Por Laureano del Castillo*
El Pleno Agrario del Congreso del 16 de octubre aprobó varias leyes, algunas ya publicadas. Una de las normas pendientes de promulgarse es la Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar. Anunciada auspiciosamente en una nota de la Oficina de Comunicaciones del Congreso[1], la nueva norma, avanza un poco respecto de lo contenido en la Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentaria, N° 27767, del año 2002, que disponía que todos los organismos del Estado en forma prioritaria adquirieran directamente productos alimenticios locales o regionales a los campesinos, nativos, productores individuales u organizados y microempresas agroindustriales “de la región que utilizan insumos producidos en la zona, en condiciones de precio y calidad más favorables.” El incumplimiento de esa norma constituía una falta grave del funcionario. En virtud de ello, programas sociales como Qali Warma, Cuna Más, y otras dependencias públicas venían comprando a los productores agrarios, aunque con ciertas limitaciones (vinculadas a la calidad, la oportunidad y la preservación, pero también a la formalización de los productores).
La ley aprobada en el Pleno Agrario, por su parte, señala que las entidades estatales que cuenten con programas de apoyo o asistenciales “creados o por crearse, desarrollados o ejecutados por el Estado, para el desempeño de esta función” deben adquirir como mínimo el 30% de alimentos provenientes de la agricultura familiar del total de sus requerimientos anuales, de acuerdo con las especificaciones técnicas que establezcan. Aunque habrá que esperar el reglamento de esta ley, poner un límite mínimo para las adquisiciones a la agricultura familiar es claramente un paso adelante.
Pero, como dijimos en una nota publicada en nuestro Boletín de Coyuntura rural del 28 de setiembre (Ley de mercados agropecuarios. Una respuesta mediatizada)[2], se requieren dos condiciones para que esta nueva norma cumpla con su finalidad (“promover el consumo de alimentos de origen en la agricultura familiar, mejorar la economía de los productores de la agricultura familiar y coadyuvar de forma constante con la alimentación saludable”). Estas son: que todas las entidades de los tres niveles de gobierno la pongan en práctica y que se complementen con otras medidas que involucran acciones en materia de vialidad, educación, salud y efectiva promoción de la asociatividad, entre otras. Si no fuera así podríamos repetir aquella vieja expresión de que el infierno está empedrado de buenas intenciones.
* Director Ejecutivo del CEPES.
[1] Puede verse en https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/aprueban-ley-de-compras-estatales-de-alimentos-de-origen-en-agricultura-familiar/
[2] Puede verse en https://cepes.org.pe/2020/09/22/ley-de-mercados-agropecuarios-una-respuesta-mediatizada/
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