Por Beatriz Salazar*
Pese a los graves problemas ambientales que atraviesa el país, detallados en un artículo que preparamos sobre los planes de gobierno de 8 candidatos que se enfrentaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales [1], comprobamos que los dos partidos que aún siguen en competencia ( Perú Libre y Fuerza Popular) no son los que presentaron las mejores propuestas para proteger el patrimonio natural del país.
En primer lugar, ambos proponen continuar con el actual modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de recursos naturales, con sus consecuentes externalidades negativas que implican la sobreexplotación de recursos naturales a costa de la degradación de ecosistemas (en el Perú existen 17.6 millones de hectáreas de ecosistemas degradados) pérdida de biodiversidad (535 especies están amenazadas y se han perdido 2,284,889 hectáreas de bosques entre 2001 y 2018)[2] y aumento de la vulnerabilidad al cambio climático.
Fuerza popular plantea que “el país tiene que explotar sus recursos naturales con responsabilidad para generar inversiones y crecimiento económico”, particularmente en minería; mientras que el plan de Perú Libre establece que el Perú “solo tiene la oportunidad de salir del subdesarrollo gracias al extractivismo sostenible y responsable como alternativa ante el extractivismo neoliberal irresponsable e insostenible”.
La diferencia radica en que para Fuerza Popular la explotación intensiva de recursos naturales estaría a cargo del sector privado, principalmente las grandes corporaciones; mientras que en el plan de Perú Libre la explotación estaría a cargo del Estado, siguiendo el ejemplo de Bolivia y Ecuador. Aunque en ambos casos se hace mención a una explotación “responsable” no se señala cómo se evitarán las externalidades negativas. Los antecedentes en el sector privado son preocupantes como lo evidencia los 474 derrames en los lotes petroleros de la Amazonía desde el 2000 hasta el 2019[3], o la sobreexplotación de acuíferos por empresas agroexporadoras en Ica[4]. En el caso de la explotación de recursos naturales por el Estado, los ejemplos de Bolivia y Ecuador también son preocupantes. En Ecuador, el gobierno de Correa permitió la explotación petrolera en el bloque ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní[5]. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales autorizó la construcción de la carretera que divide en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)[6].
También es tema de preocupación que ambos partidos no hagan mención en sus planes de gobierno a problemáticas que son claves para el Perú, como el cambio climático. En el caso de Perú Libre, incluso se menciona que los tratados medioambientales globales que conllevan obligaciones para el Estado peruano -como el Acuerdo de París o el Convenio sobre la Diversidad Biológica- implican “una abdicación de la soberanía jurídica nacional”, situación que debería ser remediada según Perú Libre. No se toma en cuenta que problemas globales como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad sólo pueden ser enfrentados concertadamente de forma global. Un país pequeño como el Perú no puede afrontarlos aisladamente. Una estrategia aislacionista nos llevaría a sufrir las consecuencias sin tener la oportunidad de influir en las medidas globales.
En el caso de Fuerza Popular, tampoco se presta mucha atención al cambio climático. Menciona algunas medidas aisladas como la economía circular, la reforestación y la energía renovable, entre otros, pero estas medidas no están pensadas como una estrategia integral. Inclusive no hay mención a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas para enfrentar el cambio climático, que constituyen el compromiso Internacional del Perú en esta temática. Tampoco se mencionan la Estrategia Nacional de Cambio Climático o las Estrategias Regionales, pese a ser políticas de Estado.
Sin embargo, también hay aspectos positivos en ambos planes de gobierno. Un tema esencial que ha sido reconocido es la necesidad de tomar medidas para hacer frente a la disminución de la disponibilidad de agua, sobre todo durante la época de estiaje y en la vertiente occidental de los Andes. Ambos partidos proponen implementar programas de siembra y cosecha de agua, que incluyan forestación, reforestación, reducir el sobrepastoreo, construcción de reservorios de agua, entre otras medidas. Pero no está claro que las propuestas contemplen un enfoque de cuenca. Es esencial que las autoridades comprendan que la cantidad y calidad del agua con la que contamos depende en gran parte de la conservación de cabeceras de cuenca y de las acciones de afianzamiento hídrico en las partes altas y medias de las cuencas, preferentemente con infraestructura natural.
Otro tema que consideramos importante para la sostenibilidad ambiental, la prevención de conflictos y la superación de la informalidad en la ocupación del territorio es el ordenamiento territorial. Este es un tema que ha sido abordado en ambos planes de gobierno. Fuerza Popular propone “planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial a nivel nacional, promoviendo el proceso de planeamiento integral de la provincia”. En el caso de Perú Libre, sólo menciona la Zonificación Económica Ecológica, que es una de las fases del proceso de ordenamiento territorial. Sin embargo, nos preocupa que PL considere que la ZEE debe estar a cargo de los gobiernos regionales sin injerencia del gobierno central, sobre todo, considerando la insuficiencia de capacidades y recursos que se evidencia en los niveles subnacionales de gobierno, así como los indicios de corrupción. Si bien la descentralización es positiva, se hace necesario superar las deficiencias y, para lograrlo, probablemente serán necesarios más de los cinco años que dura un periodo de gobierno. En relación al ordenamiento territorial, es pertinente recordar que la OCDE[7], en sus recomendaciones en materia ambiental para el Perú, planteó la necesidad de que el país cuente con una Ley de ordenamiento territorial, lo cual aún está pendiente y debería estar prioritariamente en la agenda del próximo congreso.
* Coordinadora del Programa de Cambio Climático y Agricultura Sostenible del CEPES.
[1] https://cepes.org.pe/2021/03/16/dimension-ambiental-en-los-planes-de-gobierno-2021-26/
[2] INEI . (2020). “Perú. Anuario de estadísticas ambientales 2020”. Lima. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1760/libro.pdf
[3] León, Aymara; Zúñiga, Mario (2020). La sombra del petróleo. Informe de los derrames petrolero en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019. OXFAM, CNDDHH. https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/La-sombra-del-petroleo-esp.pdf
[4] Muñoz, Ismael, (2016=. “Agroexportación y sobrexplotación del acuífero de Ica en Perú”. EN. ANTHROPOLOGICA/AÑO XXXIV, N.° 37, 2016, http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/14834/16548
[5] Aguilar, Daniela (2017). “Ecuador: balance de la política ambiental en la década de gobierno de Rafael Correa”. https://es.mongabay.com/2017/05/rafael-correa-ecuador-ambiente/
[6] Sierra, Ivette.2019. “Bolivia: las contradicciones en la política ambiental de Evo Morales”. https://es.mongabay.com/2019/05/bolivia-evo-morales-politica-ambiental/
[7] OCDE (2016) “Evaluaciones del desempeño ambiental PERÚ. Aspectos destacados y recomendaciones”.