximo posible la documentación, procedimientos y trabajo.

La meta es “implementar mecanismos de simplificación administrativa” explica, y agrega que están preparando una norma sobre los diagnósticos a través del uso de tecnología de última generación para detección con imágenes satelitales y el uso de drones, junto con servicios en línea.

“Es importante comentar que hemos contactado con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de Colombia, uno de los máximos referentes en Lationamérica en temas de catastro, que al igual que nosotros se ha trazado un importante reto a nivel de catastro y georreferenciación. En aras de tener un mismo objetivo, vamos a suscribir un convenio de cooperación para recoger ambos países las lecciones que nos van a ayudar a gestionar y cumplir las metas previstas”, asegura.

Con este mismo enfoque de modernizar los procesos para facilitarlos, están preparando una norma sobre interoperabilidad, “el diagnóstico físico y legal que se está haciendo en gabinete. Con esta norma ya no se necesitaría enviar todos los documentos a cada entidad para respuesta, sino se haría un trabajo directamente en línea. Eso permite disminuir el contacto físico y, sobre todo, reduce el tiempo de diagnóstico que podía ser un mes, dos y hasta seis meses. Con esto estamos reduciendo el trabajo prácticamente a tiempo real”.

Otra estrategia importante que vienen implementando es la plataforma para la emisión de títulos digitales. La especialista explica que es muy importante tener esta información en digital, pues con esto se evitaría la pérdida de información.

“El SIC COMUNIDADES es una plataforma que permitirá hacer seguimiento al procedimiento de las comunidades y nos mostrará la información como si fuese el expediente en físico, empero es un expediente digital con elementos importantes. Por ejemplo, como primer documento importante mostrará la resolución de reconocimiento, la resolución de demarcación y titulación, el plano, el título y hasta la inscripción registral. El único camino para emitir el título será a través de esta plataforma. En este contexto, esta plataforma permite tener un seguimiento constante de los procedimientos de las comunidades”, explica Figueroa.

Fuentes: Actualidad Ambiental