Por Laureano del Castillo*
A poco más de un mes para la realización de la segunda vuelta electoral, los electores siguen extrañando precisiones en temas fundamentales, como el de enfrentar la pandemia y la reactivación económica, en medio de la segunda ola de contagios. Otros temas, aunque menos atendidos, tienen mucha importancia para los agricultores, así como para toda la población, pues están vinculados a la actividad que provee la mayor parte de alimentos en nuestras mesas.
El Plan de Gobierno de Fuerza Popular -Rescate 2021- concentra sus propuestas para la agricultura en el primero de sus pilares estratégicos -Reactivación Económica, Generación del Empleo, Emprendimiento y Sectores Productivos. Por su parte, el Ideario y Programa de Perú Libre dedica uno de sus capítulos a la Política Agraria como Seguridad Nacional, aunque se encuentra referencias a la agricultura en otras partes del documento. Como se ha advertido reiteradamente, este último documento no es el Plan de Gobierno de dicho partido, habiendo sido incluso redactado en febrero de 2020.
El Plan de Fuerza Popular
Pese a constituir el 97% del total de las unidades agropecuarias y absorber al 83% de los trabajadores agrícolas,[1]por solo mencionar dos datos, en ninguno de los documentos presentados al Jurado Nacional de Elecciones aparecen siquiera mencionadas las agricultoras y agricultores familiares.
Fuerza Popular -FP- parte de un diagnóstico bastante limitado: constata la baja productividad de la actividad agraria de pequeñas y medianas empresas y agricultores “que se traduce en la situación de pobreza de los casi 10 millones de personas que viven de estas actividades”. Apunta a la “falta y mal uso de agua de riego” como la causa de esa baja productividad, aunque a continuación añade la falta de financiamiento y capitalización de las unidades agropecuarias, la poca área cultivada, la falta de enfoque de mercado, la baja implementación de tecnologías modernas, déficit de infraestructura y de impulso de mecanismos asociativos, entre otras causas.
Las respuestas de FP a ese diagnóstico no aluden a la seguridad alimentaria y omiten cualquier referencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria -con vigencia solo hasta este año- y a otras políticas públicas vinculadas al tema alimentario. No se hace tampoco distinciones entre los agricultores, salvo dos propuestas muy generales: el Seguro Obligatorio Agrario “para Pequeños y Medianos Productores” y la implementación de políticas públicas diferenciadas “con énfasis a aquellos que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema”. Pese a las diferencias geográficas, climáticas e hidrológicas, tampoco hay matices para el heterogéneo mundo rural, salvo estos: incrementar fondos para la cosecha de agua en la Sierra e incentivar el arado post cosecha de tierras en la Costa, para evitar el aumento de la salinidad.
Si el problema al que se prestó más atención en el Plan de FP es la escasez y mal uso del agua para riego, llama la atención que se proponga enfrentarlo tan solo con el incremento de fondos para cosecha de agua en la Sierra. Como en casi todos los planes de gobierno revisados, aquí el agua se ve como un elemento más asociado al saneamiento y se descuida el uso más importante en cuanto a volumen utilizado, el agrario (80%, según la Autoridad Nacional del Agua).[2]
Hay otras medidas propuestas en el Plan de FP, como el aumento del capital del Banco Agrario y Cofide, la aplicación de tecnologías modernas, la creación de un programa de Incentivos a la Innovación e Investigación Agropecuaria y Forestal y de un Programa Nacional de Fomento a la Infraestructura del Campo -para la electrificación de los fundos-, reforestación de zonas eriazas marginales a las zonas agrícolas y de expansión urbana con especies nativas, entre otras.
Como no puede faltar en ninguna propuesta política referida al agro, de manera general se menciona en forma bastante oscura la “revisión y actualización” de títulos y posesiones de tierras eriazas. También queda en la generalidad el planteamiento de promover mecanismos asociativos entre los productores agrarios. Dos aspectos que merecen mayor atención.
El Programa de Perú Libre
Empecemos señalando que el Ideario y Programa de Perú Libre -PL- considera a la agricultura como un sector estratégico y, en el capítulo sobre Política Agraria como Seguridad Nacional, señala que este sector tiene “una agenda especial” en su programa. No obstante, al referirse a la postura de su partido frente al empresariado privado afirma en forma rotunda que “el Perú al ser un país minero debe priorizar este sector”.
El documento revisado sintetiza su propuesta en el incremento del presupuesto para la agricultura, la tecnificación, promoción de la agricultura ecológica y ampliación de la frontera agrícola hasta garantizar el mercado interno y externo. El Ideario de PL se refiere a la seguridad alimentaria reiteradamente, pero la asocia sobre todo al riesgo de cerco económico por las grandes potencias y en algún momento se alude a la soberanía alimentaria, aunque mencionando solo el rechazo a los transgénicos.
Sobre la agroexportación, se critica el apoyo del Estado neoliberal a la exportación en la Costa, descuidando a la Sierra y Selva, por lo que PL plantea garantizar el consumo interno “sin descuidar la agroexportación, para poder cambiar nuestra triste situación nutricional.” En esa misma línea, sin tomar distancia con la política de promoción de la agroexportación que se viene aplicando hace décadas, se sostiene que nuestro país “solo tiene la oportunidad de salir del subdesarrollo gracias al extractivismo sostenible y responsable”.
El Ideario de PL plantea algunas ideas difíciles de entender, como una modernización tecnológica agrícola, mediante convenios con empresas nacionales y extranjeras para ahorrar esfuerzos y horas hombre en el campo y, más adelante, afirma que el Estado debe generar empleo mediante la industrialización del país y tecnificación del sector agrícola, entre otros. Ello resulta por lo menos discutible si, como se sabe, el sector agrario es el que absorbe la mayor cantidad de trabajadores en el país. Salvo esa última mención a la industrialización, solo se encuentra una vez la palabra agroindustria en todo el documento.
El tema del agua para uso agrario es también discutible en el Ideario de PL. Aunque se anota la expresión siembra de agua, el documento plantea la creación de grandes reservorios de agua, canales de irrigación, programas de forestación, reforestación y combate al sobrepastoreo, etc., para prevenir la escasez del líquido elemento. Al abordarse el tema de la ampliación de la frontera agrícola -algo importante, tomando en consideración la poca cantidad de tierras de uso agrícola- se señala que las tierras eriazas del Estado deben ser dotadas de agua, mediante la siembra de árboles (¿?), canales de irrigación, represas, trasvase de ríos, etc. Una idea repetida en el documento es que las tierras vendidas indebidamente deben volver al Estado, aludiendo a las empresas beneficiarias de los grandes proyectos de inversión (caso de Olmos, Majes-Sihuas, Chinecas, Gallito Ciego, Chavimochic, etc.), que habrían sido entregadas al capital extranjero y nacional.
En el capítulo relativo a la Política ambiental se encuentra la propuesta de incorporar la prohibición constitucional de privatizar el agua, así como también una crítica a las juntas de usuarios que, según el Ideario, habrían privatizado en la práctica este recurso, por lo que se debe “liberar a los pequeños campesinos, no solo de malos empresarios, sino también de malos dirigentes”.
Hay pocas menciones a las comunidades en el Ideario de PL. Destaca el planteamiento, en otras partes del documento, de convertir en vinculantes u obligatorias las consultas a los pueblos indígenas, aunque se propone reconocer constitucionalmente los derechos y soberanía sobre el suelo y subsuelo de las comunidades campesinas y nativas, lo que chocaría con la idea de nacionalizar los recursos mineros e hidrocarburos. Se propone también eliminar la participación de las comunidades como accionistas en la explotación de sus recursos, aunque contradictoriamente, también se promovería que estas formen sociedades con quienes desarrollen actividades económicas en sus terrenos.
El tema de la titulación de tierras tiene en el Ideario de PL un sesgo urbano pues, aunque se menciona a las tierras comunales, la preocupación expresada es combatir el tráfico de tierras con fines urbanos.
Comentarios finales
Como adelantamos en una nota anterior, previa a la primera vuelta, la mayoría de los partidos políticos descuida los temas relacionados a nuestra mayoritaria agricultura familiar y comunidades campesinas y nativas. Igualmente, en cuanto al agua, en los dos documentos que ahora revisamos, los planteamientos se limitan a impulsar irrigaciones, con la consiguiente afectación de los agricultores de las partes altas de los Andes y obvian las referencias a los preocupantes efectos del cambio climático en nuestro país.
Por supuesto, quedan planteadas varias preguntas para ambas agrupaciones políticas. En caso de acceder al gobierno: ¿cuál es el papel y qué atención recibirá la agricultura familiar?, ¿cómo responder a los efectos del cambio climático que afectan ya a la agricultura?, ¿se mantendrá la política de trasvases y grandes irrigaciones?, ¿a quiénes se beneficiará con estas?, ¿se revisará los beneficios tributarios a las agroexportadoras?, ¿se mejorará el régimen laboral de las empresas agroindustriales y agroexportadoras? entre otras. Por supuesto, también la pregunta para todo el que quiera gobernar nuestro país en medio de esta crisis ¿qué recursos financiarían sus propuestas y cómo lo harían?
* Abogado. Director Ejecutivo del CEPES.
[1] Estrategia Nacional de Agricultura Familiar 2015-2021. Puede verse en https://bit.ly/3rMn0nb
[2] Autoridad Nacional de Aguas. El agua en cifras. https://www.ana.gob.pe/contenido/el-agua-en-cifras